La corrupción no da tregua ni deja una brecha para que los que menos tienen disfruten de sus derechos humanos

A cada instante se producen rebrotes de la corrupción administrativa como si los mismos fueran partes de un fenómeno consustancial a la dominicanidad o a la raza humana.

El que se ventila en los actuales momentos es otra versión de la Operación Falcón, la cual ahora tiene el apellido de G 5 en alusión a la tecnología más avanzada de estos tiempos, cuyos protagonistas son militares de los más altos rangos del país.

La República Dominicana es golpeada por este flagelo desde los días de su nacimiento como nación en el año 1844 y desde los tiempos de la colonia, cuyos resultados han sido verdaderamente catastróficos pese a la lucha por una mejor distribución de las riquezas nacionales.

La diferencia que se observa de como ocurren estos hechos es la forma y las cantidades involucradas en las acciones deshonestas de sus protagonistas   que debilitan las economías de los países pobres, pero principalmente de los que no han podido tener avances importantes en términos del combate de sus bajos niveles institucionales.

Los gobiernos que se han sucedido en la República Dominicana en las últimas décadas no han tenido ningún miramiento en promover una corrupción que prácticamente se traga una parte muy importante del Producto Interno Bruto y consecuentemente del presupuesto nacional.

La ambición de tomar lo que no he suyo ahora aumenta en cantidades astronómicas, a miles de millones de pesos, cuya recuperación ha quedado demostrado que no es tarea fácil, porque incluso los propios tribunales exhiben una conducta de tolerancia con estas inconductas.

La corrupción es un monstruo de mil cabezas que se pasea por los pasillos de todas y cada una de las instituciones públicas y entra como pedro por su casa a las empresas privadas, cuyos propietarios se asocian con los principales protagonistas del mal para tener ganancias ilícitas a través del lavado de activos, el contrabando y de otras vertientes como el narcotráfico.

El Gobierno de Luis Abinader no ha podido sobreponerse al flagelo y en los actuales momentos son numerosos los perremeístas que están involucrados en hechos bochornosos que comprometen su responsabilidad civil y penal.

Para sólo mencionar algunos que están en la actualidad en palestra pública y que tienen que ver con el fenómeno de la corrupción, el Instituto Postal Dominicano (IMPOSDON), Ministerio de la Juventud, el Instituto del Almuerzo Escolar, dependencia del Ministerio de Educación (MINERD) y la Policía Nacional con el caso del involucramiento de más de once agentes de esa institución en un tumbe de drogas ocurrido en Barahona.

Otro escándalo ha sido el del senador del PRM, Alexis Victoria Yeb, quien ha recibido una serie de contratas al margen de la ley que llegan a cantidades extraordinarias de miles de millones de pesos y por cuya conducta todavía no se ha producido ninguna sanción en su contra.

Todos estos de actos de corrupción ocurren mientras el país mantiene una política de endeudamiento que prácticamente lo inhabilita para emprender una serie de obras de interés social que beneficiarían a muchos pueblos del país.

Es una batalla en contra de la corrupción administrativa que genera una gran cantidad de preguntas sin respuestas, sobre todo porque el pueblo dominicano luce cansado, aunque no vencido, por un flagelo que amenaza incluso sus propios cimientos.

Todavía falta ver el resultado que dejará en el país la existencia de un Ministerio Público independiente y cuyo órgano lleva una serie de procesos penales en contra de depredadores del patrimonio nacional y que por esa razón hay varios exfuncionarios que guardan prisión preventiva en cárceles del país.