Reportaje A Fondo
La crisis económica impulsa el éxodo de policías en Venezuela
Los agentes emprenden el viaje por el Darién hacia Estados Unidos decepcionados de los bajos salarios, la politización y la inestabilidad laboral
Caracas.-Los cuerpos policiales en Venezuela se están vaciando. Renuncias, solicitudes de bajas y deserciones se multiplican en los últimos meses. La crisis económica se agrava, luego de una difusa recuperación durante 2022, y los policías se están yendo uno tras otro, de las instituciones y del país sudamericano, quizás con mejores condiciones físicas para cruzar la peligrosa selva del Darién entre los cientos de miles migrantes que lo han intentado este año. Así lo hizo el oficial jefe Omar Rincón, funcionario de una policía local de Caracas, que empezó la travesía a mediados de julio y hace una semana llegó a Estados Unidos vía Arizona. “Esperé más de un mes a que me dieran mi baja, vendí mi moto, agarré unos pocos ahorros y me vine”.
Rincón llevó enlatados, galletas y mudas de ropa. Tomó lanchas, piraguas y buses; caminó por trochas de noche, esquivó las migraciones en los países más complicados en el trayecto hacia el norte y llegó a Ciudad de México donde hizo la cita para la solicitud de ingreso a través de la aplicación CBT One que implementó este año el Gobierno de Estados Unidos para intentar encausar el enorme flujo de migrantes que se acumula en la frontera sur. El dinero que llevó lo fue dejando cada parada para pagar transportes, coyotes y guías. Caracas, Cúcuta, Medellín, Necoclí, la selva del Darién, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, “otro país que se llama Guatemala”, Tapachula, Ciudad de México, Hermosillo, Nogales, Arizona, Nueva York, y pronto viajará a Atlanta donde ha conseguido un trabajo. “En el camino me encontré a seis compañeros de la policía esperando sus citas, algunos de ellos tomaron la bestia (tren de carga que recorre México y al que se suben de forma irregular los migrantes para llegar a la frontera). Hasta ahora, de mi grupo, soy el único que ya entró a Estados Unidos. Creo que he tenido suerte”.
Este grupo de migrantes venezolanos no solo comparten su pasado de uniformados, sino también las motivaciones para irse. “Tenía 15 años de servicio y todo iba en picada. Me fui por mí, por mí hija”, dice Rincón por teléfono. “La injerencia de la política en la policía ha complicado las cosas. La remuneración salarial, las condiciones, no cuentas con la logística para ejercer la profesión como un funcionario digno”. La dotación de uniformes y botas, a veces incluso hasta las municiones dentro de un mercado informal, corren por cuenta del funcionario en muchas instituciones, cuyos salarios rondan los 20 dólares al mes en promedio.
El grupo de los 618 “cursos”
Durante uno de los tantos operativos emprendidos contra la peligrosa banda del Koki en el barrio Cota 905, en el oeste de Caracas, las esquirlas de una granada impactaron a otro policía, que prefiere no identificarse. La institución para la trabajaba no tenía activo el seguro médico por falta de pago, por lo que tuvo costearse la atención de las heridas con los 14 dólares mensuales que percibía entonces. Hace un año y dos meses que está en Estados Unidos, tras 11 años de servicio en varios cuerpos policiales de Venezuela y después de haber cruzado el Darién en una de las temporadas más duras, cuando todavía no se habían instalado los campamentos de agencias humanitarias y el trayecto se hacía en más de una semana caminando. “En el camino vi como 12 muertos y le salvamos la vida a una cubana que estaba descompensada con las herramientas de primeros auxilios que yo sé como policía”, recuerda por teléfono desde New Jersey, donde hace delivery en su propio coche.
El Gobierno de Nicolás Maduro ha hecho una enorme inversión en dinero y recursos para las policías del país, sobre todo para la Policía Nacional Bolivariana, fundada en 2009 junto con la universidad, fundamentado en el principio de la “unión cívico-militar- policial” como fuente de poder y control social del chavismo. El pie de la PNB está en unos 40.000 funcionarios. Las policías estatales y regionales, que alguna vez fueron poderosas y autónomas, están regidas ahora al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. Salvo excepciones, se han ido debilitando en recursos y personal en estos años, particularmente si son gobernadas por políticos opositores, puesto que el Gobierno central les niega los recursos que les corresponden. Tienen menos atribuciones y armamento para enfrentar al hampa que la PNB, aunque la precariedad salarial los iguala.
El abogado y criminólogo Luis Izquiel apunta que los salarios de la policía venezolana son los más bajos de Sudamérica. Y son más bajos aún en las policías regionales. “Un policía gana un salario que ronda entre los 100 y los 20 dólares mensuales si está comenzando. Hay primas, beneficios, seguros, pero son modestos. Sin embargo hay filas, muchos voluntarios que quieren entrar a la PNB”. En esto coincide Javier Gorriño, experimentado comisario, criminólogo y profesor universitario, que dirige el área de seguridad ciudadana de la Alcaldía de El Hatillo, una zona de clase media-alta en el este de Caracas. “A los muchachos les gusta mucho el trabajo, pero con los sueldos no se puede tener una familia, pues el principal dolor de cabeza aquí es la comida diaria”, reconoce.
“Hay que considerar el espíritu de aventura de todo policía, su vocación implica todo eso. Por eso hay unos que toman caminos como el Darién, muy de moda entre los policías, pero hay otros que lamentablemente toman el camino de la izquierda, que es el de la corrupción, el llamado matraqueo (cobro de coimas en dinero, favores o servicios a comerciantes y particulares), para redondearse los ingresos y hasta para paliar las propias deficiencias de las instituciones, lo que lleva a una confusión de valores”.
Esta semana, el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, la segunda ciudad del país, ubicada en Zulia, estado fronterizo con Colombia, también reconocía el éxodo con preocupación. “Nuestros funcionarios policiales son los primeros en sentirse en condición física de irse por el Darién. La semana pasada se habían ido al menos 22 funcionarios, piden la baja y cruzan por el Darién”, dijo en una rueda de prensa en la que agregó que el número de agentes era insuficiente para resguardar la ciudad y que con los policías activos cubrían apenas 10% del territorio.
Desprofesionalización y letalidad
“Es difícil tener data del número de policías o agentes de seguridad que han emigrado, porque el Gobierno no publica esa información desde 2012″, afirma Rocío San Miguel, abogado y directora de la ONG Control Ciudadano. “Pero es muy evidente que aumenta el número de oficiales que pide baja, de policías que emigran por zonas fronterizas, sobre todo regionales”. Control Ciudadano distingue como causas, tanto para policías como para militares, “salarios insuficientes, estabilidad laboral, participación política y desprofesionalización”. El oficial jefe Rincón, recién llegado a Nueva York, dice que las generaciones que se están formando ahora no tienen expectativas y que no hay posibilidades reales de un ascenso. “No están recibiendo el entrenamiento y la disciplina que recibimos otros”.
Esta desprofesionalización y politización también tiene su correlato en otras cifras alarmantes que describen a las instituciones policiales venezolanas como las más letales en la región: 1 de cada 3 homicidios en Venezuela son cometidos por agentes de seguridad del Estado, según un informe del Monitor del Uso de Fuerza Letal en Venezuela presentado el año pasado. A esto se suma el expediente de ejecuciones extrajudiciales que investiga la Misión de Determinación de los Hechos ordenada por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, desde donde se exhortó a la supresión del cuerpo élite de la PNB, las Fuerzas de Actuaciones Especiales (FAES).
Oficiales de policía durante un operativo de seguridad en Caracas, en 2018.FERNANDO LLANO (AP)
El propio Maduro ha declarado que quiere llevar a 100.000 funcionarios la PNB, una institución con filtros “muy amplios” para graduar funcionarios, que reciben formación doctrinaria chavista. “En la Democracia había un diseño policial más débil, pero con más dinero, los policías hacían carrera, tenían seguros fuertes, compraban apartamentos”, afirma Izquiel. “Ahora, el cuerpo crece, pero muchos funcionarios abandonan la carrera con rapidez o emigran buscando opciones”. Maduro ha militarizado completamente todas las funciones policiales en el país, recuerda Izquiel. Esto ha tenido consecuencias en el funcionamiento y recelos entre el personal de carrera policial, con una preparación distinta. “Un policía dura años estudiando para ser director y vienen y le ponen un militar encima”, comenta el ex policía reinventado como repartidor en New Jersey.
Un funcionario activo de una policía municipal en Caracas dice que la decepción es generalizada. Ha decidido tomar sus vacaciones para poder rebuscarse en otros oficios como la mecánica, pero no tiene ninguna motivación para volver a su comando. Han perdido las bonificaciones por procedimientos extraordinarios, las primas por hijos o estudios, las dotaciones y otros beneficios establecidos en los contratos, manuales y normas laborales, que la administración pública en Venezuela ha dejado de cumplir. Otros policías también trabajan como repartidores, mototaxistas o escoltas, sacando provecho del horario de 24 horas de servicio por 48 horas libres que se ha estandarizado en varias instituciones para aligerar la carga y administrar el déficit. En algunos cuerpos policiales han empezado a retrasar el otorgamiento de bajas, para frenar el éxodo. Pero ante el avance de la crisis, cada vez hay más policías que simplemente desertan.
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Reportaje A Fondo
Las heridas y los interrogantes que siguen abiertos tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia
El operativo de la extinta guerrilla del M-19 y la reacción militar, en pleno centro de Bogotá, dejaron un centenar de muertos, una docena de desaparecidos y una cúpula judicial masacrada
Bogotá.-“Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego. La situación es dramática.(…) Divulgue a la opinión pública eso, para que el presidente dé la orden”, suplicó Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en Radio Todelar. Era la tarde del 6 de noviembre de 1985 y la sede de la cúpula de la rama judicial de su país, el Palacio de Justicia de Bogotá, era un campo de guerra. 35 guerrilleros del M-19, un grupo de origen urbano y dado a los golpes mediáticos, había entrado a sangre y fuego con la bandera de obligar a los magistrados a hacer un “juicio” al presidente Belisario Betancur, a quien acusaban de haberlos traicionado en una negociación de paz que ya estaba abocada al fracaso. La reacción, que el mandatario dejó en manos de los militares, fue incluso más sangrienta. El edificio terminó calcinado, 11 de los 25 magistrados de la Corte Suprema fueron asesinados, miles de expedientes de todo tipo se perdieron.
En una larga historia de violencia política como la colombiana, los hechos del Palacio siguen especialmente vigentes. Incluso más que otros episodios más mortíferos y más recientes. En 1989, por ejemplo, el narcotraficante Pablo Escobar hizo estallar un avión que despegaba de Bogotá a Cali, y dejó 110 muertos. En 2000, paramilitares asolaron el corregimiento de El Salado, en la región Caribe, y dejaron más de 100 personas muertas, según la Fiscalía. Y en 2002, la guerrilla de las FARC atacó la iglesia del pueblo de Bojayá, en el Chocó, y asesinaron a por lo menos 74 civiles. Las circunstancias, por el lugar del ataque, la importancia política de las víctimas o la visibilidad de lo ocurrido, marcan la diferencia. Y por eso un episodio que en Colombia se ha denominado “holocausto” ha ocupado una atención en el periodismo o en las artes, solo comparable el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, y el posterior Bogotazo.
Además, la rama judicial ha sentido el ataque como un dolor permanente. Los magistrados asesinados eran colegas, profesores, jefes e incluso familiares de muchos abogados de las siguientes generaciones, y su muerte dejó una impronta que aún hoy lamente la justicia.
Además de esa herida abierta, el debate por la toma y la retoma es tan vigente y pugnaz que de él participa el presidente Gustavo Petro, quien fue miembro del mismo M-19 y, si bien no participó en la toma, ha defendido un relato que reduce la responsabilidad de sus antiguos camaradas. Es tan sensible el asunto que recientemente una juez ordenó eliminar un diálogo de una película sobre el Palacio; es tan vigente que este miércoles el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha propuesto una nueva norma “que a los militares que participaron en el rescate del Palacio de Justicia, condenados o todavía en investigación o juicio, les conceda todos los beneficios equivalentes a una sentencia absolutoria”.
La actualidad de lo ocurrido hace cuatro décadas pasa por las preguntas sin respuesta. Una de ellas tiene que ver con la protección de los magistrados. Pese a que se había develado un plan de la guerrilla para atacar el Palacio, una noticia que había llenado titulares de prensa, y a que varios magistrados habían recibido amenazas de muerte, la seguridad del Palacio había sido reducida el 5 de noviembre. “Yo quisiera tener la respuesta a la pregunta de quién dio esa orden”, dice Ángela María Buitrago, exministra de Justicia y quien como fiscal lideró la investigación penal por las desapariciones forzadas de una decena de personas, en manos de militares.
Ceremonia de entrega de los restos mortales de Gloria Isabel Anzola, una de las víctimas femeninas del asalto, en Bogotá, el 10 de diciembre de 2019.Juancho Torres (Anadolu Agency via Getty Images)Otra pregunta sin respuesta clara son los motivos del ataque. El M-19 emitió una proclama desde el Palacio sobre la que llamó Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. “Convocamos al juzgamiento público de unas minorías apátridas que han hecho fraude a los anhelos de paz y traicionando las exigencias de progreso y de justicia social a la nación entera”, dice en una de sus frases centrales, para luego exigir a los principales medios de comunicación la difusión del proceso que soñaban. “Señores magistrados: tienen ustedes la gran oportunidad, de cara al país, y en su condición de gran reserva moral de la República, de presidir un juicio memorable”, se lee más adelante.
Pero la sombra del narcotráfico ha planeado sobre lo ocurrido desde 1985, pues los guerrilleros coincidían en una demanda de los narcotraficantes. “Mediante un impopular escandaloso Tratado de Extradición, se entrega nuestra juricidad –la más creciente y novedosa de todas las entregas–, que es golpe mortal contra la soberanía nacional», se lee en la misma proclama. Aunque, sobre todo personas cercanas a Pablo Escobar han dicho que el capo pagó a la guerrilla por el ataque, intentando evitar que la Corte Suprema avalara ese tratado, al que se oponían a sangre y fuego. Quien fuera al lugarteniente, Jhon Jairo Velásquez, Popeye, es una de esas fuentes; otras han sido Virginia Vallejo, amante del narco, o el jefe paramilitar Carlos Castaño. La pregunta sigue en el aire, pues no hay pruebas ni es claro que una atrocidad de ese tipo tuviera el efecto esperado. Lo más cercano a una respuesta, de acuerdo con una Comisión de la Verdad conformada por las altas cortes en 2005 para esclarecer los hechos del Palacio, es señalar esta como una hipótesis probable. “Todo indica, entonces, que hubo conexión del M-19 con el Cartel de Medellín para el asalto al Palacio de Justicia”, se lee en su informe final.
Un tercer interrogante es hasta dónde los militares asumieron el poder real durante esas horas. El entonces ministro de Justicia, el político liberal Enrique Parejo, argumentó que se dio un vacío de poder, en el que fueron los generales quienes decidieron qué hacer. Pero su entonces colega de Gobierno, Jaime Castro, publicó un libro dedicado a argumentar que no hubo tal, y que la decisión de responder con la fuerza vino de Betancur y su Gobierno, que temía que darle juego a los guerrilleros hubiera llevado a que estos lograran un levantamiento popular y se tomaran el poder.
El cuarto interrogante gira alrededor de la responsabilidad por cada asesinato, cada desaparición, cada decisión en las más de 27 horas de combates e incendios. Investigadores, periodistas e interesados se han topado con todo tipo de problemas para encontrar pruebas suficientes de lo ocurrido. En algunos casos, los testigos dan versiones encontradas; en otros, los testigos han muerto -esos días, o en las cuatro décadas que han pasado-; en unos más, la falta de pruebas de balística o la manipulación del Palacio por policías y militares antes de que llegaran los funcionarios judiciales impide tener las suficientes pruebas técnicas.
Quizás la más significativa de las preguntas sin respuesta, que va de lo judicial a lo político, es si los militares sabían que el M-19 iba a hacer el ataque y lo permitieron, para así poder golpear con fuerza al M-19 en lo que algunos han llamado “operación ratonera”. Aunque los generales lo han negado de forma reiterada, los tres magistrados que lideraron entre 2005 y 2010 una comisión para investigar los hechos, le dan crédito a la ida. “La Comisión de la Verdad considera esta hipótesis como una de las más probables”, se lee en su informe final. Jorge Aníbal Gómez, José Roberto Herrera y Nilson Pinilla señalan que el Ejército estaba “vejado en su dignidad” y “herido en su amor propio” por acciones pasadas de una guerrilla especialmente mediática. Otros han adicionado que los militares estaban molestos con el presidente, que había adelantado diálogos de paz sin consultarles y contra su opinión.
Lo más complejo, según la exministra Buitrago, es que las respuestas a esas preguntas han variado, dejando un legado de desconfianza y poca credibilidad, como cuando los militares negaron conocer el plan del M-19. Y eso mantiene vivas y abiertas las heridas.
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Reportaje A Fondo
Virginia Laparra, exfiscal guatemalteca: “Fui a la cárcel por una persecución política contra mí”
Detenida en 2022 tras denunciar corrupción judicial, vive ahora en el exilio y denuncia una estrategia sistemática para silenciar a quienes luchan contra la impunidad
Virginia Laparra (Quetzaltenango, Guatemala, 45 años) luchó durante años contra la corrupción en su país. Miembro de la Fiscalía Especial contra la impunidad, una institución auspiciada por Naciones Unidas para investigar las redes corruptas en las altas esferas del poder, fue detenida en 2022 por denunciar a un juez que había filtrado información confidencial. La acusación le valió una condena de cuatro años de cárcel, de la que cumplió casi la mitad, en un proceso que Amnistía Internacional calificó de represalia política y que finalmente la empujó al exilio. “La experiencia en la cárcel es ensordecedora e inaguantable” e “iban a hacer todo lo posible para no dejarme salir jamás”, afirma durante una reciente entrevista en Madrid, en el marco de un viaje a Reino Unido para recoger el Sir Henry Brooke Award, un reconocimiento internacional a su labor como defensora de derechos humanos.
Pregunta. Desde el año 2000, decenas de funcionarios del Poder Judicial se han exiliado de Guatemala. ¿Existe una persecución política contra los juristas?
P. Usted se exilió tras pasar dos años en la cárcel. ¿Cómo la detuvieron?
R. Tenía que viajar a Ciudad de Guatemala desde Quetzaltenango para una audiencia. Salí temprano de la oficina, pero me encontré con una escena propia de la captura de un narcotraficante: patrullas cruzadas, militares con armas largas y pasamontañas. Me estaban esperando y me dijeron que había una orden de detención contra mí.
P. ¿De qué la acusaban?
R. De haber denunciado administrativamente actos de corrupción cometidos por el juez Lesther Castellanos, que resultó ser efectivamente corrupto. Denunciar administrativamente a un juez no puede ser considerado un delito. Y lo hice, en 2017, porque había filtrado información confidencial de un caso de corrupción ya cerrado.
P. En su primera condena, a cuatro años de cárcel, Amnistía Internacional la consideró una prisionera de conciencia.
R. Fui a la cárcel por una persecución política contra mí, no por una causa jurídica. El fin era mandar un mensaje: que luchar contra la corrupción de alto nivel tiene consecuencias. Yo sabía que podía terminar en prisión, porque desde 2018 y hasta mi detención, sufrí años de hostigamiento constante con campañas de difamación contra mí y mensajes amenazantes en redes promovidos por el juez y la Fundación Contra el Terrorismo.
P. ¿Quiénes forman esta fundación?
R. La crearon militares con el fin de defender a personas acusadas de delitos de lesa humanidad, como al [exdictador Efraín] Ríos Montt.
P. ¿Qué ocurrió tras su detención?
R. Me llevaron a la capital [Ciudad de Guatemala] para mi audiencia [ante el juez] en una patrulla durante la madrugada. En el camino, uno de los agentes me dijo: “No sabemos si va a salir viva de ahí”. Más que amenaza, fue una advertencia de lo que sabían que podía pasarme en el sistema penitenciario. Me aconsejaron que hablara lo menos posible. Yo era la quinta de cinco fiscales que capturaron aquel mes. Pero mientras mis compañeras esperaron a su comparecencia ante el juez en un lugar habitual de detenciones, a mí me llevaron a una carceleta.
P. ¿Qué es exactamente?
R. Es donde llevan a los presos peligrosos y es como una jaula en la que no tienes ni espacio para pararte, porque hay demasiadas personas privadas de libertad. Me mantuvieron toda una noche y, cada vez que intentaba conciliar el sueño en el piso, me levantaban y me despabilaban. Después me ingresaron en la Cárcel Militar Mariscal Zavala y, tras unos días, con mis cuatro compañeras.
La exfiscal guatemalteca Virginia Laparra, en la sede de Madrid de Amnistía Internacional.
Álvaro García
P. Estuvo presa casi dos años.
R. Fui la primera de mis compañeras en recibir la condena y la última en salir. Pero todas nosotras nos negamos a aceptar los cargos que nos imputaban.
La experiencia en la cárcel es ensordecedora e inaguantable.
P. ¿Otras personas sí los aceptaron?
R. Sí, eran obligados a aceptar los cargos a cambio de dejarlos en libertad. Les decían que si no lo hacían terminarían como yo. Y no los juzgo, porque la experiencia en la cárcel es ensordecedora e inaguantable.
P. ¿Cómo le afectó?
R. En todos los sentidos. Si con el trato tan cruel que recibí en prisión yo no estoy muerta o [el periodista] José Rubén Zamora no está muerto es porque nos hemos aferrado a algún impulso para seguir viviendo. En mi caso, sobreviví porque mis hijas me hacían prometerles, cada que venían, que seguiría allí la próxima vez que pudieran regresar.
P. Pero su salud se deterioró.
R. Sí, fue degenerando considerablemente. El primer año me negaron totalmente la asistencia médica, y cuando por fin logré que me llevaran al hospital, tuvieron que operarme y quitarme la matriz. Después, me tuvieron que hacer otras cuatro operaciones de emergencia. No me dieron ni la posibilidad de recuperarme, porque tras la operación, me mandaban a la prisión. Pero, además, la estancia en prisión te afecta mucho emocionalmente cuando eres madre y no puedes seguir cuidando a tus hijos.
Nadie se exilia voluntariamente. Es lo último que te queda para poder defender tu vida
P. Otras cuatro mujeres fueron encarceladas con usted. ¿Había un ataque concreto contra las mujeres?
R. Es evidente, porque nosotras éramos más fáciles de encontrar. Tres teníamos hijos menores de edad y otra compañera estaba a cargo de sus papás. Nuestro rol familiar hacía más probable que no nos escondiéramos. Pero, además, nos fotografiaban en las audiencias y difundían nuestras imágenes en redes para difamarnos.
P. ¿En qué momento decidió exiliarse?
R. Tras salir bajo arresto domiciliario, me dediqué a litigar el segundo proceso abierto en mi contra. Me condenaron de nuevo en junio de 2024 a cinco años de prisión y tenían al menos otros cinco procesos abiertos contra mí en el Ministerio Público. Era evidente que en la próxima audiencia judicial iban a ordenar mi detención y que iban a hacer todo lo posible para no dejarme salir jamás.
P. ¿Cómo pudo salir?
R. Estaba en arresto domiciliario y no podía salir del país, pero lo hice. Tuve que dejar a mis hijas y ahora no puedo regresar a mi país. Nadie se exilia voluntariamente. Es lo último que te queda para poder defender tu vida.
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La ONU alerta de «hambre récord» en Haití y asegura que las necesidades se disparan
EFE
Proyecta que hasta junio próximo una cifra récord de 5.7 millones de personas, más de la mitad de la población, experimentarán inseguridad alimentaria aguda
Puerto Príncipe.-El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas alertó este jueves de que la escalada de violencia, los desplazamientos, la inestabilidad económica y las interrupciones en la producción local de alimentos están provocando un «hambre récord» en Haití, con millones de personas en riesgo, lo que hace que las necesidades se disparen.
Según un comunicado de esta agencia de la ONU, el último informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC en sus siglas en inglés) proyecta que hasta junio próximo una cifra récord de 5.7 millones de personas, más de la mitad de la población, experimentarán inseguridad alimentaria aguda.
De ellas, se prevé que poco más de dos millones afronte hambre en nivel de emergencia y que 8,400 personas encaren el nivel de catástrofe, el más crítico de inseguridad alimentaria con escasez extrema de alimentos, desnutrición aguda grave y riesgo de inanición.
Ante esta situación, el PMA y sus socios han extendido de forma significativa sus operaciones en Haití, alcanzando a más de 1.3 millones de personas en lo que va de año, de ellas un millón en marzo, lo que supone una cifra récord de ciudadanos asistidos en un solo mes, pero, advirtió la organización, «las necesidades superan los recursos disponibles».
Este 2025 esta agencia de Naciones Unidas ya ha suministrado 740,000 comidas calientes a más de 112,000 personas recientemente desplazadas, así como dinero en efectivo para alimentos y apoyo para prevenir la desnutrición infantil, además de haber conseguido acceder a zonas controladas por los grupos armados y entregar alimentos esenciales a comunidades de difícil acceso en Croix-des-Bouquets, Cité Soleil, Lower Delmas y La Saline.
«En este momento, luchamos para contener el hambre. Sin los inmensos esfuerzos que ya se están realizando, la situación sería mucho peor», dijo la directora de País del PMA en Haití, Wanja Kaaria.
Violencia extrema
«Para seguir el ritmo de la creciente crisis, hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que brinde apoyo urgente; sobre todo, el país necesita paz», agregó Kaaria, quien afirmó que el PMA necesita urgentemente 53.7 millones de dólares para continuar sus operaciones vitales en Haití durante los próximos seis meses.
Haití vive una crisis multidimensional y una violencia extrema, en especial en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, en un 85 % bajo control de las bandas armadas.
La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSSM), liderada por Kenia y con el aval de la ONU, no ha conseguido resultados tangibles frente a esta violencia, que ha obligado a más de un millón de personas a abandonar sus hogares y convertirse en desplazadas.
- En 2024 la violencia causó en Haití al menos 5,626 muertos (un millar más que el año anterior), 2,213 heridos y 1,494 secuestrados, según datos verificados por la ONU.
A finales de marzo pasado, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, informó de que al menos 4,239 personas fueron asesinadas y 1,356 heridas en Haití entre julio y febrero pasados con armas que llegan ilegalmente del extranjero, pese al embargo de armamento impuesto por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.