Editorial
La Gallup se Encargó de Desmintir a la Mark Penn-SIN
Hace ya algunos días que se publicó la encuesta Mark Penn, auspiciada por el grupo SIN, la cual en lo fundamental perseguía mediante preguntas inducidas colocar como todo un líder nacional a un muchacho sin alma ni aura como lo es el actual sindico del Distrito Nacional, David Collado.
Todo el mundo conoce en la República Dominicana los vínculos de este joven con la empresa auspiciadora de la encuesta, que preside Fernando Hasbun y Alicia Ortega, así como con el grupo Vicini.
No bien salió nuestro artículo en el que se ponderaba la intención de la encuesta del grupo SIN, se publica la Gallup-Hoy, la cual se encarga, tal vez sin proponérselo, de desmentir la de Mark Penn, en la que Collado aparecía con una puntuación que lo ponía a competir en los primeros lugares de la preferencia electoral de los dominicanos, pero el cuestionamiento al respecto se aclara con la difusión de la medición de la compañía que se dedica a estos menesteres con mayor nivel de credibilidad.
Para una mejor ilustración de los lectores he aquí lo establecido por la encuesta Mark Penn del grupo SIN sobre el inventado liderazgo de David Collado:
Otra vez sin citar nombres, un 38% escogió a Luís Abinader como candidato del PRM, un 32% a David Collado y sólo un 16% a Hipólito Mejía. Un alto 13% no citó nombres. Pero entre los que se definen como miembros o simpatizantes del PRM un muy alto 68% escogió a Abinader y un 15% a Collado y a Mejía. Collado es fuerte entre las mujeres, entre los que tienen entre 25 y 34 años de edad. Abinader es fuerte entre los hombres y los jóvenes.
Sin embargo, no pasaron muchos días para que la encuesta Gallup-Hoy desmintiera con sus resultados lo afirmado por la compañía de este mismo género que trabaja al servicio de SIN.
A continuación los resultados de la Gallup-Hoy:
En cuanto al PRM, un 52.8% de los votantes no sabe cuál de sus dirigentes debe postularse para las presidenciales, pero un 28.8% estimó que debe ser Luís Abinader. Un 13% cree que debería ser el expresidente Hipólito Mejía y un 3.8% el alcalde David Collado.
La encuesta del grupo SIN es otra demostración de que al dominicano se le quiere meter gatos por liebres.
No se trata de algo inocente, sino de un proyecto concebido y promovido por un grupo con mucho poder económico como la familia Vicini, la cual controla el sector energético y mantiene una fuerte incidencia en el capitalismo financiero nacional.
Este resultado nos advierte de que la llamada guerra de las encuestas es un mal en el que juegan su papel una buena parte de los medios de comunicación social, como el Grupo SIN, el cual tiene estrechos vínculos con el Banco Popular de Alejandro Grullón, pero dirigido ahora por su hijo Manuel Alejandro.
La encuesta Gallup se encargó de desmentir la publicada por SIN en la que se ha querido vender la idea de que David Collado es un líder nacional.
Los resultados de esa encuesta no parecen tener otro propósito que no sea posicionar a David Collado y a la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, como grandes líderes nacionales, ya que ambos tienen pretensiones presidenciales sin tener más condición que la de ciudadanos que les permite elegir y ser elegidos.
La encuesta Mark Penn del grupo SIN es a nuestro entender una forma muy tonta y torpe de poner en juego la credibilidad de un grupo de comunicación, que sin lugar a dudas, ha logrado una importante confiabilidad en el seno de la sociedad dominicana.
La encuesta Gallup-Hoy se encargó de dejar lo suficientemente claro que el supuesto liderazgo de David Collado no ha sido más que un invento de la guerra de las encuestas.
A otro perro con ese hueso!!
La sentencia del Tribunal Constitucional permite que en el panorama político dominicano tenga vigencia la figura de las candidaturas independientes.
Esta decisión sí que impacta de una forma importante la democracia nacional, la cual está agonizante por la conducta de los actores del sistema de partidos tradicionales.
Quién le puede quitar el carácter de depredadora de la partidocracia, la cual se aprovecha de todo y lleva inexorablemente al país a otra Grecia, Argentina o Puerto Rico.
Los robos del patrimonio público no son moderados, lo que de ninguna manera es aceptable, dado que los políticos tradicionales no se conforman con cien millones de dinero del pueblo dominicano, sino que hacen hasta lo imposible para sustraer miles de millones.
Para ilustración al respecto, los ejemplos están a la orden del día, con el agravante de que los que hacen turno desde la oposición sólo persiguen apoyarse en la expresión muy popular que dice: “quítate tú, pa ponerme yo”.
Ahí están los ejemplos de Danilo que se peleó con Leonel por esa causa y ahora la de Abinader que reproduce en muchos aspectos la misma conducta de los dos primeros.
Si bien es cierto, que la crisis de valores de que adolece el país podría llevar al poder a cualquier degenerado que se proyecte como buena gente, lo cierto es que las candidaturas independientes es un mecanismo más democrático y participativo,
Es decir, que aun en el caso de que la figura de las candidaturas independientes conlleve riesgos, pero lo cierto es que es una vía más acorde con el proceso de democratización de la política, sobre todo en Latinoamérica, donde hay profundos antivalores que ponen en peligro la cultura cívica, moral y ética de estos pueblos.
De manera, que La República promueve un apoyo masivo, abierto y sin reservas a la decisión tomada por el Tribunal Constitucional, porque esa sentencia abre un camino importante hacia la democratización, la participación, el adecentamiento y el mejoramiento de los niveles de institucionalidad del Estado dominicano.
El reto está echado. Manos a la obra.
La educación es la puerta al desarrollo, cuya expresión no se trata de un cliché, sino de una realidad que debe ser digerida o comprendida por todas las naciones del planeta.
El fenómeno de una buena educación ha sido aprovechado al máximo por las naciones asiáticas, como Simgapur, Corea del Sur y Japón.
Estas naciones del continente asiático han tomado el toro por los cuernos en lo que respecta a invertir para su desarrollo y de esa manera impactar a todo el planeta.
Pero la pregunta que debe hacerse cualquier persona con un nivel óptimo de inteligencia y por qué a países como la República Dominicana se le hace tan difícil ocupar esos niveles de desarrollo cognitivo y de un mayor coeficiente de inteligencia.
Es común escuchar a cualquier joven decir en este lado del mundo que para tener dinero no se necesita estudiar, lo cual no obedece totalmente a la verdad, porque en cualquier lugar del universo donde se prioriza la educación, la tecnificación y la buena formación le sirve más que toda la riqueza material que se pueda tener, aunque generalmente la primera garantiza la segunda.
Debe entenderse que las naciones de economía informal, del día a día, de poco desarrollo industrial, el trabajo artesanal es lo que predomina y en consecuencia un país al margen del conocimiento no tiene otras formas que sobrevivir mediante el trabajo rustico y poco tecnificado.
Es decir, que para cualquier país del tercer mundo rebasar su pobreza y precariedades tendrá que insertarse en el mundo del conocimiento, de las ciencias y de las tecnologías, no importa que tantos plátanos y mangos exporte.
Si la República Dominicana quiere tener un desarrollo verdadero, no de palabras y de campañas publicitarias, debe, primero, mejorar la calidad de la inversión del 4 por ciento en educación y empeñarse en superar ese nivel, a fin de que al cabo de algunos años se pueda ver en el espejo de las naciones que hoy exhiben un desarrollo envidiable como Uruguay, Argentina y Chile o tal vez mejor decir como Singapur, Corea del Sur y Japón, entre muchos otros.
La educación, sin lugar a dudas, es la puerta hacia el desarrollo inclusivo, imitemos los ejemplos que tenemos a la vista, pero ello debe estar acompañado de planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo, sin lugar a dudas, la principal debilidad de los países pobres y subdesarrollados.
Nadie se atreve a negar el poder de los Tribunales Constitucionales en las democracias del siglo 21. Un buen ejemplo, entre muchos otros, es la sentencia TC/0767/24 que anula por inconstitucional la Ley 1-24, que creaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)
En el campo internacional otro buen ejemplo de ese poder inmedible del constitucionalismo es lo que acaba de ocurrir en Rumania, donde el alto tribunal anuló la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en esa nación europea.
De manera, que ese poder extraordinario se repite regularmente en diferentes naciones del mundo, incluida la República Dominicana, donde el Tribunal Constitucional, como legislador negativo, acaba de dar un plazo de un año al Congreso Nacional para que corrija los errores procedimentales en la aprobación de la Ley 10-15 que modifica el Código Procesal Penal por éstos ser violatorios de la normativa procesal que establece sobre la materia la carta magna.
En realidad, se trata de un fenómeno mundial, dado que el constitucionalismo es prácticamente la guía de las nuevas democracias del mundo.
Todo ello demanda que el Tribunal Constitucional dominicano ponga en primer plano la revisión de las acciones de amparo que son sometidas a la alta corte.
Esperar años para fallar los recursos de revisión de acciones de amparo, incluidas las de cumplimiento y electoral, socaba la credibilidad del Tribunal Constitucional que está llamado a corregir las debilidades de que adolece el sistema de justicia, entre ellas la llamada mora judicial.
No hay una explicación lógica de que el Tribunal Constitucional se tarde hasta dos años para fallar una revisión de una acción de amparo cuando el articulo 102 de su propia Ley orgánica habla de 30 días, cuyas decisiones tardías cuando se producen ya no surten ningún efecto.
Cualquiera se podría preguntar si es que se trata de una manipulación o de un condicionamiento, máxime cuando la revisión de las acciones de amparo persigue corregir cualquier distorsión de los derechos fundamentales, no importa que provenga de los partidos políticos cuando se trata de asuntos electorales.
Sólo mediante esa interpretación se podría entender la tardanza del TC para solucionar un problema que está asociado a violaciones graves de un derecho fundamental como es, por ejemplo, el de elegir y ser elegible.
Es imperdonable que el Tribunal Constitucional someta al justiciable al mismo dolor de cabeza que proviene de la Suprema Corte de Justicia, cuyas sentencias son evacuadas cuando las partes ya han muerto.
Necesariamente hay que preguntarse por qué el TC no quiere poner en cintura a los partidos políticos, pese a que son los que más daños hacen con su conducta a la democracia.
Hay recursos de revisión de acciones de amparo que alcanzan hasta los dos años y todavía no hay una forma de que se produzca un fallo. Se impone resolver esa mora porque al final de cuentas esa falla socava la seguridad jurídica, el principio de legalidad, la credibilidad del Tribunal Constitucional y de todo el sistema de justicia nacional.
No hay lugar a dudas que la tardanza del Tribunal Constitucional para fallar los recursos de revisión de las acciones de amparo representa un desequilibrio en la alta corte que debe ser corregido a la mayor brevedad posible.
Se impone que el TC se ajuste al mandato de su ley orgánica, la 137-11, para que preserve su credibilidad, porque no se puede ser estricto para hacer cumplir la Constitución en algunos casos, pero no así para otros. Esa debilidad del TC es comprobable con la celeridad que muchas veces conoce la acción directa de inconstitucionalidad, pero relega a años las revisiones que tienen que ver con el amparo, sobre todo cuando se trata de asuntos electorales que involucran violaciones cometidas por los partidos políticos.