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La exclusión por la cuota de la mujer genera un debate
SANTO DOMINGO. El error en que incurrió la Comisión Organizadora del VIII Congreso Norge Botello, al aplicar a la elección, y no a las candidaturas, la cuota del 33% para las mujeres, ha destapado un problema de carácter legal y político.
El 30 de marzo del 2000, fue promulgada la Ley 12-00, que modificó la parte final del artículo 68 de la Ley Electoral 275-97, del 21 de diciembre de 1997, para otorgar un 33% en lugar de un 25% a las propuestas o nominaciones a diputaciones y municipales.
El hecho pone en el debate si es democráticamente justo despojar de candidaturas a dirigentes que lograron una alta votación dentro de sus partidos para las nominaciones a puestos electivos.
Algunos grupos feministas exigen que la actual cuota se eleve a una proporción de un 50% de las candidaturas, lo que provocaría aún más problemas internos en los partidos.
Para Freddy Ángel Castro, presidente del Grupo Estratégico Gobierno y Democracia, la mala interpretación de esa cuota legal afecta a la democracia.
«La democracia está siendo afectada de una manera seria al interior de los partidos políticos, y evidentemente hay una dirección de cúpula que es la que está haciendo la captación del poder político en los partidos, y esto de alguna manera limita seriamente la democracia», dijo.
Estima que en el caso del PLD se hizo una mala interpretación de la Ley Electoral, y se desnaturalizó.
«Muchos de los candidatos que están perjudicados por esa decisión consiguieron 40 mil y hasta 50 mil votos y ahora están excluídos de la nómina del Comité Central», aseveró.
Aseguró que los siete candidatos al Comité Central del PLD que fueron afectados pueden recurrir al Tribunal Electoral, y de hacerlo considera que obtendrían ganancia de esa causa.
Grupo iría al TSE
Uno de los afectados por la mala aplicación de la Ley Electoral en la cuota femenina del Comité Central del PLD, Carlos Peña, afirmó que no elevará ningún recurso ante el Tribunal Superior Electoral, a pesar de que logró la posición 31 de los 37 más votados que serían electos a ese organismo.
Sostuvo que también fueros afectados con esa medida los candidatos a los 86 puestos provinciales al Comité Central. Dijo que Richard Pérez y un grupo de dirigentes afectados en el nivel nacional preparó un expediente para someterlo ante el Tribunal Superior Electoral.
Peña dijo que esperaba que la Comisión Organizadora del congreso peledeísta reconociera públicamente su error.
«De seguro, si se aplica la ley como la ordena el mismo procedimiento, esos compañeros que presenten recursos ante el Tribunal tendrán ganancia de causa, no cabe la menor duda», dijo.
Los afectados
Las incluidas por cuota fueron Rafaela Nova (49,085 votos) , Sofía Azcona, Irma Abad, Rosanna Altagracia Montilla Espinal, Nancy Sánchez, Rosa Castro y Claritza de la Cruz (33,071). Los excluidos fueron: Carlos Peña, con 57,627 votos, Alexander Heredia, con 55,825, José Dantés, con 55,557, Guarocuya Félix, con 54,316, César Fernández, con 53,702 votos, Virgilio Bautista, con 50,772 votos, y Luis Prieto con 50,166.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.