La Fiscalía venezolana acusa al Supremo de usurpar sus funciones

EFE

CARACAS. La Fiscalía venezolana acusó ayer al Supremo de usurpar sus funciones y las del Parlamento con la designación de Katherine Haringhton como vicefiscal, una atribución que corresponde a la titular del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz.

El pronunciamiento de la institución se dio a conocer al final del día, luego de que Haringhton intentara sin éxito entrar a la sede del Ministerio Público para tomar posesión del cargo otorgado por la máxima corte, y que actualmente ocupa un funcionario puesto por Ortega Díaz.

“La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) usurpó funciones de la Fiscal General de la República y de la Asamblea Nacional”, señaló en un comunicado.

El texto sostiene que “la pretendida designación” de Haringhton “es inconstitucional, ilegal, ilegítima y representa una continuidad a la ruptura del orden constitucional”.

En este sentido, señala como “un deber ineludible para todo ciudadano, investido o no de autoridad, desconocer dicho nombramiento” con el objetivo de colaborar en el restablecimiento de la constitucionalidad.

El texto argumenta que la legislación tiene como una atribución de la fiscal general designar al vicefiscal general, previa autorización de la Asamblea Nacional, y que la Sala Constitucional corte suprema no puede anular actos administrativos, como los que resuelven la designación de un funcionario.

Se refiere también a la decisión judicial que declaró al Parlamento, controlado por opositores, en desacato, lo que le ha permitido al Tribunal Supremo de Justicia tomar decisiones que corresponden al Legislativo.

El Ministerio Público niega la legalidad del desacato que se ha declarado sobre el Parlamento, asegurando que es una sanción “personalísima” que no se aplica a las instituciones.

Defiende la validez de la designación de Rafael González Arias aprobado el pasado martes por la mayoría absoluta del órgano legislativo nacional, por lo que destaca que para el momento de la designación de la funcionaria el cargo “no estaba vacante”.

Haringhton, sancionada por Estados Unidos en 2015 con congelación de bienes y prohibición de entrada a ese país, llegó hasta las puertas de la Fiscalía acompañada por varios funcionarios del Supremo y entregó una carta que le acredita como vicefiscal general.

Tras una media hora, la funcionaria se marchó del lugar sin haber tenido éxito en su intento por tomar posesión del despacho para el que la acreditó la Sala Constitucional del Supremo.