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La desesperación de los beneficiarios del TPS clama al Congreso de EE.UU.

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Hasta la fecha, la Administración ha suprimido los permisos para Haití, Nicaragua y El Salvador, y ha dejado para otro momento la decisión sobre Honduras.

WASHINGTON. La desesperación, la angustia y la incertidumbre de los beneficiarios del estatus de protección temporal (TPS) clama ante el Congreso de EE.UU. en busca de una solución urgente y permanente como parte de la reforma migratoria.

“Si quieren sacar a mi madre del país tendrán que hacerlo por encima de mi cadáver”, aseguró hoy a Efe Benjamin Connor, un ciudadano estadounidense de 21 años, hijo de una beneficiaria de este programa.

El TPS es un estatus migratorio que el Gobierno de Estados Unidos ofrece a inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a su país debido a desastres naturales o conflictos civiles, y que protege actualmente a más de 300.000 personas, la mayoría centroamericanos.

Como parte de una oleada de concentraciones en el país, más de un centenar de personas acudieron hoy a las instalaciones del Capitolio en Washington para clamar ante los legisladores y pedirles que introduzcan en las negociaciones migratorias una solución permanente para los llamados “tepesianos”.

La rabia y el miedo, reflejados en unos ojos enrojecidos y vidriosos, acompañan a Connor en sus palabras cuando reflexiona sobre la idea de que su madre hondureña sea deportada del país que le concedió TPS en 2001.

“La posibilidad de que le vayan a patear fuera del país, a pesar de que ha hecho tanto bien a EE.UU., es algo que me asusta hasta la muerte”, afirmó Connor sobre su madre, que acumula años de trabajo en un hospital de Los Ángeles, California.

A pesar de que Honduras no está entre los países a los que el Gobierno de Donald Trump ha cancelado este programa, la madre de Connor siempre le pregunta “¿qué vamos a hacer?” si llegado el momento, su TPS fuese cancelado.

Hasta la fecha, la Administración ha suprimido los permisos para Haití, Nicaragua y El Salvador, y ha dejado para otro momento la decisión sobre Honduras.

También 21 años tiene Carlos Galán, que llegó a Estados Unidos antes de cumplir su primer año en 1997 y que ahora defiende sus derechos, los de su madre y los de quienes también son beneficiarios del TPS.

“Si nos tocara regresar a El Salvador no sabríamos adonde ir. Mi madre lo dejó todo, allí no tenemos familia. Esta es nuestra familia, está aquí, esto es nuestra vida”, incidió a Efe el joven salvadoreño.

Galán no concibe la idea de volver a su país de origen con su madre y teme por su seguridad en este territorio en caso de que tuviera que regresar: “Honestamente, no sé si sobreviviría un año allí”, dijo.

La preocupación de Galán, que tiene un hermano nacido en Estados Unidos, se basa en las condiciones en las que su padre tuvo que abandonar el país entonces, ya que recibió asilo a causa de las amenazas de muerte que recibía ejerciendo como Policía.

“Somos estadounidenses, la única diferencia es que no tenemos la ciudadanía”, lamentó, por su parte, Nancie Adolphe, “tepesiana” procedente de Haití que teme al “limbo” en el que viviría si no se alcanza una solución para el programa.

Por su parte, Reina Soto, también salvadoreña y beneficiaria del TPS, enfatizó que no han llegado a territorio estadounidense “como delincuentes” sino que migraron “para tener una mejor vida, para ayudar a nuestras familias”, y reclamó al Poder Legislativo y Ejecutivo que lo tengan en cuenta.

Soto también destacó la incapacidad de los países emisores para acoger de vuelta a aquellos poseedores del estatus que se vieran forzados a volver a su lugar de nacimiento: “No lo estaban cuando nos fuimos y mucho menos ahora”.

Mientras la Acción Diferida (DACA) -programa que protege de la deportación a jóvenes indocumentados que llegaron al país como niños- ha centrado el debate sobre la reforma migratoria, los “tepesianos” piden no ser olvidados y que su plan esté sobre la mesa.

Precisamente, la reforma migratoria es uno de los aspectos que está complicando la aprobación de los presupuestos federales debido a las diferencias entre demócratas y republicanos, además de las peticiones de refuerzos en la seguridad fronteriza que entona personalmente el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Javier Pachón Bocanegra

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Internacionales

Polémicos indultos de Trump: Narcos, corruptos y estafadores

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Por EFE

WASHINGTON.- Los indultos al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y al congresista Henry Cuéllar son los dos últimos añadidos a la larga lista de polémicos indultos presidenciales de Donald Trump en el último año y que han puesto en tela de juicio el uso de esos perdones por razones de afinidad política o por la falta de coherencia en su campaña contra las drogas.

Según un análisis publicado este lunes por el Washington Post, el mandatario ha concedido clemencia a al menos 10 personas por delitos relacionados con las drogas desde el inicio de su segundo mandato, como al líder de una pandilla de Chicago Larry Hoover y al capo de la droga de Baltimore Garnett Smith.

Juan Orlando Hernández

El caso más reciente es el indulto total al expresidente hondureño, condenado a 45 años de cárcel por cargos de narcotráfico, con el argumento de que su procesamiento había sido una «trampa» de la administración del expresidente Joe Biden.

Críticos han cargado contra Trump por considerar «hipócrita» la liberación de una persona acusada de narcotráfico mientras eleva la presión en Latinoamérica con sus acciones contra las supuestas narcolanchas vinculadas al Tren de Aragua o al Cartel de los Soles.

Ross Ulbricht

El creador del mercado web ilegal Silk Road, Ross Ulbricht, había sido condenado a cadena perpetua en 2015 con cargos de narcotráfico, conspiración y fraude informático. A su regreso a la Casa Blanca, el republicano le concedió el indulto.

Liz Oyer, abogada de indultos bajo la Administración de Trump antes de que él la despidiera, aseguró al Washington Post que estos dos casos son una muestra de «la erosión de un sistema donde cada vez pesan más el dinero y la influencia política».

Pero en esta lista de nombres no solo se encuentran condenados por tráfico de drogas.

Henry Cuéllar

La supuesta persecución política de Biden también fue el motivo que el mandatario alegó para indultar la pasada semana al congresista demócrata de Texas Henry Cuéllar, acusado en mayo de 2024 de aceptar 600,000 dólares en sobornos de un banco mexicano.

Cuéllar, miembro del Congreso por el partido demócrata desde 2005, cargó abiertamente contra la política migratoria de Biden y se alineó con posturas más cercanas a las que ahora defiende Trump.

George Santos

En octubre pasado, el presidente conmutó la sentencia del excongresista republicano de Nueva York George Santos, condenado a más de siete años de prisión por fraude y robo de identidad agravado por el mal uso de fondos de campaña para disfrute personal.

Trump describió a Santos como alguien que suele ser «un poco pícaro» pero dijo que hay muchos pícaros en el país y que no por ello están obligados a pasar siete años en la cárcel. Santos es conocido por sus comentarios polémicos sobre corrupción y migración y acumula diversas denuncias en su carrera.

David Gentile

David Gentile, director ejecutivo de una empresa de capital privado condenado a siete años de cárcel por fraude de valores, acababa de entrar en prisión cuando también recibió la clemencia de la Casa Blanca.

El expropietario de GPB Capital Holdings fue sentenciado por estafar alrededor de 1,600 millones de dólares a más de 10,000 inversores.

Changpeng Zhao

Trump indultó el pasado 23 de octubre al cofundador de la plataforma de criptomonedas Binance Changpeng Zhao, condenado por blanqueo de dinero.

El caso tuvo especial relevancia ya que, desde el regreso del neoyorquino a la Casa Blanca, Binance se ha convertido en un importante apoyo para la empresa de criptomonedas World Liberty Financial, fundada por la familia de Trump.

Participantes en el ataque al Capitolio de 2021

El primer día de su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, Trump indultó a todos los condenados o pendientes de sentencia por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, incluidos aquellos acusados de sedición.

A estos polémicos indultos se suman casos como el de Joseph Shwartz, un magnate estadounidense condenado por fraude que, según informó el Washington Post, llegaría a pagar cerca de 1 millón de dólares a un lobby con la esperanza de obtener clemencia. La Casa Blanca le concedió el indulto, pero negó lazos con estos grupos de interés.

En manos del presidente, los perdones presidenciales, alrededor de 1,600 en 2025, se han convertido en una especie de termómetro del poder y, para muchos críticos, una práctica de «pago por clemencia» que sigue sumando nombres a la lista.

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Internacionales

Latinoamérica mira a China ante el impacto del «meteorito Trump»

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Londres (EFE).- América Latina tenderá a reforzar sus vínculos con China, ya consolidada como principal inversor de Sudamérica, si el Gobierno estadounidense de Donald Trump insiste en una política «punitiva» y sin incentivos para la región, declaró este martes a EFE Daniel Linsker, directivo de la consultora Control Risks.

Linsker evaluó el impacto del «meteorito Trump» en la presentación en Londres del informe ‘LatAm Outlook 2026’ del centro de estudios británico Canning House, que analiza los desafíos y oportunidades para el subcontinente.

El analista explicó que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Washington vuelve a colocar al «hemisferio oeste», o América, en el centro, pero no desde la cooperación sino desde la presión: sanciones, designación de carteles como terroristas y la exigencia de definir una política sobre China.

«Si EE.UU. no ofrece algo positivo, la región simplemente seguirá donde ya está: con China», afirmó.

El ‘shock’ de un ataque a Venezuela

El experto advirtió además de que un eventual uso de ataques aéreos selectivos contra Venezuela para desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro tendría un impacto psicológico y político «muy fuerte» en toda América Latina.

«El día que haya bombardeos en la región, Estados Unidos perderá una enorme legitimidad: sería un golpe muy duro a su poder blando y empujaría aún más a los países latinoamericanos hacia China», dijo a EFE.

El informe subraya que el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 marcó «un cambio significativo» en la política estadounidense hacia América Latina, con un enfoque «más asertivo».

Según el estudio, los líderes latinoamericanos respondieron de distintas maneras, dado que las divisiones internas impidieron una postura unificada.

Mientras algunos, como Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina, se alinearon estrechamente con el líder republicano, otros, como Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y Gustavo Petro en Colombia, adoptaron enfoques más pragmáticos u opositores.

Oportunidad en la diversificación

Ante las presiones de Trump y la creciente influencia de China, muchas naciones latinoamericanas buscan ahora «diversificar sus relaciones internacionales», con la mira en países del Golfo, India y el sudeste asiático, aunque el potencial para el intercambio comercial, por el tipo de productos, es limitado, indica el documento.

Al mismo tiempo, América Latina, rica en recursos alimentarios y energéticos, atrae inversión de otros países en vías de desarrollo, como Vietnam, lo que «refleja un cambio en la dinámica económica mundial».

Según el informe, Latinoamérica mantendrá una expansión moderada en 2026, con Argentina proyectando un crecimiento del 3,9 %, Brasil un 1 %, Colombia un 1,9 %, México un 1,3 %, Chile un 1,7 % y Perú un 2,6 %.

Los autores subrayan que la región tiene «potencial para revitalizar su economía», impulsada por la demanda de alimentos y minerales estratégicos, así como por oportunidades vinculadas a la transición energética.

No obstante, el estudio alerta sobre la persistencia de riesgos de seguridad, con violencia organizada y grupos criminales en países como México, Colombia, El Salvador o Ecuador, lo cual, dicen, «dificulta la gobernabilidad y afecta la inversión».

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Internacionales

Hamás afirma que no habrá segunda fase de la tregua mientras Israel incumpla la primera

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EFE
Husam Badran, alto cargo de Hamás, afirmó este martes que Israel no está aplicando los compromisos de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza y sostuvo que no puede abrirse la negociación sobre una segunda etapa mientras persistan dichas violaciones, según un comunicado publicado en sus canales.

«Cualquier discusión sobre la segunda fase debe ir precedida de una clara presión sobre la ocupación por parte de los mediadores, Estados Unidos y todas las partes pertinentes, para garantizar la plena implementación de todas las disposiciones de la primera fase«, afirmó Badran en la nota.

Además, rechazó las declaraciones del jefe del Estado Mayor israelí, teniente general Eyal Zamir, quien aseguró este domingo que «la línea amarilla es una nueva línea fronteriza» en Gaza.

Según Badran, este planteamiento evidencia el incumplimiento por parte de Israel de los compromisos pactados para la primera fase del plan de paz para Gaza propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Entre estos incumplimientos, mencionó el cierre del cruce de Rafah en ambos sentidos, las trabas a la entrada de tiendas de campaña y caravanas para desplazados, y la reducción de la ayuda humanitaria que llega a la Franja, además de la continuidad de las operaciones del Ejército israelí sobre el terreno.

Badran agregó que la demolición de viviendas palestinas dentro de la denominada línea amarilla constituye la prolongación de acciones militares que, según dijo, debían haber cesado desde la entrada en vigor del acuerdo.

Los principales organismos de derechos humanos ven poco probable que Israel retire de Gaza todas sus tropas teniendo en cuenta que el Gobierno de Netanyahu siempre se ha opuesto a ello argumentando que es la única manera que tiene de garantizar la seguridad de la comunidades fronterizas con el enclave.

Israel anunció el pasado martes que reabrirá el cruce de Rafah (sur de la Franja de Gaza) durante los próximos días para permitir la salida de gazatíes a Egipto, según un comunicado oficial de COGAT, el organismo militar israelí que gestiona asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, han muerto al menos 70,336 palestinos en ataques israelíes y más de 171,064 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según datos del Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

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