Editorial
La audacia de la ignorancia.
La Comisión Especial de la Cámara de Diputados acaba de tomar la decisión de declarar desplazado o desechado los proyectos de leyes que buscaban regular las candidaturas independientes, lo cual no reviste una gran importancia en razón de que la sentencia del Tribunal Constitucional se basta por sí sola.
Ello así, porque ya ha ese asunto ha sido explicado en el reportaje interpretativo que acompaña a este editorial en la sección De Portada.
Lo cierto es que los diputados con su actitud han creado en el país una crisis institucional, dado que los legisladores han querido quitarle una facultad que tiene el alto tribunal para emitir un tipo de sentencia exhortativa como la TC/0788-24 sobre la inconstitucionalidad de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 del régimen electoral.
El asunto parece que generó una componenda entre la Junta Central Electoral (JCE), los partidos políticos y algunas organizaciones de la sociedad civil que sirven a esos intereses.
El discurso de los que se aponen a la referida sentencia del órgano extra poder plantean que para que la decisión del TC sobre las candidaturas independientes tenga asidero se debe modificar la Constitución de la República, lo que es totalmente desacertado y descabellado.
El problema estriba en que los sostienen tal argumento están estacionarios en una lectura de las normas y las reglas de forma literal y tradicionalista, es decir, que se resisten a sentencias como la emitida por la alta corte como parte de la interpretación de valores y principios, cuya visión y guía es la que rige el neo-constitucionalismo en vigencia en la República Dominicana a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 2010.
Lo grave del asunto es que algunos sectores que son críticos del monopolio que mantienen los partidos políticos de los sistemas legal, electoral e institucional de la Nación sobre la base de un criterio que consiste en la promoción de la poca transparencia y la corrupción generalizada, mantengan una posición de complacencia de una conducta que no implica una mejoría de la democracia dominicana.
Todo parece indicar que frente a la crisis institucional planteada por la Cámara de Diputados se impone que intervengan instituciones como la Organización de Estados Americanos (OEA) y solicitar la opinión la de los tribunales constitucionales latinoamericanos y de otros lugares del mundo.
Las candidaturas independientes son una parte importante del derecho comparado, pero además han sido ponderadas por instancias de la Organización de las Naciones Unidas y de otros instrumentos del derecho internacional al tomar como base lo que se conoce como el voto directo de los ciudadanos.
Que nadie tenga la duda de que las candidaturas independientes son una realidad que nadie, absolutamente nadie, puede interponerse en el camino para obstaculizarla y desnaturalizarla.
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana