La Corrupción es una plaga que tambalea el país que genera una alta carga impositiva y un peligroso endeudamiento público.

Los medios de comunicación del país están saturados de denuncias e  investigaciones por parte del Ministerio Público  de los robos escandalosos del patrimonio nacional por parte de exfuncionarios y funcionarios de la actual administración que actúan con una plena impunidad.

Este domingo se reportó un allanamiento hecho en la casa de un hombre que vive como un príncipe en el municipio de La Vega, quien administrató durante por los menos los últimos ocho años una empresa autónoma del Estado, como es Distribuidora del Norte (EDENORTE), como un feudo personal.

Sobre el comportamiento de Julio César Correa han trascendido tantas cosas que parecen inverosímiles, ya que de acuerdo a lo documentado en procesos de investigación seguidos en  Edenorte, este exfuncionario se dedicaba a aumentar la tarifa a los usuarios del servicio de energía eléctrica con montos aparentemente insignificantes, pero que cuando se hace el cálculo en función del volumen del fraude el dinero robado asciende a cantidades multimillonarias.

Este exfuncionario, estrechamente vinculado a la magia que operaba internamente en la administración pública, vive como todo un príncipe, por no decir como un rey, en una mansión que no puede justificar, lo cual es una responsabilidad del Ministerio Público determinar lo que todo el mundo sospecha.

En el caso de la corrupción en las edes se habla que alcanza la suma de unos 18 mil millones de pesos, cuyo monto ha ido a  parar a los bolsillos de los hermanos de la primera dama del pasado Gobierno de Danilo Medina, lo cual permite ver el alcance de la la corrupción en el país, cuyo flagelo no exime de responsabilidad a los que tienen como centro de operación el Palacio Nacional y que se extiende por otras instancias del Estado dominicano.

Otro caso que involucra cantidades realmente preocupantes es el de Odebrecht, cuyos responsables buscan salirse con la suya como ya ocurrió con una parte de los imputados que quedaron libres mediante un archivo definitivo de la pasada Procuraduría General de la Republica como parte un plan concebido desde las más altas instancias del poder.

La plaga de la corrupción se ha complicado con las consecuencias de la pandemia que ha impactado el país de una manera muy severa, principalmente por una alta positividad del Covid-19 como resultado de un manejo que deja mucho que desear por parte de las autoridades de salud del país.

Ha quedado demostrado que la corrupción, ya convertida en una plaga que no deja libre a ningún sector de la administración pública, no sólo en el pasado, sino también ahora que gobierna un partido, como el Revolucionario Moderno, que tiene un estilo que no dista mucho del pasado de Danilo Medina, ya que las diferencias son prácticamente imperceptibles.

Con los escándalos de corrupción se compromete muy seriamente el futuro del país y la estabilidad económica y las cosas no parecen muy prometedoras con las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público, en virtud de no cuenta con una estructura que le permita perseguir con las pruebas pertinentes la plaga que se traga el país.

El asunto tiene un perfil tan generalizante que ahora resulta que la Cámara de Cuentas, el órgano del Estado que tiene como responsabilidad perseguir este fenómeno, es cómplice de una serie de funcionarios que se robaron dinero del erario y que éste ocultó o tergiversó para que no salieran a la luz pública.

Las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público revelan que los miembros de la Cámara de Cuentas incurrieron en fraude, estafa y asociación de malhechores en perjuicio del Estado, lo cual deja claro hasta dónde esta plaga ha carcomido hasta las propias entrañas de la sociedad dominicana, ya que ha sido minado todo su tejido social.

No se ve claro como los dominicanos podrán superar los efectos de la plaga de la corrupción cuando se percibe mucha incapacidad por parte del órgano persecutor para sentar en el banquillo de los acusados a  todos los culpables.

Los daños causados por esta plaga alcanzan a prácticamente todos los dirigentes y miembros de los partidos políticos que tienen el privilegio de administrar los recursos públicos, por lo que son muy pocos los que pueden estar libres del impacto de este flagelo.