Editorial
La incapacidad, la ignorancia y la complicidad son los principales flagelos de la nación.
La escogencia de los cinco nuevos jueces del Tribunal Constitucional, incluido su nuevo presidente, representa una nueva amenaza al peligro que constituye la falta de institucionalidad de que adolece el Estado dominicano.
El Tribunal Constitucional es un órgano vital para fortalecer la seguridad jurídica que debe prevalecer en la nación, de la cual depende incluso el futuro de la inversión extranjera, elemento vital para el crecimiento económico.
El hecho de que ya surjan tantas dudas de los jueces que pasan a formar parte del Tribunal Constitucional, se convierte en una debilidad muy grande para una nación que no sale de la incertidumbre que crean los partidos políticos, causantes de todos los males nacionales.
Y la verdad es que la elección de los cinco jueces del T.C. parece acercarse mucho a la búsqueda de una justicia complaciente o por lo menos que para su escogencia no ayude el proceso de institucionalidad que debe vivir el país para consolidar la democracia nacional.
Por qué no decirlo que la elección que ha hecho el Consejo Nacional de la Magistratura deja mucho que desear y que si se parte de algunos de los elegidos se puede colegir que algo falló o fue manejado para fortalecer los antivalores nacionales.
De cualquier modo, los nuevos jueces del Tribunal Constitucional tendrán que hablar por sentencias y si no se manejan apegado al principio de razonabilidad sus resultados impactarán su hoja de vida y el legado que dejarán a la sociedad y a sus familias.
En el país no hay un solo escenario que genere la certeza de que por lo menos existe el interés de pensar en el futuro de la nación, sino que donde quiera aparecen los intereses más perversos y dañinos para una nación que sólo sabe de sufrimientos y de acciones equivocadas y distorsionadas.
Sólo uno de los seleccionados basta para darse cuenta que no ha habido el suficiente cuidado para evitar que la gente no confíe en un tribunal tan vital para el respeto de los derechos constitucionales y fundamentales y en consecuencia todo indica que se retrocede en un sistema como el de justicia que se supone que es una garantía para preservar el estado de derecho y la democracia.
No luce que la sociedad dominicana haya salido gananciosa del proceso de elección de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional, lo cual es deducible por algunos de los escogidos, quienes han estado más vinculados a la politiquería que a la trayectoria a tomar en cuenta para ser juez de un Tribunal tan importante como el Constitucional.
La cuestión estriba en que los protagonistas de la escogencia de los cinco nuevos jueces del Tribunal Constitucional no se dan cuenta del daño que le infringen a la sociedad dominicana, porque esa es una forma de poner a depender las ancias de justicia de personajes seriamente comprometidos con la partidocracia, principal distorsión del sistema democrático nacional.
Y no es que sea algo exclusivo de los que ahora tienen el control del Estado, sino que es lo mismo de otros que antes han tenido el mismo privilegio y que no hay forma de que rectifiquen sus errores, porque ellos viven más de la politiquería que de defender los mejores intereses de República Dominicana.
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana