Corrupción estremece sociedad dominicana y protagonistas proceden del sistema de partidos.

Se repite cotidianamente la vocación delictual de los actores de la vida política nacional, ya que cuando no son los autores de bochornosos hechos, es que cubren bajo su sombrilla a los que incurren en una serie de ilícitos penales que dañan sustancialmente a la sociedad y a la democracia.

El fenómeno se ha visualizado de la forma más clara a propósito de la exigencia de la sociedad de que se escogiera un Ministerio Público independiente, que no esté vinculado con los que tienen la responsabilidad de manejar presupuestos y con la designación de todos los funcionarios de la administración pública, cuya función está reservada para los políticos que logran ganar elecciones y asumir el poder.

Es como si se tratara de una epidemia o de una segunda pandemia, porque así como aumentan los contagiados y los fallecidos por el Covid-19, de igual manera brotan los actos de corrupción que revelan hasta donde la sociedad está corrompida y que camina en medio de un pantano.

No se pueden medir las muertes provocadas por la enfermedad del coronavirus, como tampoco se puede saber cuántos dominicanos han fallecido durante las últimas décadas por carecer de recursos  para comprar algún medicamento o por no tener la más mínima exigencia para recibir diálisis, así como alimentarse adecuadamente, pese a los miles y miles de millones de pesos que se van por el barril sin fondo de la corrupción administrativa, cuya consecuencia es una tragedia de una dimensión insospechada.

En los últimos días son diversos los casos de corrupción que han salido a la superficie y que parecen llenar las cárceles de ladrones del patrimonio nacional, entre los que se deben mencionar los imputados de la Operación Caral, la Anti-Pulpo, La Numero 13, el apresamiento del diputado del PRM, la imputación en contra de otra legisladora del mismo partido oficial y hace apenas horas la revelación del gran fraude en contra de las distribuidoras de electricidad.

Es impresionante la cantidad de dinero involucrado, ya que sólo en el caso de las EDES se habla de unos 50 mil millones de pesos sustraídos por los desplazados funcionarios del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del expresidente Danilo Medina, cuyos hechos parecen implicar a todos los familiares del exmandatario.

Estos hechos hablan por si solos y dejan claro hasta donde ha sido la audacia de los partidos políticos que han hecho fiestas con los dineros del erario nacional, cuyas acciones han dejado una secuela de daños económicos, morales y sociales que no son tan fáciles de superar en una nación bañada de pobreza y de carencias.

El dinero dilapidado es realmente difícil de contar y también de recuperar porque son tantos los que exhiben fortunas que no pueden justificar que se vuelve una utopía que esos recursos puedan retornar al tesoro nacional, ya que para tal propósito la inversión es tan cuantiosa que habría que endeudar mucho más el país.

De cualquier modo, los esfuerzos no deben detenerse y la sociedad civil mantener una vigilancia permanente de todos los partidos, porque está demostrado que la vocación mafiosa arropa a todas estas organizaciones, no importa que sea pequeña, mediana o grande.

Es todavía peor el flagelo en razón de que el problema de la corrupción abarca a toda la sociedad, cuyo fenómeno es parte del ADN de los dominicanos y sólo con políticas públicas hasta cierto punto radicales se puede, sino acabar, disminuir un cáncer que puede llevar al abismo a cualquier sociedad del planeta.

El problema de la corrupción administrativa no se resuelve con sofismas ni doble moral, sino con acciones que permitan la aplicación cabal del mandato de la ley sobre la materia y que caiga quien caiga en aras de salvar el país del colapso total.