Latinoamericanas
La guerra contra las drogas llega a la Ciudad de México
AP
La capital del país solía ver la guerra contra las drogas como una lucha que se libraba en estados alejados. Pero eso se acabó.
CIUDAD DE MÉXICO. Vehículos quemados. Caminos bloqueados. Un intenso tiroteo entre infantes de Marina y pandilleros que dejó ocho muertos.
Ese tipo de escenas se han vuelto comunes en ciudades fronterizas como Reynosa y Nuevo Laredo, y estadísticas difundidas el viernes muestran que la cantidad de muertos en la guerra de México contra las drogas ha alcanzado nuevas alturas este año. Pero los residentes de la capital se quedaron perplejos esta semana al ver ese tipo de caos en su propia ciudad.
La balacera del jueves, junto con el reciente surgimiento en un vecindario de clase trabajadora de un supuesto grupo de autodefensas _similar a los que surgieron en el estado occidental de Michoacán para oponerse a un cártel del narcotráfico_, ha apremiado a las autoridades a repetir sus viejas afirmaciones de que los cárteles de las drogas no operan en la Ciudad de México.
En el tiroteo se desplegaron unos 1.300 policías e infantes de Marina en las calles de Tláhuac, una delegación pobre en el sureste de la capital que hasta hace algunos años era un área rural. En las fotografías de lo ocurrido podía apreciarse que los sospechosos muertos portaban fusiles de asalto, no las pistolas utilizadas en la mayoría de los delitos a mano armada cometidos en la Ciudad de México.
Y quizá más sorprendente aún fueron los bloqueos de las calles realizados por pandilleros o por sus simpatizantes para obstruir los movimientos de la policía. Las autoridades municipales indicaron que los pandilleros secuestraron unos cinco autobuses o camiones, y en las tomas de video es posible ver a grupos de mototaxistas que estacionaban sus vehículos para bloquear el paso en una vía rápida y posteriormente incendiar un autobús después de que sus pasajeros huyeron.
“Llegan a la CDMX los narcobloqueos”, rezaba un encabezado en primera plana del periódico El Universal.
La capital del país solía ver la guerra contra las drogas como una lucha que se libraba en estados alejados. Pero eso se acabó. La violencia en la Ciudad de México sigue estando lejos de ser la peor, aunque su tasa de homicidios se elevó 21% en el primer semestre del año, según estadísticas del gobierno recién publicadas.
Éstas muestran que los homicidios en los primeros seis meses de 2017 se incrementaron en 31% a nivel nacional en comparación con el mismo período del año pasado, el peor brote de violencia en cuando menos 20 años.
Pero a diferencia de años anteriores, cuando la violencia estaba concentrada principalmente en estados fronterizos como Chihuahua y Tamaulipas _ Reynosa y Nuevo Laredo se ubican en este último estado_, ahora los homicidios están aumentando en todo el país.
En el enfrentamiento del jueves, gran cantidad de mototaxis fueron empleados para los bloqueos. La policía se llevó a 47 de ellos y arrestó a 16 sospechosos.
Los operadores de esos mototaxis no regulados “al parecer mantenían nexos con el narcomenudeo, facilitando la distribución”, señaló la policía de la Ciudad de México en un comunicado.
Las autoridades calculan que en la delegación hay aproximadamente 5.000 de esos taxis no oficiales, y en el pasado ya han tratado de erradicarlos. Pero en las zonas marginales donde los caminos están maltratados, los mototaxis siguen siendo uno de los principales medios de transporte de muchos habitantes que no pueden darse el lujo de tener un automóvil o pagar el costo de un taxi normal.
Raúl Benítez, experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que la pandilla, encabezada por un hombre apodado “El Ojos”, empleaba una red de esos conductores para que distribuyeran drogas y fungieran como centinelas.
“Pero ellos estaban usando armas de alto poder, no sólo pistolas, lo que justifica que el gobierno haya usado a la Marina”, señaló Benítez.
Los infantes de Marina, considerados las tropas mejor entrenadas de México, ya han sido desplegados en zonas urbanas anteriormente, y han utilizado helicópteros artillados contra sospechosos de narcotráfico. Pero salvo patrullajes ocasionales u otros operativos, rara vez se les ve en la capital en tales números.
El alcalde Miguel Ángel Mancera rechazó que los ocho hombres muertos en la balacera fueran miembros de un cártel, y en lugar de ello afirmó que estaba involucrada una pandilla grande de narcomenudistas.
Sin embargo, reconoció que “tenían control” del área y utilizaban algunas estrategias al estilo de los cárteles, tales como movilizarse en convoyes armados y colocar letreros similares a los vistos en los bastiones de los cárteles.
“Ni autodefensas ni grupos delictivos vamos a tolerar en la Ciudad de México”, afirmó Mancera el viernes en una conferencia de prensa.
Tradicionalmente, las autoridades han dicho que el tránsito de la ciudad está demasiado congestionado, y que hay muchos policías _más de 80.000_ como para que los narcotraficantes se desplacen en convoyes de la misma forma como lo hacen en otros estados.
El argumento oficial ha sido que, aunque las pandillas podrían haber lavado dinero y vendido drogas en la capital, no cometen la violencia vista en otras partes para no alterar la vida urbana y atraer la atención.
Pero es evidente que la banda encabezada por “El Ojos” usó algunas de tácticas de los cárteles del narcotráfico, tales como el control territorial de la distribución de drogas, extorsión generalizada a los negocios, el uso de fusiles de asalto y la eliminación de traficantes rivales.
“Este tipo de mafias, como ‘El Ojos’, no actúa normalmente en Coyoacán ni en Reforma, en delegaciones principales”… de la ciudad, sino que “operan en zonas populares aledañas”, señaló Benítez, e indicó que, en contraste, las pandillas en el centro de la ciudad son más sofisticadas y se mantienen libres de violencia.
El tiroteo del jueves “no causa zozobra en toda la ciudad porque ocurrió en una zona periférica”, afirmó Benítez. “Pero es una cosa que sí llama a la alerta, de que si no se para rápido, el crimen organizado podría entrar a la ciudad”.
Por MARK STEVENSON, Associated Press
Latinoamericanas
Haitianos no creen que la ONU logre una solución internacional a crisis de pandillas
AP
Puerto Príncipe, Haití.-En un momento en que lo mandatarios mundiales reunidos en Naciones Unidas esta semana discuten el futuro de los esfuerzos para frenar a las pandillas que controlan Haití, los haitianos expresan su desesperanza de que una respuesta internacional pueda sofocar la violencia.
Hasta ahora, una fuerza respaldada por la ONU de 400 policías de Kenia y alrededor de dos docenas de agentes jamaicanos ha hecho poco para detener a las pandillas en Haití, que han aterrorizado al país desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.
Los mandatarios mundiales han estado discutiendo los próximos pasos en complicados esfuerzos para restaurar el orden en la nación caribeña.
Estados Unidos ha planteado la idea de una fuerza de paz de la ONU, pero la idea se consideró demasiado polémica dados los casos de cólera y abuso sexual que se registraron la última vez que las tropas de Naciones Unidas operaron en Haití.
El despliegue de fuerzas kenianas fue, en parte, para evitar tensiones que podrían desencadenarse con el envío de otra misión de paz de la ONU.
Pero en una visita a Haití del presidente de Kenia, William Ruto, durante el fin de semana —en camino a la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, que comenzó el domingo— Ruto se dijo dispuesto a expandir las operaciones de Kenia hasta convertirlas en una misión de paz de la ONU más grande.
Si bien Ruto elogió los logros de las fuerzas kenianas el domingo, un informe reciente de un experto en derechos humanos de Naciones Unidas señaló que la violencia de las pandillas se está extendiendo por todo Haití y que la policía haitiana todavía carece de la “capacidad logística y técnica” para combatir a las pandillas.
La violencia actual ha dejado a haitianos como Mario Canteve, de 39 años, desilusionados por nuevos esfuerzos internacionales para sofocar a las pandillas, afirmando que ya no cree en las promesas de los mandatarios mundiales de que podrán cambiar la situación en la nación azotada por la crisis.
Canteve vende chips para teléfonos móviles y repara aparatos electrónicos en la capital, Puerto Príncipe, cuyo 80% se estima está controlado por pandillas.
Ante la brutal violencia de las pandillas, algunos haitianos han organizado grupos de vigilantes para defenderse.
Moise Jean-Pierre, un profesor de 50 años, recordó misiones pasadas de la ONU en Haití y consideró que tales esfuerzos eran una “pérdida de tiempo”.
“No sería la primera vez que tengamos misiones de la ONU en Haití”, dijo. “¿Qué diferencia habrá?”
Tales opiniones en el lugar hablan de la situación en que se encuentran los mandatarios mundiales que han pasado años buscando una solución más amplia a los problemas de Haití.
El gobierno de Kenia prometió 600 agentes adicionales y se espera que la misión actual de seguridad alcance un total de 2,500 efectivos, y las Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benin y Chad también se comprometieron a enviar policías y soldados. Aunque aún no queda claro cuándo sucederá eso.
Agencia EFE
Caracas.- La Asamblea Nacional de Venezuela (AN), controlada por el chavismo, rechazó este jueves la decisión de la Eurocámara de reconocer a Edmundo González Urrutia, candidato de la mayor coalición opositora, como presidente electo en las elecciones del 28 de julio. El resultado oficial proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro.
Durante una sesión transmitida por el canal estatal VTV, la AN condenó «la írrita e ilegítima práctica del Parlamento Europeo de reconocer gobiernos ficticios e ilusorios» y exhortó a respetar «la decisión del pueblo venezolano» que «eligió» a Maduro, un resultado que ha sido cuestionado tanto dentro como fuera del país.
Asimismo, instó a «los europarlamentarios fascistas» a abandonar «la fracasada estrategia neocolonialista» de «cambio de régimen» en Venezuela y pidió que se concentren en «las graves violaciones de derechos humanos que ocurren dentro de sus fronteras».
Por su parte, la diputada Blanca Eekhout, quien presentó el acuerdo, manifestó que «el fascismo pretende desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano», en referencia al resultado oficial de los comicios, que fue calificado de fraudulento por la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que respalda a González Urrutia.
El bloque antichavista sostiene que su candidato es el presidente electo, sustentando este reclamo con el «83,5%» de las actas electorales, publicadas en una página web y posteriormente descalificadas como falsas por el Gobierno y la Fiscalía.
Tras el reconocimiento de la Eurocámara, el líder de la PUD, exiliado en Madrid desde el 8 de septiembre, solicitó a la Unión Europea que actúe para que en Venezuela «se haga valer la soberanía expresada en las urnas».
La resolución del Parlamento Europeo, que no es vinculante, fue aprobada con 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones. También reconoce a María Corina Machado, principal aliada de González Urrutia, como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela.
Maduro fue proclamado presidente por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que, a pesar de la insistencia de numerosos países, aún no publica los resultados desagregados por centro de votación, como establece su propia normativa.
Latinoamericanas
Venezuela solicita orden de captura contra Milei por «robo de avión»; situación similar a la de RD
Agencias
CARACAS.- La Fiscalía de Venezuela tramita la solicitud de una orden de captura contra el presidente de Argentina, Javier Milei -a quien abrió «una averiguación»-, por el «robo» del avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y fue enviado a Estados Unidos en febrero, informó este miércoles el fiscal general, Tarek William Saab.
La institución «anuncia la asignación de dos fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes al caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión» también contra la secretaria general de Presidencia de Argentina, Karina Milei, y la ministra de Seguridad del país austral, Patricia Bullrich.
En febrero de este año el Gobierno de Estados Unidos confiscó un avión de carga Boeing de la estatal venezolana Emtrasur, que había sido vendido por una aerolínea iraní sancionada en violación de las leyes federales de control de exportaciones.
El avión de carga, un Boeing 747-300M, partió desde Argentina, donde estaba retenido desde 2022, y aterrizó en un aeropuerto no revelado en la Florida.
Antes de su venta a la estatal venezolana, la aeronave era propiedad de Mahan Air, una compañía a la que Washington señala por su apoyo a las Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, designada por Estados Unidos como una organización terrorista.
Situación en RD
La situación es muy similar a la ocurrida el pasado 2 de septiembre en República Dominicana cuando la justicia dominicana decidió enviar la aeronave a Estados Unidos, a solicitud del Departamento de Justicia de ese país.
El Gobierno de República Dominicana ha negado cualquier responsabilidad directa en la incautación de un avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por orden de las autoridades de Estados Unidos, alegando que todo el proceso se desarrolló en el ámbito de los tribunales, sin intervención de autoridades políticas o de la Fiscalía dominicana.
Según Álvarez, en mayo de este año “el Ministerio Público recibió una solicitud formal de Estados Unidos para inmovilizar la aeronave como parte de una investigación criminal relacionada con actividades de fraude, contrabando y lavado de activos. La aeronave se encontraba en la República Dominicana para fines de mantenimiento debido a la alta calidad de los servicios disponibles en el país. Posteriormente, el 22 de mayo, el Ministerio Público obtuvo una orden judicial de un tribunal competente que autorizó la inmovilización del avión”.
La respuesta de Argentina al proceso de Maduro
El Gobierno de Argentina repudió este miércoles la decisión de la Fiscalía de Venezuela de tramitar la solicitud de una orden de captura contra el presidente, Javier Milei, por el caso del avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires desde 2022 y enviado a Estados Unidos en febrero pasado.
«La República Argentina repudia las órdenes de aprehensión dictadas por el Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela contra el presidente de la Nación, Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, a raíz del incidente del avión de la empresa Emtrasur», dijo la Cancillería argentina en un comunicado.
Según el Gobierno de Milei, «el mencionado caso fue resuelto por el Poder Judicial, poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna, en aplicación de un acuerdo internacional».
«El Gobierno argentino recuerda al régimen venezolano que en la República Argentina impera la división de poderes y la independencia de los jueces, algo que lamentablemente no ocurre en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro», añade el comunicado.
En declaraciones transmitidas este miércoles por el canal estatal VTV, el fiscal general, de Venezuela Tarek William Saab, anunció que dos fiscales especializados «se encuentran tramitando la orden de aprehensión» contra Milei, su hermana Karina y Bullrich.
Explicó que, en el caso del avión, que fue «totalmente desmantelado» en Estados Unidos, se incurrió, según la legislación venezolana, en los delitos de «robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir».
Por otra parte, Saab informó de la designación de un «fiscal especializado en materia de protección a los derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes» contra Milei y Bullrich por «las acciones cometidas contra el pueblo argentino» y aseveró que se podría «estar en presencia de graves violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad».
El fiscal, quien llamó «fascista» y «neonazi» a Milei, dijo que en Argentina se aplica un «programa de violencia institucional premeditado» contra su población, por lo que señaló al mandatario argentino como «el violador de derechos humanos más feroz del continente» y como «un peligro brutal para todo el hemisferio».
Este mes, la Cancillería argentina instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a solicitar una orden de detención contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y «otros cabecillas del régimen», ante «el agravamiento de la situación» tras los comicios presidenciales en el país caribeño el 28 de julio.