La Debilidad Institucional Dominicana se observa con mayor preocupación en la judicatura nacional.

Es más que preocupante la debilidad institucional que se observa en el sistema de justicia, cuyos jueces poco les importa la prisa con que conocen los casos y la prohibición de que los abogados postulen en favor de sus clientes.

El Estado dominicano parece no tener la fortaleza para sobreponerse a distorsiones que se han convertido en una cultura en la República Dominicana, donde la forma festinada en que los jueces manejan los casos llama poderosamente a la  preocupación.

Generalmente los jueces en los tribunales inferiores, es decir, los de primera y segunda instancia no estudian los expedientes y recurren a lo que ha generado quejas desde hace muchos años como es la mora judicial, ya que no permiten que los casos se ventilen con cierta tranquilidad y los reenvían sin que exista ninguna justificación para ello.

Otro elemento preocupante es que los jueces llegan a las audiencias sin conocer los expedientes y cuya anormalidad  deja muy mal parada a la justicia, porque durante el conocimiento de los mismos queda claro que no conocen las litis que pretenden arbitral.

Esta grave deficiencia no permite que el juzgador pueda determinar quién tiene la razón, porque generalmente ni las pruebas son ponderadas por el juez, lo cual pone en peligro  todo el estado de derecho y en consecuencia a la democracia.

Esta falta de seriedad con que se manejan los casos en los diferentes tribunales inferiores del país provoca la comisión de una gran cantidad de injusticias y de mala aplicación de la ley, así como de la violación de derechos fundamentales.

La crisis a este respecto afecta a unos distritos judiciales más que otros, por ejemplo el de la provincia de Santiago, llega a unos niveles que los jueces no acogen las jurisprudencias sentadas por los tribunales superiores como el Constitucional y la Suprema Corte de Justicia.

En el marco de la improvisación y la falta de estudio de los expedientes de los jueces no se permite que los abogados desarrollen su defensa y la decisión de los mismos son el resultado de una interpretación incorrecta de las doctrinas y las leyes en materia civil ordinario, inmobiliario e incluso penal, aunque en menor medida.

Son diversos los casos que son reenviados para dentro de tres y hasta seis meses sin que haya una razón que lo justifique, lo cual lesiona el debido proceso y el derecho a la defensa.

El Consejo de Poder Judicial parece no darse cuenta de la gravedad del problema, porque no se observa ninguna medida para corregir la irregular situación.

Otro aspecto peligroso y preocupante es que los tribunales de primera y segunda instancia no toman en cuenta o se niegan a asimilar las sentencias del Tribunal Constitucional, sobre todo aquellas que ya cuentan con una interpretación de la alta corte y cuya aplicación es transversal a todos los poderes públicos.

La rutina, la incapacidad, la complicidad y la no existencia de un régimen de consecuencia hace que los jueces actúen en función de sus caprichosas interpretaciones de las leyes, lo cual parece convertirse en una amenaza para la armonía social y el estado de derecho, así como de la democracia.