La Impunidad es un flagelo difícil de erradicar.

Por Elba García.

La República Dominicana desde mucho antes de su nacimiento como Estado ha estado impactada por la corrupción y la impunidad.

Es un tema recurrente en la historia nacional porque es la vía más fácil para la acumulación originaria.

El Estado es generador de enormes recursos, principalmente económicos, lo cual se constituye en una razón más que suficiente para que sea una vía del que busca hacer fortuna sin trabajar.

Por esta razón, son muchos, podría decirse incontable, la cantidad de dominicanos que han pasado de la pobreza a la riqueza mediante el mal uso de los recursos del erario nacional.

Ahí estriba el hecho de que haya tantos intereses alrededor del nuevo Código Penal con el propósito de incorporar algunos artículos que garanticen impunidad.

Toda la corrupción en contra del Estado viene a través de los partidos políticos, que más que instrumentos para fortalecer la democracia, son realmente mecanismos para destruirla, para hacerla menos creíble.

En la actualidad el país ha arreciado la discusión o el debate en torno a los artículos que debían aparecer en el Código Penal, pero no son pocas las personas que los quieren ajustar o acomodar a sus intereses.

Este interés ha aumentado tras la designación de un Ministerio Público independiente, pero que todavía falta que una medida de hecho pase a otra de derecho, es decir, que sea incorporado a la Constitución de la República.

Ese solo hecho ha preocupado a todo al que va a la política a buscar lo que no es suyo, lo que pertenece al pueblo dominicano.

Los corruptos ya se ven en el espejo de todos los casos que han surgido a propósito de la escogencia de un Ministerio Público independiente y que el mismo ha permitido que generales activos hoy estén como un preso cualquiera en Najayo.

Esa sola razón es suficiente para que los que buscan servirse, más que servir, vean con preocupación un nuevo Código Penal que cuente con la suficiente fuerza para castigar al que muy difícilmente vaya a dejar de hacer política para buscar fortunas mal habidas.

Sin embargo, la última palabra descansa en los ciudadanos, que son los únicos con la fuerza para exigir a diputados y senadores que se ajusten a las nuevas exigencias de la sociedad de que en el país se castigue como se merece el robo del patrimonio público.

Solo la presión social cambiará la decisión de los corruptos de profundizar el dique de contención que evite que terminen en un cuartito estrecho de Najayo después de ser personas potentadas y con grandes privilegios.

El momento es para crear las herramientas que acaben de una vez y por todas con la desgracia de la corrupción administrativa y su consecuente impunidad.