Economía
La DGII obliga al subsector carne bovina a retener un 1% de renta de vendedores informales
Santo Domingo, R.D.-Mediante una disposición oficial, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) obliga a los productores ganaderos y vendedores de carne bovina a convertirse en agentes de retención del 1% del monto facturado a personas y negocios informales, correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR).
En su artículo 8, la normativa de la DGII, explica respecto a la Facturación Electrónica, que las personas jurídicas designadas como agentes de retención deberán estar en ese sistema.
Solo deja exento de la norma a los agentes de retención que sean emisores electrónicos o se encuentren dentro del plazo establecido en la Ley 32-23 de Facturación Electrónica.
Esta disposición, también forma parte de los trabajos que han resultado de modelos tecnológicos avanzados como “machine learning” y sobre lo que se infiere que han detectado una alta informalidad en el sector de la agropecuaria.
Asimismo, la DGII tomó en consideración el interés del estado de permitir el desarrollo del subsector de ganadería d carne bovina, “sin que el cumplimiento de sus obligaciones tributarias altere sus condiciones económica pero garantizando la incorporación de las nuevas acciones que permitan fomentar la formalización de las personas que se dedican a las actividades del citado subsector”.
En su artículo 1, la normativa plantea el objetivo de establecer agentes de retención al subsector de ganadería de carne bovina.
En su artículo2 señala el alcance de la disposición: “Están alcanzados por la presente Norma General las personas físicas que vendan bienes o productos cárnicos del subsector de ganadería y producción de carne bovina”.
Además, agrega, “se encuentran sujetos a las disposiciones de esta Norma General las personas jurídicas que adquieran bienes o productos cárnicos de dicho subsector, quienes fungirán como agentes de retención”.
Dentro de su disposición que, consta de once artículos, el artículo 6 explica sobre el tratamiento del Comprobante de Compras, que se permitirá a las agentes de retención la recurrencia de su uso con una misma cédula de identidad cuando adquieran de personas físicas no formalizadas bienes o productos cárnicos del subsector de ganadería y producción de carne bovina siempre que se realice la retención prevista.
Sobre la retención, indica en su artículo 7 que esta constituirá un pago a cuenta del ISR únicamente en los casos en el que el contribuyente objeto de la retención se formalice como persona física en la DGII, el cual podrá ser usado en la Declaración Jurada de Impuesto Sobre la Renta de su primer ejercicio fiscal.
De igual modo, precisa que la medida aplica a partir del establecimiento actual de los agentes de retención, por lo que no aplica para ejercicios anteriores.
Suelto
Inobservancias
La DGII señala que habrá sanciones ante la inobservancia de la Norma General 04-2025, en atención al Código Tributario, al considerarse un incumplimiento de los deberes formales, contenidos en los artículos 50 y 253.
Entrada en vigor
De acuerdo con el aviso oficial, la referida normativa entrará en vigor a partir de tres meses de esta publicación , sin perjuicios de los plazos indicados en el artículo 8, que refiere a la Facturación Electrónica, que también da un plazo de tres meses para que las personas jurídicas designadas como agentes de retención a soliciten ser emisor electrónico.
Economía
Cámara Americana sugiere al USTR reconsiderar cargos por servicios marítimos en comercio de bienes
En una carta formal al Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), AmchamDR comunicó su inquietud respecto a los cargos por servicios a los operadores de buques chinos de hasta un millón de dólares por escala en puertos estadounidenses, así como el cobro a las compañías navieras que utilizan buques construidos en China, de hasta 1,5 millones de dólares por escala.
El mes pasado, el Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) propuso varios cargos por servicios portuarios, de hasta $1.5 millones de dólares por barco, para embarcaciones construidas en China, manejadas por operadores chinos, dependiendo de la composición de sus flotas o pedidos prospectivos de barcos chinos, que, según dijo, ayudarían a remediar las prácticas desleales utilizadas por China para convertirse en un jugador dominante en las industrias de construcción naval y marítima.
Las medidas propuestas forman parte de una investigación sobre esas prácticas lanzada el año pasado por USTR bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, tras una petición presentada por varios sindicatos importantes de EE.UU.
La principal preocupación articulada por AmchamDR es que economías más pequeñas como la República Dominicana se vean en desventaja competitiva frente a economías más grandes con capacidad de ser atendidas por una mayor escala de embarcaciones.
Las importaciones que llegan en barcos grandes a EE. UU. desde Asia con más de 10,000 contenedores pudieran tener un costo incremental de aproximadamente $100 – $150 dólares por contenedor, mientras que los barcos más pequeños del tipo que sirven a la República Dominicana y otros países de la región (200 – 1,000 contenedores) pudieran ser impactados hasta con $7,500 dólares adicionales por contenedor.
«Si bien desde AmchamDR apoyamos el objetivo a largo plazo de fortalecer la industria de construcción de buques de EE. UU., a corto plazo estas tarifas por servicios portuarias tendrían un impacto muy negativo para muchos de nuestros miembros, incluidas las líneas navieras, los puertos, las empresas estadounidenses que operan en la República Dominicana y los importadores de productos estadounidenses como petróleo, Gas Natural Licuado, carbón, maquinarias y productos agrícolas», afirma.
Esperan que USTR considere alternativas a corto y largo plazo a las tarifas de servicios propuestas y los umbrales de exportación según el origen de los barcos de una manera que no afecte negativamente las exportaciones de EE. UU., a los transportistas estadounidenses y a las empresas estadounidenses que operan en la República Dominicana.
SANTO DOMINGO. – La Superintendencia de Bancos (SB) invitó a los profesionales del ámbito financiero y al público en general a participar en la consulta de la reforma del reglamento de protección a usuarios.
Este nuevo instrumento, presentado el 3 de marzo, procura una transformación del Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros, aprobado por dicho órgano en 2015.
PROPUESTAS DE CAMBIOS
La propuesta plantea un mayor control sobre el diseño de los productos financieros, las ofertas y la publicidad.
De ser aprobada la pieza, los ciudadanos que no reconozcan un consumo de sus productos financieros tendrán el derecho a no pagar el monto reclamado mientras la solicitud se encuentre en proceso.
También ampliará el plazo para presentar reclamaciones ante la SB y plantea que se establezca un término, a partir de la firma de los contratos de adhesión, durante el cual los usuarios puedan retractarse.
El proyecto sugiere prohibir las barreras administrativas que impiden la cancelación o cambio de productos, así como las cláusulas que permiten la modificación arbitraria de las tasas de interés.
La iniciativa asigna a las entidades de intermediación financiera la responsabilidad por el buen comportamiento de sus representantes y terceros contratados en el proceso de cobro de deudas.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO
El documento íntegro se encuentra disponible en el portal de la SB, sb.gob.do, así como en el portal del Banco Central.
Los interesados en opinar pueden socializar sus aportes a la Gerencia del Banco Central o la Superintendencia de Bancos, a través de fin.normativa@bancentral.gov.do y del correo regulacion@sb.gob.do, respectivamente.
agl/of-am
Santo Domingo, R.D.-La reducción de las tasas de interés en el país, prevista para los próximos meses por efecto de trasmisión de la tasa de referencia de política monetaria en el sector inmobiliario, agilizará las inversiones, y las compras y alquileres de edificaciones residenciales, comerciales y turísticas, en opinión del presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias (AEI), Alberto Bogaert.
El presidente de la AEI, que agrupa a 230 empresas e impacta a 3,500 agentes inmobiliarios en el país, afirmó que ese sector junto al de la construcción son de grandes aportes a la economía.
Bogaert dijo que el mercado se ha estabilizado, y que luego de la pandemia ha vuelto a la velocidad que exhibía.
“Se prevé que en los próximos meses las tasas de interés vayan bajando y esto hará que el mercado vuelva a dinamizarse más”, manifestó Bogaert el precisar que el mercado es dinámico, ya que la gente siempre compra, se casa y alquila, el comercio hace inversiones. El negocio no para, agregó.
Sobre el dólar dijo que el comportamiento de la divisa impacta los costos, por el movimiento de precios de los materiales e insumos importados, pero en general está en un nivel manejable.
La AEI cumple 36 años de fundada en octubre próximo. Es miembro de CITA (Confederación Inmobiliaria Latinoamericana), agrupación que reúne a 700,000 miembros de 18 países de América Latina. En 2024, la AEI ocupó la vicepresidencia de la NAR (National Association of Realtors) de Estados Unidos, entidad que agrupa a más 1 millón de agentes inmobiliarios.
Enfatizó que los pronósticos que se tienen es de seguir avanzando, ya que hay muchos proyectos en el mercado nacional, en cualquier zona y provincia, entre las que citó a proyectos hoteleros y residencial y comercial en Punta Cana, el Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega y San Francisco de Macorís, de forma impresionante.
Las edificaciones de lujo también han crecido, y esto es porque tienen mercado, especialmente en zonas como la Avenida Anacaona y Piantini.
El presidente de la AEI sugiere a los compradores contactar a un miembro de una empresa de la AEI, a un abogado que revise la parte legal o contrato y hacer negocios con constructores o desarrolladores de gran trayectoria.
Llamó a los residentes en el exterior a que si asumen esas medidas pueden hacer sus inversiones libres de riesgos. Indicó que los que han dado esos pasos no han tenido problemas.
Sostuvo que los casos de estafas no son representativos, y se denunciaron en 3 ó 4 proyectos, por lo que se pueden catalogar como casos aislados fuera de empresas, desarrolladores o miembros de la AEI, sino de estafadores como en cualquier otro sector.
Adelantó que próximamente la entidad lanzará junto a los constructores un programa de adquisición de vivienda de forma segura, el cual será anunciado prontamente.
Además están exigiendo a los nuevos, a los principiantes en el sector, a que formen parte de un fideicomiso, de una fiduciaria para mayor seguridad de los adquirientes.
Los agentes y empresas inmobiliarias son intermediarios, la parte comercial de los constructores tanto para la venta como para los alquileres.
También trabajan con propietarios, en proyectos en construcción, reventa o alquileres de solar, casa o apartamento.
En el área comercial trabajan con comercios, zonas francas, logística y otros, además de que en la AEI los miembros tienen segregadas sus áreas de especialización en inversiones, residencial, AIRBNB (renta corta); y en segunda vivienda.
A nivel nacional, la AEI tiene representaciones en Santiago, para la zona Norte; y en Punta Cana, para la zona Este, además de su oficina en Santo Domingo. Recientemente, informó Bogaert, abrieron una oficina en las zonas turísticas de Samaná, en Las Terrenas, próximamente abrirán una en Puerto Plata y se está trabajando para abrir una en la región Sur que abarcará a San Cristóbal, Azua, Barahona y Pedernales.