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Caso Los Tres Brazos fue aplazado hasta el próximo viernes

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Más de setecientos pruebas documentales serían presentadas este lunes por el Ministerio Público en las que se sustenta su acusación en un juicio preliminar por la venta ilegal de los terrenos del barrio Los Tres Brazos de Santo Domingo Este, pero no fue posible porque el caso fue reenviado por la inasistencia del juez que conoce el caso por supuestamente estar fuera del país y sufrir un retraso en su vuelo de regreso.

El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, no se presentó al tribunal. Según explicaron las partes, el magistrado estaba fuera del país y se le retrasó el vuelo devuelta a territorio dominicano.

La audiencia fue pospuesta para el próximo viernes 22 a los fines de retomar el curso de la audiencia preliminar.

El fiscal José Miguel Marmolejos, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que la acusación establece que Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), vendió ilegalmente el terreno en que se encuentra localizado el barrio Los Tres Brazos.

Además del exdirector de Corde, en el expediente figuran como imputados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional.

También, cuentan entre los procesados Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., y los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.

Además, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.

El Ministerio Público también acusa a Teknowlogic Dominicana S.R.L.

Los fiscales que representan al Ministerio Público acusan al grupo de desfalcar y estafar al Estado dominicano.

La acusación señala que los citados funcionarios se coludieron entre sí para violar el ordenamiento jurídico constitucional y legal a fin de desfalcar al Estado dominicano, vendiendo a precios pírricos todo un sector habitado a un grupo de empresarios agrupados en la compañía Infepa.

El caso ha recibido la calificación jurídica de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.

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Detienen autobús con 70 ciudadanos haitianos indocumentados en Azua

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Azua.-El Ejército detuvo a 70 nacionales haitianos en estatus migratorio irregular quienes eran trasladados durante la madrugada de este viernes en un autobús en Azua.

El autobús marca Hyundai, color blanco era conducido por un hombre identificado como Edward Aquino.

Mientras que en otro hecho, efectivos del Ejército detuvieron un carro Nissan Note, negro, conducido por el ciudadano Yoan Figuereo Encarnación, acompañado por José David Gómez, donde se trasladaban otros siete indocumentados, en el puesto de chequeo 15 de Azua.

Los conductores y el acompañante, serán entregados al Ministerio Público, mientras que los extranjeros a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines correspondientes.

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Muere abogada que resultó herida en explosión de Sosúa

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PUERTO PLATA.- Tras permanecer cuatro días en cuidados intensivos, murió la tarde del jueves la abogada Carmen Joselyn Lora Caminero, por las heridas en una explosión que destruyó un edificio en el municipio de Sosúa.

Lora Caminero, de 37 años, sufrió heridas y quemaduras durante el siniestro ocurrido el pasado lunes en el residencial Villa Ana María de Sosúa, y murió en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), donde fue ingresada con pronóstico reservado.

La jurista Lisa Ewest descartó que se tratara de un atentado, como se ha especulado, la explosión que destruyó la edificación de su propiedad donde funcionaba su oficina jurídica Lisa Legal Solutions. El hecho es investigado por los organismos de seguridad del Estado.

“Aunque las causas exactas aún están bajo investigación, entendemos que se trató de un accidente y para nada de un atentado. “Lisa Legal Solutions no realiza litigios ni maneja casos que puedan generar conflictos de esta naturaleza, y confiamos plenamente en las autoridades para esclarecer los hechos”, sostuvo.

La jurista asegura que lo más importante es que, gracias a Dios, casi todos sus colaboradores están a salvo, excepto su colega Carmen Lora, quien se encontraba dentro del edificio al momento del potente estallido que hizo colapsar la estructura y destruyó además un vehículo que se encontraba estacionado afuera.

Manifestó que, más que una oficina de abogados, Lisa Legal Solutions es una familia que va a continuar adelante con su labor, por lo cual pidió paciencia mientras reestructura sus operaciones para seguir brindando servicio y que seguirá informando con transparencia y responsabilidad.

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Ante que aceptar propuestas de empresas sindicalistas prefieren código quede sin modificación.

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Santo Domingo, R.D.-La Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS)A  negó que negocie con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) como se “ha intentado llevar a la opinión pública” para realizar cambios a la cesantía en la reforma laboral que se conoce en el Congreso Nacional.

Estos advirtieron que si se les propusiera decidir entre establecer el doble techo, propuesto por los empresarios, de seis años como mérito de antigüedad y diez años como máximo para el cálculo de las prestaciones, preferirían que el código se quede sin modificaciones.

“Si como sindicalistas nos comprometiéramos a resolver el tema de la cesantía en el plazo de un año, basándonos en una variación del contenido que esta tiene en el Art. 80 del presente Código, estaríamos incurriendo en una falacia. Esto se debe a que los comités ejecutivos de nuestras instituciones, junto con los respectivos congresos que hemos celebrado de manera unánime, han rechazado cualquier cambio que afecte la cesantía laboral”, dijo Rafael (Pepe) Abreu en el comunicado con fecha de este jueves.

Además, recordaron que la pieza fue enviada al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo sin tocar la cesantía laboral, debido a que “no fue el resultado de ideas o caprichos individuales, sino responde a que, para el movimiento sindical, es imperioso mantener este derecho eventual”.

En el comunicado con cinco puntos esenciales, los sindicalistas recuerdan que en el proyecto que conoce el Congreso Nacional se ha llegado “lejos”, en varios puntos, por lo que exhortan a los senadores a estudiar a fondo los artículos consensuados por las partes.

“Si tienen mejoras que realizar, háganlas, ya que cualquier correctivo es potestativo de su capacidad legislativa. Sin embargo, sugerimos no incluir este punto, ya que esto solo generaría intranquilidad y desasosiego”, indicaron.

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