La Compaña Electoral a destiempo toma cuerpo en el país ante la mirada contemplativa de la JCE.

Por Elba García

La Compaña Electoral a destiempo toma cuerpo en el país ante la mirada contemplativa de la Junta Central Electoral, cuya conducta deja lo suficientemente claro hasta dónde hay una ruptura con la vida institucional de la nación.

Aunque el mal ejemplo e irresponsabilidad proviene primero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la realidad es que el Gobierno de Luis Abinader se ha involucrado en las mismas violaciones a la Ley 15-19 del régimen electoral, cuya mayor expresión del irrespeto al orden institucional se concretó con la realización por parte del PRM de un acto proselitista en favor de la reelección presidencial.

Pero no bien concluyó este evento el escogido candidato del PLD, Abel Martínez, anunció que la próxima semana se inicia su campaña electoral para las elecciones del 2024, pese a que la JCE dispuso el inicio de la precampaña para mediados del próximo año 2023.

Todo ello deja lo suficientemente claro que la JCE ha asumido con una irresponsabilidad que asusta el inicio extemporáneo de la campaña electoral de todos los contendientes en la contienda que se avecina.

Lo preocupante de la situación es que todos los candidatos hablan de cambiar el país, pero son los primeros, como siempre ocurre, en violar las normas jurídicas en este caso en lo referente a la campaña electoral.

No hay dudas de que el que viola la ley que regula la campaña electoral, igual lo hace con otras normas jurídicas que son las que permiten que la sociedad se acoja a los mandatos que garantizan el respeto del estado de derecho y la débil democracia nacional.

Llama mucho a la atención la irresponsabilidad con que se maneja el órgano que tiene la misión de regular este tipo de comportamiento, lo cual indica que el país ciertamente está gravemente amenazado por la carencia de autoridad que debe imponer el mandato de la ley.

Las consecuencias que se pueden derivar de esa conducta irresponsable del Pleno de la JCE podrían ser una mayor anarquía que la que ha prevalecido hasta ahora y en ocasiones anteriores, la cual ha generado mucha falta de credibilidad en el sistema electoral dominicano.

Pero la falta de institucionalidad y el irrespeto a la ley no sólo se produce en el campo electoral, sino en todos los niveles de la sociedad dominicana, porque igual pasa en el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo y la judicatura nacional, donde el discurso es muy eficiente, pero la conducta de sus actores deja mucho que desear.

El pueblo dominicano ha llegado a un punto que está en medio de una serie de sectores que actúan en contra de su propia estabilidad con acciones al margen de la ley, pero sin que se vislumbre por lo menos una propuesta que difiera de ese comportamiento.

Por el momento no queda de otra que contemplar lo que ocurre en una sociedad donde la política parece un carnaval y un circo en la que los partidos han logrado imponer una partidocracia que en realidad constituye una especie de dictadura disfrazada de democracia  y de un bienestar que no es más que una mentira que sumerge la nación en la peor de la desgracia.

Ahora misma no queda de otra que observar cuál es el curso que toma la República Dominicana, donde una serie de actores políticos pretenden someter a la gente a la trampa, el engaño y el fraude, que son sus banderas de presentación.

Lo que ocurre en el campo electoral no sugiere otra cosa que la renuncia del Pleno de la Junta Central Electoral por no estar en capacidad de regular el desorden a que someten al país los politiqueros que se han llegado a creer que son los dueños y señores de la distorsionada democracia nacional.