Análisis Noticiosos
La elección del PRM podría ser definitoria
Por Juan Bolívar Díaz
La elección de su candidato presidencial hoy domingo representa un gran desafío para el nuevo Partido Revolucionario Moderno (PRM) cuyo éxito podría representar una nueva ilusión política democrática en un panorama caracterizado por la concentración del poder, crisis del sistema político y la desesperanza de la ciudadanía.
El éxito de su prueba electoral ratificaría la reducción del viejo Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y abriría espacio para un amplio frente de oposición que equilibraría la competencia política, pero su fracaso ratificaría la dominación absoluta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
En el sendero del éxito. No se le ha reconocido suficientemente, debido a la desilusión en el funcionamiento democrático de los partidos políticos, y porque los usufructuarios del poder y su amplio aparato comunicativo prefieren y alientan la actual dispersión de la oposición política, pero los dirigentes del PRM llegan hoy a su votación primaria transitando un camino exitoso.
Fue en apenas nueve meses, desde que la Alianza Social Dominicana (ASD), nutriéndose de la crisis del PRD, cambió su nombre por el de Partido Revolucionario Moderno el 5 de julio del 2014, que logró establecer estructuras en los 156 municipios y 234 distritos municipales, así como en decenas de zonas en las mayores concentraciones urbanas del país.
Esa amplia organización territorial fue posible porque contó con la integración de miles de militantes y dirigentes perredeístas que abandonaron el más antiguo partido del país, en la peor división de su historia de tres cuartos de siglo. Pero ha sido relevante que el proceso culminó sin mayores escándalos y pocas divergencias por los cargos, con la excepción de Tony Peña Guaba, quien prefirió retornar al PRD, tras no conseguir la secretaría general del nuevo partido.
El éxito se debió a que en la mayoría de los casos, y a todos los niveles, se ratificaron en el PRM los cargos que ostentaban en el viejo partido, pero también a la convicción de que no podían repetir los arrebatos y confrontaciones en que degeneró el perredeísmo, y a que Hipólito Mejía y Luis Abinadcer, quienes obtuvieron el 47 por ciento de los votos encarnando la candidatura presidencial del PRD en el 2012, arrastraron una alta proporción de sus cuadros y se propusieron dar ejemplo de concertación.
Entre Hipólito y Abinader. Aunque también la abogada Geanilda Vásquez y el politólogo Amaury Justo Duarte compiten por la candidatura del PRM, la apuesta es casi absolutamente entre Abinader y Mejía, como lo han mostrado las encuestas del último año, que han otorgado mayores preferencias al economista, aunque ambos han asegurado que saldrán victoriosos, con el primero presentando en público mayores apoyos internos y externos, pero al segundo se le atribuye la ventaja de la experiencia política.
Las últimas seis encuestas Gallup-HOY, desde abril del 2013 a febrero 2015, han otorgado progresiva ventaja a Luis Abinader para la candidatura presidencial, primero por el PRD y luego por el PRM, tanto en el universo de los encuestados como entre quienes se manifestaban simpatizantes o partidarios. En febrero pasado 44.8 a 15.5 en la totalidad y 69 a 28 por ciento entre perremeístas.
Sin embargo, otra encuesta acreditada, la Penn, Schoen Berland, publicada por Noticias SIN en marzo, presentaba un resultado dividido y menos dispar: Abinader preferido 42 a 38 por ciento en el universo, pero Mejía lo superaba 52 a 45 por ciento entre quienes simpatizaban por el PRM. En la Encuesta Greenberg-Diario Libre, entre probables votantes Abinader supera a Leonel Fernández en hipotética segunda vuelta 46 a 43 por ciento, mientras Mejía casi empata 42 a 43 por ciento.
La generalidad de las encuestas ha favorecido las posibilidades de Luis Abinader por la baja tasa de rechazo que registra, sólo comparable con la del presidente Danilo Medina, que ha liderado en todas. En cambio Mejía ha competido con Leonel Fernández en las más altas tasas de rechazo. Y mucho más joven y más cercano a la sociedad civil, Abinader aparece con mayores posibilidades de encarnar un frente opositor, aunque Hipólito es más carismático, lo que lo acerca más a los sectores populares mayoritarios.
Podría definir el panorama. Hay concierto entre analistas en que la convención del PRM este domingo 26 podría definir el panorama electoral de cara a los comicios del año próximo. Si no arroja un claro ganador y hay conflicto, se afianzará la ausencia de expectativa y el pesimismo generalizado de que no hay posibilidad de disputar el poder al PLD y por lo menos equilibrar su dominio legislativo.
Si el resultado de la primaria perremeísta es claro y se cumple de inmediato el compromiso firmado el jueves por los precandidatos de que “el triunfo de cualquiera será el triunfo del partido” y que “primará en sus actuaciones la visión del bien general de la nación y de la democracia dominicana”, quedaría abierto el camino para constituir la anunciada “Convergencia por un mejor país” como alternativa electoral.
Un éxito democrático en el PRM generaría ilusión de oposición y repercutiría en la lucha interna del PLD, acentuando la tendencia de los peledeístas a irse por el “camino seguro” de la reelección, pero al mismo tiempo le haría más difícil conseguir votos para modificar la Constitución entre los 78 diputados perredeístas y perremeistas. También pondría en mayores dificultades al PRD y su candidato, Miguel Vargas Maldonado, ya reducido a preferencias de un solo dígito en las encuestas y hasta a 3-4 por ciento. Incentivaría el trasvase de perredeístas, muchos buscando candidaturas a los 4 mil 100 puestos electivos a disputarse el 15 de mayo del 2016.
Institucionalidad y jubilaciones. El fracaso del PRM facilitaría que parte de sus diputados y los del PRD acepten las ofertas de negociar su apoyo a la reforma constitucional para la reelección, aunque también podría alentar a la tendencia de Leonel Fernández sobre la base de que “no hay oposición que impida el triunfo del PLD”. Quedarían todavía otras opciones emergentes, como la de Guillermo Moreno y su Alianza País, que registra crecimiento en las encuestas, pero aún sin el reconocimiento legal, con poco tiempo para levantar este año una estructura nacional y con ínfimos recursos para competir.
La convención de hoy no sólo podría definir la suerte del PRM, sino también romper el limitado dilema Danilo/Leonel y señalar la suerte inmediata y de mediano plazo de la institucionalidad democrática nacional ahora mismo en ascuas por un nuevo proyecto reeleccionista cuyo éxito parece depender, como siempre en la historia nacional, de la debilidad de las instituciones nacionales, incluyendo los partidos, y de la capacidad para comprar y corromper voluntades políticas y legislativas.
El triunfo de Luis Abinader podría hasta definir también la jubilación de Hipólito Mejía, Miguel Vargas y Leonel Fernández. En cualquier caso el economista, con menos de 50 años, quedaría en el campo de batalla al igual que Guillermo Moreno.-
El desafío del padrón
El expresidente Mejía y el economista Abinader se han disputado con mucha altura la candidatura presidencial perremeísta, cuidándose de aparecer muchas veces juntos, no descalificarse ni ofenderse, preconizando entre sus seguidores que se necesitan mutuamente si quieren recobrar la credibilidad que perdieron por las extremas confrontaciones escenificadas en el partido de donde provienen.
Se vaticinaba que sería imposible que en pocos meses pudieran elaborar un padrón para escoger candidatos para los comicios del año próximo, Rescataron uno de los viejos padrones perredeistas depositados en la Junta Central Electoral, del cual excluyeron los que figuran en los listados de los partidos mayoritarios cruzándolos informáticamente. Y abrieron un período menor de un mes para nuevas inscripciones, que totalizaron unas 300 mil. Cerraron un padrón de 2 millones 100 mil ciudadanos, después de revisiones en municipios, distritos y zonas, sin objeciones ni disensiones significativas. Esperan que entre 500 y 600 mil acudan a las urnas hoy en 2 mil 500 centros de votación.
Pero por encima del optimismo con que se han expresado tanto la Comisión Nacional Organizadora, presidida por Milagros Ortiz Bosch, los dos principales dirigentes del partido, Andrés Bautista y Jesús Vásquez, o los mismos precandidatos, el padrón de electores sigue siendo el talón de Aquiles para el éxito de la convención. Como telón de fondo está la anterior elección primaria del PRD, en el 2011, que constituyó a Hipólito Mejía candidato presidencial para el 2012. El perdedor Miguel Vargas Maldonado aún alega que fue vulnerado por el supuesto voto de entre 200 y 300 mil peledeístas. Una comisión organizadora de tanta credibilidad como la de ahora, entonces presidida por el doctor Enmanuel Esquea, desechó el alegato y aunque pocos le dieron crédito, fue la fuente de la gran división del PRD. Además de la exvicepresidenta Ortiz Bosch, en la organización hay otras personalidades inobjetables como Sonia Guzmán, Hugo Tolentino, José García Ramírez, Antonio Almonte y Antonio Rodríguez.
Análisis Noticiosos
Necesidad de nuevo objetivo de financiamiento climático para América Latina y el Caribe
Los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por la exportación de combustibles fósiles que por enfrentar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad
Por años el cambio climático ha representado una grave amenaza para América Latina y el Caribe. Sin embargo, los retos para atenderlo se han ido acrecentando con el tiempo. Pese a los intentos de varios países para hacerle frente, persisten desafíos para desacoplar sus economías de actividades contaminantes. Así, mientras algunos países profundizan su dependencia a los combustibles fósiles, otros sufren las consecuencias de los impactos negativos de la crisis climática.
De acuerdo con el Índice de Finanzas Sostenibles 2024 (IFS) del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, existe una gran brecha entre los ingresos generados por actividades intensivas en carbono y aquellos destinados a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. En conjunto, los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por actividades relacionadas con la exportación de combustibles fósiles que por temas asociados a la conservación de la naturaleza. Además, destinan 12 veces más recursos a proyectos para la producción de combustibles fósiles que a iniciativas que a las segundas dos iniciativas.
Este desequilibrio refleja la histórica dependencia de la región en sectores como la minería, el petróleo, el carbón y el gas, aunque también representa una oportunidad para reorientar los flujos financieros. Hay que reconocer que la transición a economías bajas en carbono no solo es una cuestión de mitigación del cambio climático, sino también de adaptación, de protección de la naturaleza y de competitividad económica a largo plazo.
A nivel nacional los países de América Latina y el Caribe deben acelerar su transición hacia finanzas más sostenibles. La dependencia económica de las actividades en carbono no solo ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos climáticos internacionales, sino que también exponen a la región a los devastadores impactos del cambio climático, como los desastres naturales y las migraciones forzadas.
El IFS 2024 subraya la urgencia de un cambio radical en la asignación de recursos. Actualmente, la mayoría de los países de la región destinan menos del 1% de sus presupuestos a proyectos que ayudarán a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. El Salvador es una de las pocas excepciones, destinando más del 3% de su presupuesto a iniciativas climáticas y sostenibles, pero muchos otros países permanecen rezagados, lo que limita su capacidad para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.
La tarea no es sólo de los países de la región. Es muy importante que a nivel internacional se tengan compromisos de financiamiento, como la creación de un nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento climático que ayude a los países a financiar acciones urgentes. Este, se ha repetido, no solo debe estar enfocado en la adaptación, sino darse mediante financiamiento público en forma de donaciones para evitar el aumento de los niveles de deuda de los países. Se trata de un nuevo objetivo que se aprobará en la COP29 que se desarrollará en Bakú y que será crítico para incentivar a los países de la región a avanzar hacia finanzas más sostenibles.
La nueva meta de financiamiento climático debe tomar en cuenta estas necesidades y prioridades de los países de la región, como del resto de los países en desarrollo. No debe ser solo un número, aunque sí debe considerar que las necesidades están valuadas en millones de millones de dólares, y ya no solo en miles de millones de dólares. Pero, además, se deben tomar en cuenta aspectos de carácter cualitativo, como mejorar el acceso a dicho financiamiento.
Si bien no hay ningún país que haya logrado armonizar sus finanzas para hacerlas completamente sostenibles, lo cierto es que hay países que han tenido que incrementar sus inversiones públicas en la atención de las pérdidas y los daños causados por el cambio climático, como ha sucedido en países de Centroamérica. Dos ejemplos son el ya citado caso de El Salvador, y el de Guatemala, que presenta una puntuación de 2,6 de 4 puntos en la clasificación de finanzas sostenibles. Esto se debe a que Guatemala ha asignado 35 veces más recursos a actividades que permitirán combatir el cambio climático que a actividades intensivas en carbono; y a que es un país que no depende de la industria fósil para alimentar su economía. No obstante, también presenta retos de acceso a financiamiento climático internacional.
Otros países como Honduras, Jamaica y Panamá también han logrado progresos en cuanto a su asignación de presupuesto público en materia de cambio climático. Esto no quiere decir que no enfrentan retos de acceso a financiamiento internacional, lo que también limita su capacidad de implementación de sus compromisos climáticos adquiridos a nivel internacional.
Brasil y México, las economías más grandes de la región, se encuentran en una posición crítica dentro del contexto de las finanzas sostenibles. Según el IFS 2024, ambos países han obtenido medias y bajas puntuaciones: Brasil, con 2,1 puntos, y México con 1,3 puntos. Estos resultados reflejan una disparidad entre sus ingresos y egresos por actividades intensivas en carbono y el financiamiento asociado a la atención del cambio climático.
En 2023, Brasil generó 33 veces más ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono que por fuentes de financiamiento climático internacional, y destinó 1,5 veces más presupuesto a actividades contaminantes que a iniciativas sostenibles. México, por su parte, se enfrenta a una situación más compleja: generó 57 veces más ingresos por actividades intensivas en carbono, mientras que destinó 28 veces más recursos a sectores contaminantes que para atender el cambio climático.
A pesar de estos desafíos, tanto Brasil como México tienen la oportunidad de liderar un cambio crucial en la región. Debido a su peso económico y su influencia política, ambos países podrían movilizar capital de manera significativa hacia proyectos sostenibles, creando un efecto multiplicador que inspire a otras naciones de la región a seguir el mismo camino. Para lograrlo, es fundamental que alineen sus políticas fiscales con los compromisos climáticos internacionales. Esto implica incentivar el desarrollo de energías renovables y mejorar la eficiencia energética, al tiempo que desincentivan las actividades que perpetúan la emisión de contaminantes.
Los países de la región tienen una oportunidad única de liderar la transición global hacia la sostenibilidad, lo que implicará transformaciones nacionales y apoyo internacional. Por ello, el nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento es crítico para apoyar el aumento de la ambición de acciones climáticas, tanto de mitigación como de adaptación. Para la región es urgente que se apruebe este nuevo objetivo en la COP 29 y seguir impulsando las transformaciones necesarias a nivel nacional. No hay tiempo que perder. Sin meta no hay planeta.
elpais.com
Un estudio revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones -2.500 millones de dólares- respaldan al sector de la soja, del azúcar y el ganadero a través de préstamos a bajo interés
Bogotá.-Cuando habla de deforestación en Bolivia, Matthew Hansen, científico y docente especializado en el mapeo del cambio de cobertura terrestre, define al país como “el lejano oeste” y los datos lo corroboran. Desde 2001 hasta 2022, Bolivia perdió 3,73 millones de hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa 51% de su pérdida total de cobertura arbórea. A pesar de que es uno de los países con mayor superficie de bosques primarios, también es el tercero de la región que más rápido la está perdiendo. Desde la pandemia, cada año ha ido rompiendo el lamentable récord del desmantelamiento. Y sólo en 2023, el país había perdido un 27% más de bosque que en 2022. La creciente presencia ganadera, los monocultivos y las políticas del Gobierno parecen subrayar lo que para muchos es ya una realidad: la deforestación vino para quedarse. Con todas estas cifras en mente, Stasiek Czaplicki Cabezas, periodista de datos y economista ambiental, se hizo una pregunta: ¿Quién financia esta devastación ambiental? Tres años de investigación después revelaron una parte de la respuesta: los ahorros de los bolivianos.
“Si América Latina fuera un salón de clase, los peores alumnos serían Bolivia y Brasil, la diferencia es que Brasil sí tiene políticas públicas. En Bolivia, el Gobierno está aprobando medidas que apoyan el sector agropecuario”, explica Czaplicki, el autor del estudio Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación, realizado en colaboración con Alianza por la Solidaridad / Actionaid Bolivia y publicado a finales de agosto. Este informe revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones bolivianos, una suma de 2.569 millones de dólares, están financiando los sectores de la soja, el azúcar y la ganadería, los principales responsables de la deforestación en el país. Este monto equivale a casi el triple de la inversión realizada en 2024 a las universidades públicas del país.
Esta cifra, según cuenta el autor, es el resultado de una compleja red de inversiones directas e indirectas a través de la banca y fondos de inversión cerrados (FICs) que terminan financiando los principales sectores que generan la destrucción ecosistémica. “Estos préstamos que les dan no consideran el destino de esos fondos y sus implicaciones socio-ecológicas”, lamenta por teléfono.
Hace años que a Czaplicki le llamaban la atención las supuestas crisis del sector de la soja, así que decidió hacerle seguimiento a esas cuentas. “Hice lo que se conoce como ‘follow de money’ (seguir el dinero). Empecé a encontrar cosas sospechosas, pagos de impuestos muy bajos, utilidades casi inexistentes… ¿Entonces dónde está el negocio?”, se preguntó. “Me di cuenta de que hay dos mecanismos para hacer dinero en el agronegocio. El primero es la especulación comercial de la tierra en la que desmontas el terreno y lo revendes, pero no es tan común. Y la segunda, la especulación financiera. Tener tierras activas para conseguir préstamos. De ahí sale la principal ganancia del agro en Bolivia”.
En la última década, la participación de estos préstamos en la cartera bancaria nacional ha escalado del 11,7% al 18,2%, en un contexto donde el volumen total de créditos se ha cuadruplicado. Paralelamente, los fondos de pensiones han experimentado un crecimiento similar, con la obligación de invertir mayoritariamente en el sector formal boliviano, que representa apenas el 18% de la economía del país. “En otras palabras, a medida que los créditos bancarios e inversiones de los fondos de pensiones aumentaron, también creció la proporción y el volumen destinado al agronegocio”, dice.
Hay tres cosas que le preocupan seriamente al respecto. “Por un lado, lo ético. Ya que los fondos de pensión, siendo ahorros para el futuro, están siendo usados para destrozar los ecosistemas del futuro. Después, está el ámbito económico porque promueven la inequidad. Y por último, es que los fondos de pensiones sirven para alimentar la banca y el sector. Lo peor es que la gente ni lo imagina”, reconoce. De acuerdo con encuestas de WWF que coordinó el autor del estudio, entre el 45 y 55% de la poblacion entre los 18 y los 45 años de La Paz y Santa Cruz no concibe que la ganadería pueda generar deforestación.
Para Czaplicki, economista ambiental, otro de los puntos clave de la investigación es la concentración del capital. En el sector soyero, por ejemplo, sólo ocho empresas reciben el 63% de los créditos bancarios, mayoritariamente en pesos bolivianos y a tasas de interés anual máximas de 6% y, en general, mucho menores. “Esta concentración genera un endeudamiento cuestionable e incrementa el riesgo del sistema bancario y de nuestras pensiones”, critica.
Pese a estas facilidades de financiación, estos sectores son intervenidos y apoyados a menudo, según el estudio. El ejemplo más reciente fue la creación de un fondo público de unos 300 millones de dólares de apoyo a los productores de soja y palma a un 0,5% de interés anual. “Estas condiciones en comparación con las de los préstamos sociales son muy diferentes. Para la vivienda social, el interés anual está entre el 5,5 y el 6,5%”.
La deforestación no la generan (sólo) los incendios
El experto lamenta que siga existiendo una fuerte estigmatización alrededor de las comunidades indígenas y campesinas vinculada a la deforestación. Estas comunidades suelen usar quemas controladas para sus cosechas. Si bien algunas de ellas se han descontrolado y han causado daños en los ecosistemas, al ser estos muy visibles, la percepción boliviana es que son los principales responsables del desmantelamiento. Sin embargo, el 88% de la conversión de bosques es producto de una deforestación planificada y ejecutada, en gran medida, con maquinaria pesada, sin incendios.
Es por ello que el economista cree que hay que informar más y mejor a la población. “Como sociedad tenemos que exigir una mayor transparencia y empujar la desinversión de actividades de sectores extractivos de las pensiones”, dice. “El problema es que no hay muchos otros sectores donde invertir, tenemos que replantear el presente y el futuro. Estamos hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras”.
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Las autoridades mexicanas reconocen que han ratificado esta herramienta de financiamiento en un entorno de incertidumbre e inestabilidad de los mercados financieros
México .-El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ratificado su línea de crédito flexible a México por 35.000 millones de dólares. El financiamiento, a dos años, fue otorgado al país en 2023 y, ahora, es su evaluación a medio término, el organismo multilateral ha resaltado que el país mantiene los requisitos necesarios para acceder, en caso de que lo requiera a este fondeo. Las autoridades mexicanas han explicado que ante un entorno de riesgos externos y volatilidad han decidido mantener esta herramienta de financiamiento activa. “El entorno externo sigue presentando incertidumbre y riesgos. Entre ellos destacan los derivados de la dinámica de la economía global y de la volatilidad en los mercados financieros. Esta medida refuerza la posición del país frente a escenarios de volatilidad internacional”, indicaron por escrito. La Línea de Crédito Flexible es un instrumento disponible a algunos países del mundo que les permite fortalecer sus reservas y atender choques inesperados.
La Comisión de Cambios, integrada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, han informado este viernes que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder a los recursos disponibles a través de este instrumento, en caso de requerirlo y sin condicionalidad por parte del FMI. “Las autoridades refrendan su compromiso con políticas macroeconómicas prudentes que contribuyan a la estabilidad financiera y al crecimiento económico sostenible e incluyente”, añaden.
El organismo admite que México tiene un historial sostenido en la implementación de políticas macroeconómicas sólidas y sigue contando con fundamentos económicos y marcos de política institucional muy fuertes; un nivel de reservas internacionales adecuado; un historial de acceso a los mercados de capitales en condiciones favorables y finanzas públicas sanas. Además, de un marco de política monetaria y cambiario sólido y un sistema financiero bien capitalizado que se mantiene sólido frente a los riesgos sistémicos del sector financiero.
Entre los riesgos y desafíos, el FMI, advierte de que se espera que el crecimiento económico del país se modere aún más en 2025, debido a la retirada del estímulo fiscal de este año y a la continua restricción monetaria. Se necesita una consolidación fiscal anticipada, respaldada por medidas creíbles y bien identificadas, para reducir la deuda pública a lo largo del tiempo y proporcionar un margen de maniobra en caso de shocks negativos. “Existe una necesidad crítica de fortalecer la gobernanza, combatir la corrupción y el delito, mejorar la infraestructura física y movilizar el ahorro privado para financiar inversiones privadas”, sugiere.
El monto del financiamiento renovado en esta ocasión es igual al de 2023, sin embargo, desde 2018, México ha venido reduciendo la línea de crédito con el FMI. En 2018, México decidió recortar la línea de 88.000 millones de dólares a 74.000 millones de dólares. Esta línea de crédito internacional es un instrumento de carácter precautorio frente a condiciones externas adversas que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa las herramientas de las autoridades mexicanas para preservar la estabilidad económica y financiera.
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