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Leonel no sabrá hasta marzo decisión de la JCE sobre su candidatura presidencial.
La incertidumbre prevalece sobre la decisión que tomaría la Junta Central Electoral (JCE) sobre la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández, la cual se conocería el próximo año.
Las interrogantes que giran sobre si la Junta Central Electoral (JCE) aceptará o no la candidatura presidencial del exmandatario Leonel Fernández, serían despejadas por ese organismo en marzo del próximo año 2020.
Ello porque el 3 de marzo del venidero año es la fecha límite que tienen los partidos para registrar las candidaturas de los niveles presidencial y congresual.
A partir de esa fecha, la JCE dispone de un plazo de cinco días para pronunciarse sobre esa y las demás inscripciones de candidaturas.
Posteriormente se tiene un plazo de 24 horas para decidir su admisión o no. La legislación dispone que las resoluciones dictadas por la JCE puedan ser recurridas en revisión ante ese mismo organismo.
El debate sobre las posibilidades de ser candidato llevó al propio Leonel Fernández asegurar que no tiene ningún impedimento.
“Claro que sí, legalmente que puedo ir (como candidato), la ley no se aplica en mi caso y en el caso remoto que así fuese (que se aplique la ley) es inconstitucional”, precisó recientemente sobre el tema.
También el jurista Enmanuel Esquea Guerrero sostuvo este lunes que Fernández puede ser candidato, ya que el derecho al sufragio es un asunto de carácter constitucional.
“El propio artículo 74 de la Constitución en su numeral II dice que cuando se pueda producir casos en que la ley pueda producir algún tipo de regulación de un derecho fundamental tiene que hacerlo bajo el principio de la racionalidad sin prostituir al derecho que se protege constitucionalmente”, precisó.
A su juicio, se estaría atropellando el derecho al sufragio a alguien que aspira ser candidato.
Sin embargo, Julio Cury, otro jurista, ha planteado una teoría diferente y dice que ninguna persona que haya sido nominada puede ser postulada por otro partido.
Argumenta que la Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, en su artículo 49, establece el requisito para ostentar una precandidatura, y que su párrafo cuarto dice que el aspirante a una precandidatura para un determinado evento electoral, en representación de un partido, agrupación o movimiento político, no debe haber participado como candidato por otro partido, agrupación o movimiento político para el mismo evento electoral.
Culminadas las convenciones y asambleas para la escogencia de los candidatos de los partidos que no fueron a primarias, la Junta pasa ahora a la fase de toma de decisiones de cara a los comicios municipales del venidero año 2020.
Agotados esos procesos internos, las organizaciones tienen hasta el 15 de noviembre próximo para someter ante el organismo de elecciones la lista con todos los candidatos que fueron seleccionados.
Sin embargo, será el 3 de diciembre próximo cuando los partidos presenten oficialmente las candidaturas en el nivel municipal.
Desde del 3 de diciembre del presente año procedería entonces la Junta pronunciarse en torno a las inscripciones para lo cual también dispone de un plazo de cinco días.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.