Opinión
La inflación moral del país (2)
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Por Andrés L. Mateo
Quiero recordar aquél espectáculo degradante que la Cámara de diputados protagonizó con la supresión del párrafo III del artículo 85 del código procesal penal, entre los años 2013 y 2014. Ese párrafo era crucial para solidificar el sistema de impunidad que el PLD ha erigido, porque castraba la posibilidad de la querella del ciudadano, esa facultad de denunciar los actos de corrupción que atañen a toda conciencia de ciudadanía. La prensa de entonces reseñó las diligencias de Víctor Díaz Rúa para que el poder legislativo desarticulara ése artículo, y más que validar ahora las razones que él tenía para que esto se realizara; lo que se desplegaba era el manto de impunidad más tupido de toda la larga historia de la corrupción. El grado más elevado de la concepción patrimonial del Estado. El nivel de la corrupción abiertamente proclamado sin ningún sonrojo. El Estado como botín, el despojo de la riqueza social cual si el partido gobernante tuviera derechos extraordinarios de apropiación de los fondos de la nación, sin un régimen de consecuencia.
Si ahora vemos a Felucho Jiménez proclamar que el Comité político del PLD sabía de las sobrevaluaciones en las obras de ODEBRECHT; y que Reinaldo Pared, el secretario general del partido, le responde que lo que se discutió fue “el desvío del trazado de una carretera” en la cual Felucho Jiménez tenía intereses; lo que descubrimos es que en el Comité Político se discuten problemas financieros que son exclusividad del Estado; porque el PLD ha perdido el carácter político, y se ha convertido en una corporación económica. La hiper corrupción es lo característico de la etapa actual de los gobiernos peledeístas, y es diferente de esas formas sistémicas que registra la historia, no solo por elevado nivel de acumulación de capital que maneja, sino porque requiere garantías de impunidad absoluta, y falsificación de todo el régimen de consecuencias que deberían prever las leyes. Para la hiper corrupción el Estado es oxígeno indispensable, la fuente de toda acumulación patrimonial. Es por ello que Felucho y Reinaldo Pared discuten, y es por ello que, pese al dominio absoluto del sistema judicial, el párrafo III del artículo 85 del Código Procesal Penal era un incordio para el predominio de la impunidad. Felucho y Reinaldo Pared son la misma cosa, son la misma barbaridad de una práctica política autoritaria y corrupta, y la misma vocación de eternidad que no respeta las leyes. Un sacerdote rabioso, gran amigo con el que discuto temas políticos, entre perdigones de saliva me dijo bajito: “Andrés, no seas pendejo, esos tígueres están curtidos, y aman el dinero”. Y yo sentí que ese era el mismísimo significado de nuestra existencia, de nuestra frustración. Ante un país que tiene secuestrada todas las instituciones formales de la democracia, y una dictadura real junto a una inflación moral que dificulta respirar aires de dignidad, dos “jorocones” del partido de gobierno debaten públicamente “asuntos económicos”, y no pasa nada. ¡Oh, país!