Editorial
La incapacidad, la ignorancia y la complicidad son los principales flagelos de la nación.
La escogencia de los cinco nuevos jueces del Tribunal Constitucional, incluido su nuevo presidente, representa una nueva amenaza al peligro que constituye la falta de institucionalidad de que adolece el Estado dominicano.
El Tribunal Constitucional es un órgano vital para fortalecer la seguridad jurídica que debe prevalecer en la nación, de la cual depende incluso el futuro de la inversión extranjera, elemento vital para el crecimiento económico.
El hecho de que ya surjan tantas dudas de los jueces que pasan a formar parte del Tribunal Constitucional, se convierte en una debilidad muy grande para una nación que no sale de la incertidumbre que crean los partidos políticos, causantes de todos los males nacionales.
Y la verdad es que la elección de los cinco jueces del T.C. parece acercarse mucho a la búsqueda de una justicia complaciente o por lo menos que para su escogencia no ayude el proceso de institucionalidad que debe vivir el país para consolidar la democracia nacional.
Por qué no decirlo que la elección que ha hecho el Consejo Nacional de la Magistratura deja mucho que desear y que si se parte de algunos de los elegidos se puede colegir que algo falló o fue manejado para fortalecer los antivalores nacionales.
De cualquier modo, los nuevos jueces del Tribunal Constitucional tendrán que hablar por sentencias y si no se manejan apegado al principio de razonabilidad sus resultados impactarán su hoja de vida y el legado que dejarán a la sociedad y a sus familias.
En el país no hay un solo escenario que genere la certeza de que por lo menos existe el interés de pensar en el futuro de la nación, sino que donde quiera aparecen los intereses más perversos y dañinos para una nación que sólo sabe de sufrimientos y de acciones equivocadas y distorsionadas.
Sólo uno de los seleccionados basta para darse cuenta que no ha habido el suficiente cuidado para evitar que la gente no confíe en un tribunal tan vital para el respeto de los derechos constitucionales y fundamentales y en consecuencia todo indica que se retrocede en un sistema como el de justicia que se supone que es una garantía para preservar el estado de derecho y la democracia.
No luce que la sociedad dominicana haya salido gananciosa del proceso de elección de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional, lo cual es deducible por algunos de los escogidos, quienes han estado más vinculados a la politiquería que a la trayectoria a tomar en cuenta para ser juez de un Tribunal tan importante como el Constitucional.
La cuestión estriba en que los protagonistas de la escogencia de los cinco nuevos jueces del Tribunal Constitucional no se dan cuenta del daño que le infringen a la sociedad dominicana, porque esa es una forma de poner a depender las ancias de justicia de personajes seriamente comprometidos con la partidocracia, principal distorsión del sistema democrático nacional.
Y no es que sea algo exclusivo de los que ahora tienen el control del Estado, sino que es lo mismo de otros que antes han tenido el mismo privilegio y que no hay forma de que rectifiquen sus errores, porque ellos viven más de la politiquería que de defender los mejores intereses de República Dominicana.
Desde hace mucho tiempo que se escucha decir que los Estados Unidos han iniciado en el campo político un tránsito indetenible hacia el tercer mundo.
Ese convencimiento en muchos lugares del mundo no luce que sea solamente por la carestía del costo de vida y la predominación de empleos de mala calidad, sino, principalmente, por el aparecimiento de una figura que no respeta nada ni a nadie.
Donald Trump ha demostrado la fragilidad del sistema norteamericano con violaciones de la ley civil y penal que lo iguala a lo que ocurre allí con los llamados países del tercer mundo.
Donald Trump ha dejado claro que tiene más poder y fuerza que los instrumentos que tiene el Estado para combatir el crimen y el delito.
Sin embargo, se observa que este personaje parece haber entrado en decadencia con la entrada en escena como candidato presidencial de Kamala Harris.
Aunque, naturalmente, nadie todavía puede cantar victoria, porque Trump se mueve entre altas y bajas, pese a que políticamente se ha beneficiado más de la primera que de la segunda.
Ello así, aunque su discurso es discriminatorio, promotor de violencia y de una serie de irreverencia, pero la mas o mayor perjudicada es la sociedad norteamericana.
Su agresividad ha sido tan radical que aparte de atacar instituciones sagradas de la vida de los Estados Unidos, ha intentado acabar o eliminar organismos de seguridad como el Buró Federal de Investigaciones (FBI), al cual ha atacado sin piedad.
Ahora se podría decir que la principal amenaza a la permanencia de Trump en la vida pública de los Estados Unidos de América sea su edad, porque de otra manera no habría forma de apartarlo de la política de esa nación.
Las elecciones de noviembre podrían ser el último eslabón de un Donald Trump que no para de ofender y de alguna manera burlarse de la sociedad que dice defender.
Los perfiles de la sociedad dominicana indican desde hace muchos años que somos una nación profundamente patológica.
El estudio que sirve de base para esta afirmación y que se publica en la sección De Portada de este periódico, deja claro que la República Dominicana presenta un cuadro que requiere de un tratamiento especial.
Lo malo de esto que lo que se refleja en la investigación en referencia confirma la tesis de que el dominicano ha sido arropado por una serie de antivalores, cuyo principal promotor es el Estado.
La cuestión es que nadie confía en nadie, todo el mundo duda de los demás, es un asunto que impacta de una forma muy severa el desarrollo social, lo cual también daña lo económico.
Pero lo preocupante no es sólo conocer y analizar esa realidad, sino pensar en cómo darle solución a un problema que ha minado los cimientes ético-morales de los dominicanos.
Lo más lamentable de esta realidad es que nadie toma el asunto en serio y cuando alguien expresa su preocupación sobre lo que ocurre es considerado como un desfasado y desadaptado social.
De manera, que se trata de un problema de fondo que no se soluciona con acciones simples y sin consistencia.
La pregunta es cómo enfrentar esa cultura de “dejar hacer y dejar pasar”, cuya sociedad sobrepone lo económico por encima de cualquier valor familiar, moral o social.
Esta encuesta retrata de cuerpo entero una sociedad profundamente enferma y con tendencia a empeorar hasta poner en peligro su propia existencia.
De cada uno de los dominicanos depende que esa realidad cambie, pero para ser realista mientras el Estado no se maneje con un criterio diferente, es decir, promover valores, más que anti valores, muy difícilmente el cuadro se pueda revertir.
Tenga toda la seguridad de que así es, hermano conciudadano.
Editorial
Las fortunas, aunque mal habidas, es una garantía de vigencia en el escenario político nacional.
Cada día se confirma que el discurso de los políticos es sólo un instrumento para mentir y vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
Esa forma de ver la vida parece que será la principal causa para que la República Dominicana colapse totalmente.
Tanto es así que el presidente Luis Abinader y el PRM se han encargado de dejar claro que la falta de transparencia y de ética sólo tienen sentido si el personaje involucrada no está con su causa.
Esta conducta de Abinader y el PRM se confirma con la designación de Julio Cesar Valentín en la Superintendencia de Seguros, ya que cuando fue imputado de corrupción en el caso Odebrecht fue causa de satisfacción por parte de los oficialistas, pero hoy celebran y bailan juntos.
Pero esta realidad no se da porque se trata de Valentín, sino de cualquier otro peledeísta imputado de corrupción que se pase al gobierno, porque al ser todos iguales su maldad está determinada por el litoral en que se encuentre el personaje involucrado.
De manera, que unos y otros son pájaros del mismo nido, aunque se proyecten con nombres y colores diferentes.
La gran desgracia de la República Dominicana tiene que ver con la cultura depredadora de su gente, lo cual probablemente es peor que la falta de institucionalidad, de la pobre fiscalización y de los bajos niveles de regulación que impactan al Estado.
Es una carrera en contra del tiempo que parece ser silenciosa, pero que en realidad no lo es, porque el comportamiento de la clase política deja claro que su nivel de interpretación y planteamiento de soluciones no llega más allá de su prioridad que es enriquecerse al precio que sea.
Por eso la preocupación de los que conforman los partidos de turnarse en la repartición del patrimonio nacional, no otra cosa, no deja margen para creer que haya mecanismos eficientes para combatir ese mal.
Es un problema de grandes magnitudes, porque no hay quien pueda dar el primer paso para combatir el principal instrumento de la corrupción y el atraso como son los partidos políticos, los cuales con su irracionalidad y falta de delicadeza, no dejan ninguna vía y mucho menos se ve alguna vocación para erradicar ese mal comportamiento.