El año pasado, en el país ocurrieron 237 homicidios, 62 de los cuales fueron vinculados a hechos delictivos y tres relacionados directamente a las drogas, según estadísticas de la Procuraduría General de la República.

El propio jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Castro Castillo, declaró hace poco que el 75% de los hechos criminales que se registran en el país están relacionados al alto consumo de drogas. El oficial explicaba que la violencia «produce muertes generadas por delincuentes por el consumo de drogas».

Para mediados de este año, la Dirección Nacional de Contro de Drogas (DNCD) advertía sobre un incremento de un 54% en la cantidad de drogas incautadas, que en total fue de 7,125.53 kilogramos en los primeros seis meses, tiempo en el que también detuvo a 12,910 personas. En igual período, la PN, a través de su Dirección Central Antinarcóticos, se incautó de 170,850.99 gramos de sustancias controladas.

Sin embargo, pese a que dimensionan el problema y las consecuencias sociales que genera el consumo de drogas, las autoridades no logran definir una política nacional que trate este mal de forma preventiva.

Tampoco destinan recursos suficientes para que las organizaciones que trabajan en la prevención o rehabilitación de adictos puedan hacerlo con eficiencia, condenando a muchas de ellas a tener que cerrar algunos de sus programas.

En este planteamiento coinciden entidades estatales y organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema, las cuales, aprovechando la discusión actual del presupuesto del Estado para el año 2014, intensificaron su reclamo de que les aumenten las asignaciones de recursos.

El Estado, a través del Ministerio de Salud Pública otorga alrededor de RD$5 millones al mes a cuatro de las 91 organizaciones registradas en el país que trabajan el tema de las drogas, monto que se mantiene en el presupuesto del próximo año. Por mandato de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, dichas entidades deben recibir un 15% del valor de los bienes decomisados que adquieren la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada.

Por la citada ley, 17 de ellas recibieron entre junio de 2007 y junio de 2013 RD$52,311,574.65, de un total de RD$297,703,703 que se entregó al Consejo Nacional de Drogas (CDN), encargado de distribuir los recursos.

Leopoldo Díaz, presidente de Hogar Crea Dominicano, advierte un desconocimiento de parte de la sociedad sobre el trabajo que realizan las comunidades terapéuticas y atribuye a esto el desinterés que han mantenido los gobiernos.

«El adicto es capaz de cometer cualquier acto delictivo para conseguir el dinero para pagar su adicción, por eso, la recuperación de la adicción contribuye a disminuir la delincuencia».

Hogar Crea tiene 42 centros de tratamiento, con un total de 1,200 internos, lo que le genera gastos por RD$170 millones al año, según Díaz. «Con eso hay que manejar los costos de mantenimiento, alquiler, energía, teléfono, medicamentos, honorarios, alimentos, mobiliario y ropa, muchas veces».

Del gobierno, Hogar Crea recibe RD$37 millones al año, y el restante depende de donaciones, rifas, ventas en las calles, así como de una cuota RD$3,000 que cobran a los familiares de los internos, pero que apenas el 10% paga, y no en su totalidad.

Para el tratamiento de los internos apenas cuentan con 9 psicólogos y 3 siquiatras, cuando deberían tener un psicólogo por cada centro de tratamiento y un siquiatra en cada una de las ocho regiones, estima Díaz. «Lo que hacemos es tener los profesionales aquí (en la sede) y que atiendan por cita, que puede ser cada dos meses, que no es un seguimiento efectivo». Dice que han pedido al Ministerio de Salud Pública que les asigne especialistas, pero no le dan respuestas.

En Casa Abierta, que trabaja en la prevención comunitaria del consumo, la situación no es distinta a Hogar Crea. «Este año nuestro presupuesto era de RD$138 millones y recibimos RD$16 millones del Gobierno», comenta Radhamés de la Rosa, director de la entidad.

Casa Abierta hace trabajo de acompañamiento en los barrios de la zona norte de la capital, San Cristóbal, Santiago y San Francisco, para la formación de grupos familiares y la educación técnica de jóvenes que desertan de la escuela por problemas de adicción. También da tratamiento ambulatorio a personas con problemas de consumo, que por sus estudios o trabajo no pueden internarse en un centro.

«Nosotros tenemos que complementar con ayudas internacionales y este año, por ejemplo, se cayó la de España y nos deja en una situación muy precaria». De España recibían el completivo para los gastos. De la Rosa afirma que para subsistir tendrán que reducir programas y despedir personal.

En igual actitud está Niños del Camino, una organización que trabaja con menores de edad en situación de calle.

Los menores, en su mayoría con problemas de adicción, se reciben en una casa de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y se les brinda comida y servicios de alfabetización, conforme explica la directora, Gladys Piñeiro.

«Tenemos muchas dificultades, pues a este sector es al que menos importancia se le da. No los tratan como a personas con derechos y no hay políticas dirigidas para ellos».

Recuerda que ya tuvieron que cerrar una casa de acogida que tenían, porque dejaron de recibir una ayuda que otorgaba el Gobierno español. Del Gobierno dominicano reciben RD$14,400 al mes, que usan para pagar la secretaria y el mantenimiento de la casa.

«El Estado no tiene estructura para ayudar a determinados sectores y, si no se apoya a estas entidades que lo hacen, es difícil que pueda enfrentar esta problemática. Sacar los niños de las calles sin un plan estructurado que dé respuestas a sus necesidades no es solución», estima Piñeiro.

«La misericordia de Dios es lo que nos mantiene», exclama Félix de la Cruz, director de la Fundación Ciudades de Refugio. Hace tres años que ya no reciben una asignación mensual de RD$13,000 que les entregaba el Gobierno. Ahora viven de la venta de velas, donaciones de organismos internacionales y nacionales, algunas de las cuales se las han retirado, así como una cuota de RD$3,000 que cobran a los internos, pero que no todos pagan. En la actualidad hay 10 internos.

De la Cruz indica que sólo el año pasado tuvieron gastos por RD$1,125,626, pero sus ingresos solo alcanzaron RD$469,858. «Si no es por la ayuda de Dios, no podemos hacer este trabajo. Yo me he visto que no he tenido ni para la comida, pero gracias a Dios que los comedores económicos nos dan raciones crudas de comida», dice. Se queja de que en ocasiones han tenido que rechazar personas por no tener recursos para atenderlas. En la Fundación sólo hay 10 camas y cinco colchones extras que fija su capacidad en 15 internos.

El estado no tiene políticas claras

El presidente del CND, Fidias Aristy, está convencido que el problema de las drogas no se resuelve sólo con el castigo, sino con prevención. «Hemos focalizado la problemática desde una óptica reactiva de persecución y judialización cuando lo ideal es que las personas no sean perseguidas, sino prevenidas». Destaca la importancia del Tribunal Bajo Supervisión Judicial, inaugurado en junio pasado y que estará en funcionamiento en noviembre.

Este tribunal, integrado por un psicólogo, un trabajador social, el Ministerio Público y un juez, tratará los casos de infracciones leves de no reincidentes, a quienes trataría con el auxilio de la comunidad y no necesariamente en prisión.

El CND tiene un presupuesto de RD$6,700,000 al mes, más unos RD$99 millones que por concepto de la Ley de Lavado de Activo le han entregado en seis años. «Es un presupuesto ínfimo el que tenemos», dice Aristy.

El funcionario cree necesario que la prevención se trabaje interinstitucionalmente, de manera entrelazada con el Ministerio Público, los ministerios de Salud, Educación y Deportes, la Policía Nacional y los Ayuntamientos.

Cuestiona que esa integración, que aliviaría la carencia de recursos, no se ha logrado por la falta de políticas claras desde el Estado. Como muestra de ello, señala el hecho de que de 91 entidades que trabajan en la prevención a las drogas, sólo una pertenece al Estado y fue inaugurado en enero de este año. El CND tiene, además, un centro de Niños Niñas y Adolescentes que da tratamiento ambulatorio y que en sus ocho meses de operación ha atendido unos 50 casos.

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