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Julio y noviembre, meses que han registrado más feminicidios en lo que va de año
En julio y noviembre de este año es donde más se han disparados las cifras de feminicidios ocurridos en el país. Unas 25 de las 74 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas ocurrieron en ese período de tiempo. Lo que equivaldría decir que cada dos días se registró un homicidio.
En el séptimo se reportaron, de acuerdo a registros periodísticos, un total de 13 casos en tanto que en noviembre mes en donde se conmemora el Días internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer se computaron 12.
Si bien la Procuraduría General de la República no ha publicado las estadísticas de los hechos registrados en todo el país después de junio, un rastreo por los diversos medios de comunicación muestra que a la fecha ya se han registrados 74 casos. Dos de ellos en lo que va de diciembre.
En los últimas dos años, julio ha registrado 15 y 12 feminicidios, mientras que en noviembre se habían materializado 8 y 2, respectivamente.
Luego de que se dieran a conocer los casos de que dos mujeres asesinadas en San Pedro de Macorís tenían procesos judiciales en donde el Ministerio Público celebró acuerdos de penales abreviados con quienes intentaron asesinarlas previamente, los cuales fueron homologados por los tribunales, el Poder Judicial puso a circular la Guía de Buenas Prácticas para casos de violencia de violencia doméstica e intrafamiliar y de género para jueces, juezas y servidores judiciales en la que se instruye a tomar una serie de medidas.
En el primer semestre de este año es donde figuran los meses con menos casos: marzo y mayo con tres hechos sangrientos cada uno.
Aunque ha salido a luz pública que mediante la Guía se deja claro que la violación a la orden de protección o de alejamiento permite arrestar al agresor, es el Código Procesal Penal modificado por la Ley 10-15 el que así lo dispone.
El artículo 224 del Código Procesal dispone que la policía debe proceder al arresto de una persona cuando una orden judicial así lo ordene y que la Policía no necesita orden judicial cuando “el imputado ha incumplido la regla de la suspensión condicional del procedimiento o la orden de protección que se le haya impuesto”.
diariolibre.com
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.