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Someten recurso de revisión contra resolución de la JCE sobre transmisión de resultados.
Un recurso de revisión fue sometido ante la Junta Central Electoral por la Fuerza del Pueblo contra la resolución 14-20 de la entidad, que reglamenta la transmisión o divulgación de los resultados electorales de las elecciones de febrero de 2020.
El partido la Fuerza del Pueblo (FP) interpuso por ante la Junta Central Electoral un recurso de revisión contra la resolución 14-20 de la entidad, que reglamenta la transmisión o divulgación de los resultados electorales de las elecciones de febrero de 2020.
La instancia, depositada a través del delegado político de la organización, Manuel Crespo, alega en el escrito que fue depositado por ante la Secretaria General de la JCE que el método aprobado pone en riesgo la diafanidad y transparencia del proceso, toda vez que no toma en cuenta que existe la posibilidad de que al ejecutar esa modalidad hayan ciudadanos en filas ejerciendo su derecho al voto.
El pasado 30 de enero la JCE ratificó la resolución sobre la transmisión de los resultados y determinó que comenzarán a divulgar los resultados “a partir de las dos horas luego de llegada la hora oficial del cierre de los colegios electorales, o cuando se hayan recibido por lo menos el 50% de los resultados de los colegios electorales en cada municipio”.
“Que por la razón antes expuesta, la Junta Central Electoral, está llamada a revisar su propia resolución y proceder a dejar sin efecto, mediante revisión, la exclusión de lo dispuesto en los numerales primero y segundo del referido artículo, produciendo en consecuencia una modificación para dejar establecido que la divulgación de los resultados, únicamente sea posible a partido del momento, cuando todos los electores hayan concluido el ejercicio de su derecho al sufragio. No pudiendo por consiguiente divulgar el resultado de un municipio o de un grupo de municipios mientras en otros municipios se encuentren personas en fila pendientes de ejercer su derecho al sufragio, independientemente de si oficialmente haya finalizado el horario de votación”.
Sobre el cierre de la votación la Fuerza del Pueblo pide a la Junta Central establecer, como parte del procedimiento que “una vez llegada las 5:00 de la tarde, el presidente del colegio deberá tomar nombres y números de cédulas de los electores que al momento se encuentren en fila, anotando en el libro de acta la cantidad de cédulas colectadas, previa verificación por parte de los delegados de los partidos y agrupaciones políticas representado en el colegio”.
La organización también está pidiendo que se revise la resolución sobre el tema del escrutinio y que la Junta establezca que ante una discrepancia entre el resultado del escrutinio manual y el automatizado, prevalezca el resultado del conteo manual.
Santo Domingo. La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público, incautaron 251 paquetes de cocaína durante una operación de inspección conjunta en el Puerto de Haina Oriental, en el municipio Santo Domingo Oeste.
La intervención se realizó con el apoyo de inspectores de la Dirección General de Aduanas (DGA) y organismos de inteligencia del Estado, tras recibir informes que alertaban sobre un posible envío de sustancias ilícitas con destino a Puerto Rico.
Según informaron las autoridades, las unidades operativas activaron los protocolos de actuación e iniciaron la revisión de decenas de contenedores. Luego de varias horas de inspección, fue intervenido un contenedor de exportación cargado de plásticos.
En el interior se encontraron 10 bultos que contenían los 251 paquetes, envueltos en fundas plásticas y marcados con distintos logotipos, lo que hace presumir que se trata de cocaína.
Investigación en curso
El Ministerio Público y la DNCD informaron que han iniciado una investigación para identificar, arrestar y someter a la justicia a los integrantes de esta presunta red de narcotráfico internacional.
La DNCD reiteró que, con el respaldo del Gobierno, continúa ejecutando operaciones contundentes contra organizaciones criminales que intentan utilizar el territorio nacional como punto de tránsito para el envío de drogas hacia Estados Unidos y Europa.
Los 251 paquetes ocupados fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se determinará el tipo exacto y el peso de la sustancia incautada.
Santo Domingo, R.D.-La Dirección General de Migración (DGM) informó que abrió una investigación por una presunta estafa relacionada con la emisión de permisos de trabajo fraudulentos, luego de recibir una denuncia tras la detección de un documento falso presentado por una ciudadana venezolana al intentar ingresar al país.
La institución explicó que el pasado martes 16 de diciembre fue detenida Belitza Quijada Castro, de nacionalidad venezolana, en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), luego de que inspectores migratorios comprobaran que el carné de Permiso de Trabajo Temporal que portaba no era auténtico.
Según la denuncia presentada, la mujer aseguró haber sido estafada por un individuo que supuestamente se hacía pasar por empleado de la Dirección General de Migración y ofrecía servicios irregulares para gestionar permisos de trabajo y residencias permanentes a extranjeros.
La investigación
Ante estos hechos, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD, dispuso la apertura de una investigación para establecer responsabilidades y posibles vínculos con redes dedicadas a la falsificación y comercialización ilegal de documentos migratorios.
- La DGM aclaró que la persona señalada no es ni ha sido empleado ni colaborador de la entidad y que se trabaja de manera conjunta con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas para localizarlo, determinar responsabilidades y proceder con las sanciones correspondientes.
Finalmente, la Dirección General de Migración reiteró que los trámites migratorios son personales e intransferibles y deben realizarse únicamente por las vías oficiales, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a no recurrir a intermediarios y a denunciar cualquier intento de gestión de documentos fuera del marco legal.
Santo Domingo, R.D.-En medio del caos producto del señalado desfalco al Seguro Nacional de Salud (Senasa), pacientes consultados se presentan angustiados y descontentos por tardanza en la facturación de medicamentos y otros servicios.
“Yo estoy desde la semana pasada facturando unos análisis que me indicaron y no he podido hacerlo porque no sé si es el sistema, muchas personas en espera, pero no me atienden y no me dicen qué está pasando, solo que espere”, aseguró Manuel, un señor que se encontraba en fila para facturación en el Instituto de Oncología Doctor Heriberto Pieter.
Luego de darse a conocer los supuestos fraudes realizados en Senasa, que implican a su exdirector, Santiago Hazim, y otros imputados, las denuncias públicas en las redes sociales no han pasado desapercibidas; incluso dominicanos en el extranjero se pronunciaron por facturas de procedimientos médicos e internamientos no realizados.
A las denuncias de los ciudadanos, las autoridades de la aseguradora no les han dado respuestas públicas, causando indignación a la población por sentirse desamparados.
El Ministerio Público, en su expediente entregado para el pedido de medidas de coerción, atribuye a la red un “sistema paralelo” para manipular contratación y habilitación de prestadores, y estima un perjuicio de más de RD$15,900 millones hasta diciembre de 2024.
Este 14 de diciembre, el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de Santiago Hazim y otros seis implicados en el caso Senasa.
También Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera.
De igual forma, el juez dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica a Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, acogiendo un pedimento del Ministerio Público.