Latinoamericanas
La Fiscalía abre una investigación por el caso del hijo de López Obrador y un contratista de Pemex
Mexico.- La Fiscalía abre una investigación por el caso del hijo de López Obrador y un contratista de Pemex
La Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto finalmente una investigación sobre el caso Baker Hughes. Longeva contratista de Pemex, la empresa estadounidense figura en el centro de una de las polémicas del año en México, que involucra a uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador y a un empresario cercano al mandatario, Daniel Chávez. La agencia investigadora ha iniciado pesquisas después de una denuncia del partido opositor Acción Nacional (PAN), según han confirmado fuentes de la dependencia a EL PAÍS.
Ahora, la Fiscalía deberá indagar en las pruebas presentadas por el denunciante, un compendio de notas periodísticas publicadas desde hace casi un mes sobre el tema. La dependencia no ha emitido comunicado oficial sobre el asunto. No hay fechas límite en la investigación. Las pesquisas, a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la corrupción, como ha informado el portal Animal Político, pueden acabar de dos formas. O bien se archivan por falta de pruebas, o bien los fiscales presentan un caso al juez por delitos específicos, contra personas concretas.
Preguntado al respecto este martes, el presidente López Obrador ha dicho: “No tengo información, pero no hay ningún problema. Si van a presentar denuncias en contra de José Ramón o de su esposa, que se les dé curso. Todos debemos comparecer ante la autoridad. El que nada debe, nada teme. Y que ellos, si lo desean, hagan lo propio”.
El caso Baker Hughes ha protagonizado la actualidad desde hace casi un mes. A finales de enero, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad y el medio Latinus, dirigido por el periodista Carlos Loret de Mola, denunciaron que José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, ha vivido lujosamente en Texas desde que inició la administración, contraviniendo el estándar de austeridad señalado por López Obrador en su Gobierno. Más aún, los reporteros señalaron que López Beltrán y su pareja, Carolyn Adams, habitaron una mansión en Texas, propiedad de un ejecutivo de Baker Hughes, empresa que ha contratado con Pemex decenas de millones de dólares durante la actual administración.
Estas semanas, López Obrador y su Gobierno han calificado las denuncias contra su hijo de campaña en su contra y han insistido en que Baker Hughes es contratista de Pemex desde antes de que comenzara su Gobierno. El 9 de febrero, Octavio Romero, director de Pemex, dijo: “En Petróleos Mexicanos no hay empresas consentidas ni que hayan sido creadas en la presente Administración. En el caso de Baker Hughes, que tiene presencia en nuestro país y en Pemex desde hace más de 60 años, logró sus mejores montos de contratación en los años 2008, 2012 y 2014. Es decir, en las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”.
Más allá de la cercanía entre el Gobierno y la empresa, el problema de fondo, el posible arrendamiento favorable de una casa a López Beltrán como parte de un supuesto intercambio con Baker Hughes, queda en el aire. Para tratar de zanjar el asunto, López Beltrán divulgó hace unos días los contratos de arrendamiento de la casa del ejecutivo de la empresa, para demostrar que se trataba de una operación normal. El caso se complicó, sin embargo, cuando el hijo del mandatario informó de que vive en Texas porque trabaja para el hijo de un empresario muy cercano a López Obrador, Daniel Chávez. Durante la actual Administración, Chávez ha supervisado las obras del Tren Maya en nombre del mandatario. Su conglomerado turístico, Grupo Vidanta, ha obtenido concesiones en playas durante el actual Gobierno y ampliaciones de las que ya tenía.
En estas semanas, Baker Hughes ha tratado de quitar importancia al asunto. El lunes, la empresa divulgó un comunicado informando de los resultados de una auditoría sobre el posible conflicto de interés, realizada por una consultoría externa. El vicepresidente de la empresa para México y América Latina dijo: “Podemos decir que no se encontró conflicto de interés, nada irregular, totalmente de acuerdo con las leyes mexicanas”.
La empresa señaló además que “el señor Schilling -ejecutivo de Baker Hughes que rentó su casa a la esposa de López Beltrán- fue empleado de Baker durante 2016 y salió de la empresa en diciembre de 2019. Durante ese tiempo trabajó bajo nuestro grupo de Norteamérica. Baker Hughes México no está bajo ese grupo, sino en Latinoamérica”.
elpais.com
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.
BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.
Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.
El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.
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