Los avances institucionales y democráticos de la sociedad dominicana constituyen una mentira, como se puede observar en una serie de detalles, principalmente en el campo electoral.
Regularmente se dice una cosa, pero cuando cualquier persona escudriña se da cuenta de inmediato de que se trata de vender una imagen falsa hacia fuera, pero que la misma evidencia de que no se corresponde con la verdad.
Se trata de una verdadera falsa, la cual obedece a un asunto con profundas raíces culturales y que viene desde el mismo nacimiento de la nación en el año 1844, cuyo modelo de gobierno impuesto en el país fue la democracia representativa a pesar de que de que éste no guarda ninguna relación con un país subdesarrollado.
Esa mentira impuesta desde hace muchas décadas ha representado una verdadera desgracia nacional, lo cual puede ser comprobado con el desastre que hoy representa la Junta Central Electoral (JCE), la cual actúa al margen de las normas jurídicas sobre la materia, cuya función tiene tantas deficiencias que en vez de ayudar a la democracia lo que hace es que la degrada y la atropella.
Para muestra de esta realidad sólo basta un botón, ya que la JCE acaba de admitir que no conoce lo decidido en términos de precampañas electorales por el Tribunal Constitucional.
Es una vergüenza escuchar decir al presidente de la JCE, Román Jáquez, que el Pleno del referido órgano va a proceder a estudiar las sentencias del T.C., lo cual se parece mucho al joven que cruza en un aula de clases por delante del profesor y después le pide disculpa y también aquella muy famosa de que el dominicano le pone candidato a la casa después que le roban.
En realidad, la JCE constituye un gran fiasco de la democracia nacional, cuyos incumbentes no bien llegan a la posición dejan lo suficientemente claro de que no tienen la responsabilidad que demanda el cargo, pero además de que carecen de la formación necesaria para dirigir un órgano tan importante para consolidar la democracia.
Lo más hermoso sería que luego de la resolución de la JCE que amenaza con sanciones en contra de los partidos, el TC le dé la razón a la partidocracia, porque entonces esa circunstancia la legitima para que siga, ya no sólo sustrayendo los fondos que entrega el Estado, sino para que continúe en el camino de acabar con el país.
Este periódico no ha querido entrar en el análisis de las sentencias del Tribunal Constitucional en términos preelectorales, porque en realidad hay que darle la oportunidad a que la JCE consolide su tollo, ya sea dándoles la razón a los partidos políticos o que se desdiga como una forma de reconocer que es un verdadero fiasco nacional.
Y eso que todavía falta mucho por conocer de los errores y los malos pasos de la Junta Central Electoral (JCE), cuyos funcionarios vomitan sus pecados sin que se les pregunte sobre ellos.