La Fuerza del Pueblo y demás partidos del sistema mantienen posición dual en torno al Código Penal.

No hay uno sólo que mantenga una postura de defensa de lo que más conviene a la nación, sino que buscan promover impunidad para garantizar el no enjuiciamiento de todos los que han ido a la administración pública a apropiarse de lo que no es suyo.

La Fuerza del Pueblo, cuya organización enarbola posiciones ultraconservadoras e identificadas con los que defienden la promoción de la impunidad a través del nuevo Código Penal, lo cual es entendible si se toma en cuenta la gran cantidad de exfuncionarios durante los gobiernos de Leonel Fernández comprometidos con la sustracción de recursos públicos, se mantiene fiel a la defensa de unos amarres que implican un  gran retroceso nacional.

Pero no es menos la responsabilidad de los reformistas, peledeístas, perredeístas y todos los demás partidos que han hecho de las suyas en la administración pública, lo que indica cual es futuro que le espera al país.

Este martes la mayoría de los senadores, sobre todo los que pertenecen al Partido Revolucionario Moderno (PRM), no acudieron a la sesión en la que se supone que se discutiría el nuevo Código Penal, cuya organización  es la protagonista de las modificaciones  hechas en la Cámara de Diputados.

Naturalmente, esta es una muestra más de que el PRM no actúa institucionalmente y que  no sabe lo que quiere ni hacia dónde se dirige, ya que mientras el proyecto es defendido y apadrinado por los perremeístas que lo aprobaron en la cámara baja, pero en el Senado sus legisladores juegan al gato y el ratón.

Por su parte, el presidente de la República, Luis Abinader, somete a los legisladores de su partido para que reelijan a Eduardo Estrella como presidente del Senado, de quien dice que es su familia, pero no tiene la misma fuerza ni la autoridad  para lograr introducir cambios en el Código Penal que se ajusten a lo que fueron sus promesas de campaña.

Lo cierto que el nuevo Código Penal contiene una serie de artículos que lo colocan como muy atrasado y propio de los tiempos de la dictadura, como por ejemplo disponer que los policías  y militares tengan tribunales especiales para ser juzgados cuando cometan crímenes y delitos en contra de la sociedad.

De igual modo, prácticamente todos los partidos promueven una impunidad en favor de estas organizaciones que se constituye en una vergüenza en el marco de cualquier democracia, dado que estas estructuras son las responsables de la mayoría de las irregularidades que se producen en el sector público y también en el privado.

El Código Penal tendrá que ser sometido en la nueva legislatura que se inicia este 16 de agosto, es decir, este lunes, pero falta ver hasta dónde el mismo sufrirá los cambios que se correspondan con los anhelos de la sociedad dominicana.

La aprobación de un nuevo Código Penal, ya que el que está vigente en la actualidad data del año 1884, pero que además fue concebido sobre la base de una realidad que no tiene nada que ver con la dominicana, parece que no será tan fácil por los intereses que se mueven alrededor del mismo.

Los partidos buscan evitar sancionar los vicios que ellos mismos promueven, por ejemplo la corrupción administrativa, que ha sido la causa principal de la tragedia de pobreza y falta de institucionalidad de la sociedad dominicana.

Resulta prácticamente imposible que los partidos políticos cambien sus posiciones en torno a puntos tan delicados como la corrupción y el apoyo a lo planteado por sectores ultra conservadores y fácticos del país.