La delincuencia se apropia de las calles y se lleva de paro la convivencia nacional y el estado de derecho

Por Elba García

Como si se tratara de un disco rayado, todos los días se repiten las graves implicaciones que tienen la impunidad, la cual  se deriva de la falta de institucionalidad del Estado que permite  que sea   un problema que abarca a todas las instancias de la judicatura nacional.

La impunidad comienza por un Ministerio Público que carece de metodología de investigación, una Policía Nacional que no hace su papel como auxiliar de la justicia y unos jueces que van de caprichosos, corruptos hasta   benignos con el delincuente, ya no importa que sea o no de cuello blanco.

El tecnicismo legal que entorpece una buena administración de justicia y las dificultades y obstáculos que pone en el camino de la investigación el Código Procesal Penal, el cual parece ser un instrumento creado para promover y fortalecer la delincuencia, son de las principales causas de la impunidad.

Los casos que regularmente se quedan en la impunidad dan una idea del problema, cuyas consecuencias son la escogencia por parte de las víctimas de la vía de hecho, hacer justicia con sus propias manos, medidas propias de una sociedad incivilizada, sin autoridades y un Estado sin la capacidad para  poner en acción las fuerzas públicas para imponer la ley y el orden.

La preocupación por el problema en diversos sectores de la vida nacional no pasa de las palabras, mientras el mismo se agiganta y permanentemente pone en peligro, ya no sólo la propiedad privada, sino también la vida de la mayoría de la gente.

En el devenir del tiempo la gente luce cada más impotente frente a los avances de la delincuencia, avalada por las diferentes instancias de la justicia, como la administrativa y la jurisdiccional, cuyos responsables mandan a las calles al que atraca a mano armada y al que tiene su propia ley, la cual no tiene nada que ver con los intereses colectivos.

Hoy la República Dominicana ha llegado a un nivel de impunidad que todo el mundo está en peligro, porque en la medida en que la Policía Nacional y el Ministerio Público no funcionan y los jueves venden sus sentencias, apelan a tecnicismos legales o sencillamente son benignos con el delincuente, en esa misma proporción permite que el anti-social se apropie de las calles y pongan en peligro el estado de derecho, la tranquilidad ciudadana y  la convivencia nacional, lo que  resquebraja la gobernabilidad y la democracia.