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Someten recurso de revisión contra resolución de la JCE sobre transmisión de resultados.
Un recurso de revisión fue sometido ante la Junta Central Electoral por la Fuerza del Pueblo contra la resolución 14-20 de la entidad, que reglamenta la transmisión o divulgación de los resultados electorales de las elecciones de febrero de 2020.
El partido la Fuerza del Pueblo (FP) interpuso por ante la Junta Central Electoral un recurso de revisión contra la resolución 14-20 de la entidad, que reglamenta la transmisión o divulgación de los resultados electorales de las elecciones de febrero de 2020.
La instancia, depositada a través del delegado político de la organización, Manuel Crespo, alega en el escrito que fue depositado por ante la Secretaria General de la JCE que el método aprobado pone en riesgo la diafanidad y transparencia del proceso, toda vez que no toma en cuenta que existe la posibilidad de que al ejecutar esa modalidad hayan ciudadanos en filas ejerciendo su derecho al voto.
El pasado 30 de enero la JCE ratificó la resolución sobre la transmisión de los resultados y determinó que comenzarán a divulgar los resultados “a partir de las dos horas luego de llegada la hora oficial del cierre de los colegios electorales, o cuando se hayan recibido por lo menos el 50% de los resultados de los colegios electorales en cada municipio”.
“Que por la razón antes expuesta, la Junta Central Electoral, está llamada a revisar su propia resolución y proceder a dejar sin efecto, mediante revisión, la exclusión de lo dispuesto en los numerales primero y segundo del referido artículo, produciendo en consecuencia una modificación para dejar establecido que la divulgación de los resultados, únicamente sea posible a partido del momento, cuando todos los electores hayan concluido el ejercicio de su derecho al sufragio. No pudiendo por consiguiente divulgar el resultado de un municipio o de un grupo de municipios mientras en otros municipios se encuentren personas en fila pendientes de ejercer su derecho al sufragio, independientemente de si oficialmente haya finalizado el horario de votación”.
Sobre el cierre de la votación la Fuerza del Pueblo pide a la Junta Central establecer, como parte del procedimiento que “una vez llegada las 5:00 de la tarde, el presidente del colegio deberá tomar nombres y números de cédulas de los electores que al momento se encuentren en fila, anotando en el libro de acta la cantidad de cédulas colectadas, previa verificación por parte de los delegados de los partidos y agrupaciones políticas representado en el colegio”.
La organización también está pidiendo que se revise la resolución sobre el tema del escrutinio y que la Junta establezca que ante una discrepancia entre el resultado del escrutinio manual y el automatizado, prevalezca el resultado del conteo manual.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.