Corrupción vulgar, irracionalidad extrema y falta de escrúpulo es carta de presentación del primer poder del Estado.

Por Elba García

El país tiene que estar lleno de vergüenza de que parte del gran debate nacional sea por la permanencia de una acción del Senado que no tiene justificación desde ningún punto de vista, porque habla de las grandes distorsiones que sufre un Estado que carece del nivel de institucionalidad que demanda cualquier democracia del mundo.

El famoso barrilito, cuya mayoría de senadores defiende con unas y dientes esa irracionalidad, ha sido el motivo de lo que parece ser una venganza de los senadores de la República con la aprobación en primera lectura de un proyecto de ley que desmonta todas las exenciones fiscales y exoneraciones en favor de diversos sectores nacionales.

La reacción de los legisladores, la cual ya parece que duerme el sueño eterno de lo olvidado, dado que el proyecto en cuestión fue aprobado en primera lectura y jamás se ha vuelto a hablar del mismo, es una forma de apelar a una expresión muy popular que dice que aquí jugamos todos o se rompe la baraja, es decir, que la eliminación de las exenciones y de las exoneraciones no será sólo en su contra, sino del sector empresarial y de otros que también se benefician del Estado.

Sin embargo, el proyecto sometido por estos legisladores, del cual no se ha vuelto hablar, lo que demuestra que no fue más que un chantaje, incluye la eliminación de exenciones fiscales y exoneraciones a algunos sectores que no debían ser, como por ejemplo los generadores de energía renovable, lo cual debía ser un propósito oficial para reducir la contaminación con efectos invernaderos a partir de que el servicio energético opera en el país, principalmente con combustibles fósiles.

La propuesta firmada por 24 senadores, eliminaría exoneraciones de vehículos, reduciría sueldos, disminuiría el gasto en publicidad estatal y derogaría varias leyes que no permiten la recaudación de múltiples impuestos.

Los legisladores previamente habían aprobado no llevarlo a discusiones e incluirlo en la agenda del día.

Entre los sectores que se benefician de esas exenciones se encuentran instituciones privadas, organizaciones sin fines de lucro, sector industrial, turismo, educación, salud, zona franca industrial, manufactureras textiles, energía renovable, sector cinematográfico y otros.

Ahora quitar estos privilegios, por ejemplo, al turismo parece sensato y entendible porque este sector de la economía nacional ya tiene un nivel de desarrollo que se puede valer por si mismo e incluso aportar recursos a los que todavía están razagados.

Pero de cualquier modo la actitud no habla bien del país que los senadores actúen y aprueben leyes por venganza, lo cual es una expresión de inmadurez y además de que los intereses particulares de los legisladores pesan más que el bienestar general de la nación.

El reportaje del programa El Informe de Alicia Ortega dejó muy claro que la corrupción en el país es parte de una cultura que para su eliminación todavía faltan muchas medidas severas en contra de los que la promueven.

Los detalles ofrecidos por ese reportaje no dejan dudas de que el dinero del Barrilito asignado a los senadores para supuestamente cubrir obras de bien social, no son más que otro instrumento para enriquecerse y promover privilegios propios y en favor de familiares y allegados.

El Barrilito es el resultado de lo que se ha querido vender como algo legítimo, aunque se trate de un acto de abuso en contra de la sociedad dominicana por parte de sus supuestos representantes en el Congreso Nacional, pero que además agrega otros elementos que constituyen una grave violación a la Constitución de la República, porque los mismos implican legislar para su propio beneficio.

El proyecto que busca desmontar exenciones y exoneraciones en favor de una serie de sectores nacionales ya fue aprobado en primera lectura y ahora debe pasar a una segunda para que entonces su destino quede en manos de la Cámara de Diputados, donde no parece que vaya a ser sancionado positivamente.

El rechazo de este proyecto por parte de los diputados se constituiría en una especie de legitimación de los senadores que proceden de esta manera porque se sienten agredidos por el rechazo de los medios de comunicación social y otros sectores del país del Barrilito y de otros privilegios de supuestos representantes de la ciudadanía en el Congreso Nacional.

De cualquier modo, no queda ninguna duda de la inmadurez y de como los intereses particulares pesan más en el país que los de las grandes mayorías nacionales y cuyas reacciones de estos representantes son precisamente un contrasentido de los que dentro de un par de años tendrán que acudir a buscar el voto de la gente que resulta golpeada por ellos.

Es importante darle seguimiento a lo que ocurre en el Congreso Nacional, primero con los diputados vinculados al crimen organizado y ahora con los senadores que se resisten a abandonar privilegios irritantes y que atropellan los afanes de la sociedad por contar con una democracia más depurada y acorde con los países con mayor avance en esta materia.

Lo que se impone es mantenerse a la expectativa de lo que ocurre entre los responsables de hacer las leyes nacionales, porque su conducta es un espejo de lo mal que están los partidos políticos, porque son ellos los que presentan como opciones a estos senadores y diputados.