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Juez de la Suprema cuestiona abuso de solicitud de inhibición.
Santo Domingo.-El juez de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero Montero, fue uno de los magistrados que produjo un escrito publicado por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ) sobre a los excesos que se producen en la invocación de inhabilidades para juzgar.
En sus conclusiones, Montero asegura que la dimensión ética de las inhibiciones injustificadas de los jueces tiene efectos negativos en la tramitación y celeridad de los procesos.
«Un abuso de las abstenciones puede encubrir actitudes dilatorias, reflejar problemas de objeción de conciencia y aumentar la carga judicial», explica el magistrado en su dictamen.
Una nota de prensa del Poder Judicial dice que, en sus recomendaciones, el también comisionado nacional ante la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, señala que los sistemas de justicia deben adoptar medidas sobre el abuso de la inhibición por los integrantes de la judicatura, con enfoque ético, cuando atenta contra la efectividad administrativa, la legitimidad de los sistemas y la confianza de los ciudadanos en el Estado de derecho.
Inteligencia artificial en el Poder Judicial
La CIEJ produjo su vigesimocuarto dictamen sobre el uso ético de la inteligencia artificial en la labor jurisdiccional del juez de la Corte Suprema de Costa Rica, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez.
En sus reflexiones, Sánchez sostiene que la inteligencia artificial afecta determinados derechos fundamentales: la intimidad, la privacidad y la protección de datos personales, lo que considera constituye un reto al entender que el procesamiento de la información podría ser realizado por empresas privadas sobre las cuales el Estado podría no ejercer control.
«La inteligencia artificial puede colaborar en múltiples tareas dentro del sistema judicial, pero la labor de juzgar debe seguir siendo una función propia de las personas juzgadoras, que deben tener la capacidad de comprender el espíritu de las normas y las implicaciones de cada caso concreto», manifiesta.
El juez costarricense considera importante el monitoreo de los sistemas de inteligencia artificial para verificar que no estén replicando o aumentando sesgos ya presentes en las bases de datos originales; de igual forma, deben establecerse sistemas de control y vigilancia informática para prevenir cualquier tipo de vulneración».?
Mientras que el dictamen sobre la proyección pública de la vida de los jueces y su relevancia ética, de la comisionada del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Farah M. Saucedo Pérez, indica que la vida privada del juez (a) debe atender tres elementos fundamentales, que son: La protección de los derechos individuales del juzgador (a), la ponderación del impacto de ese acto de su vida privada en la función que realizan y la gravedad de la ofensa, en atención a la percepción que la comunidad tiene de su conducta.
En el documento Saucedo aboga por una reforma del Código Iberoamericano que incluya alguna referencia a la conducta de los jueces en las redes sociales, en relación con su vida privada y su impacto en la impartición de justicia.
Sobre la Comisión de Ética Iberoamericana
La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ) es el órgano encargado de asesorar a los diferentes Poderes Judiciales de Iberoamérica cuando estos lo requieran y de crear un espacio de discusión, difusión y desarrollo de la ética judicial en el ámbito iberoamericano.
Una de las labores esenciales de la CIEJ es la elaboración de dictámenes a propuesta de los poderes judiciales de la Cumbre o por propia iniciativa, que consisten en análisis de casos sobre los cuales se emiten conclusiones y recomendaciones a los poderes judiciales.
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Hazin y EL Gordo supuestamente extorsionaron Eduardo Read, dice éste al Ministerio Público.
Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.
Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».
El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.
Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.
También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.
El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.
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Caso contra Hazim se centraliza en sus inmuebles, según su Declaración Jurada de Patrimonio
Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.
Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.
A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.
En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.
De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.
Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.
Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.
Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.
Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.
Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.
En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.
¿Cómo operaban?
De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.
Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.
Este hotel funcionó como el lugar de almacenamiento provisional y despacho. La ruta de los narcóticos incluía el traslado de cocaína desde las costas dominicanas en un bote pequeño hasta el buque en alta mar, que después era responsable de llevar la carga directamente a suelo estadounidense.
La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.
Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.
Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.