Editorial
La Izquierda está más dividida que la derecha en la República Dominicana.
El síndrome de la división o atomización de la sociedad dominicana se expresa con mayor fuerza en los partidos de la izquierda que en los de la derecha.
La razón consiste en que los dirigentes de la izquierda en la práctica parecen ser más egoístas que los de la derecha, ya que estos últimos siempre han logrado unirse para estructurar los partidos que les sirven de guía.
La derecha tiene una serie de divisiones en sus partidos más importantes, como por ejemplo el Revolucionario Dominicano, el cual, aunque siempre mantuvo una posición considerada muy liberal, su llegada al poder lo puso al servicio de los grupos económicos y los sectores más conservadores de la sociedad.
Lo mismo se puede decir del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el cual luego de la muerte de Joaquín Balaguer se ha dividido en reiteraciones ocasiones y ahora es una especie de visagra, cuya condición genera una serie de confrontaciones que crean profundas escisiones en su seno.
Igual camino luce haber escogido el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ahora en el poder, pero que ya han salido a la superficie brotes divisionistas que podrían condenarlo a correr la misma suerte que el antiguo nido de quienes lo conforman, el PRD.
Nada menos se puede decir del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuyo síndrome hizo su presencia cuando Leonel y Danilo terminaron en una confrontación a muerte, que permitió que éste fuera sacado del poder por haberse convertido en una corporación económica.
Todos sin excepción terminan impactados por la cultura de la división que prevalece en la sociedad dominicana por tratarse de una herencia histórico cultural, en la que predomina el caudillismo, el jefismo y el amiguismo, cuyas escisiones no obedecen a cuestiones ideológicas, sino individuales y personales.
Sin embargo, hay que decir que igual fenómeno ha impactado a la izquierda, donde se ha hecho prácticamente imposible una unidad que en la realidad se ha convertido en una utopía, lo cual inclusive lleva a las organizaciones de esta corriente a estar al correr el tiempo más disminuida cualitativa y cuantitativamente.
Un detalle que llama a la atención es que los que pertenecen a la derecha generalmente tienen mayor poder de convocatoria que los de la izquierda, aunque no se sabe si este resultado es una consecuencia del clientelismo que ha tomado mucho cuerpo en el país.
Pero debe decirse también que la izquierda o por lo menos la mayoría de ella ha estado inmersa en la micro corrupción a través de los ayuntamientos y otras fuentes de la gestión pública, mientras la derecha ha sido la que ha contado históricamente con la que se genera a nivel macro.
Independientemente de los fenómenos que producen ambas situaciones, lo cierto es que la izquierda no logra tener una presencia importante en la vida política nacional y que al final de las contiendas electorales tienen que sumarse a los partidos que promueven aspectos que son la esencia de la diferencia entre ambas corrientes, como muy bien se podría citar el neoliberalismo.
Lo lamentable del asunto es que amenos que el cuadro no cambio, la derecha seguirá con el control del Estado y a la izquierda no parece quedarle más remedio que recibir migajas y seguir como visagra para que la primera siga con el disfrute de la masa y la segunda de los huesos y en consecuencia no se vislumbra que por el momento pueda surgir una propuesta que vaya en beneficio de los mejores intereses nacionales, al margen de los grupos económicos y de los sectores más conservadores de la nación.
De manera, que este cuadro de la política nacional aleja por el momento la posibilidad de que la República Dominicana cuente con una propuesta como ha ocurrido en muchos países latinoamericanos que abra el camino para que la izquierda pueda llegar al poder con los partidos que la integran en la actualidad, en los que se impone la división, el chisme y la falta de visión para trabajar sobre la base de la alta política.
La educación es la puerta al desarrollo, cuya expresión no se trata de un cliché, sino de una realidad que debe ser digerida o comprendida por todas las naciones del planeta.
El fenómeno de una buena educación ha sido aprovechado al máximo por las naciones asiáticas, como Simgapur, Corea del Sur y Japón.
Estas naciones del continente asiático han tomado el toro por los cuernos en lo que respecta a invertir para su desarrollo y de esa manera impactar a todo el planeta.
Pero la pregunta que debe hacerse cualquier persona con un nivel óptimo de inteligencia y por qué a países como la República Dominicana se le hace tan difícil ocupar esos niveles de desarrollo cognitivo y de un mayor coeficiente de inteligencia.
Es común escuchar a cualquier joven decir en este lado del mundo que para tener dinero no se necesita estudiar, lo cual no obedece totalmente a la verdad, porque en cualquier lugar del universo donde se prioriza la educación, la tecnificación y la buena formación le sirve más que toda la riqueza material que se pueda tener, aunque generalmente la primera garantiza la segunda.
Debe entenderse que las naciones de economía informal, del día a día, de poco desarrollo industrial, el trabajo artesanal es lo que predomina y en consecuencia un país al margen del conocimiento no tiene otras formas que sobrevivir mediante el trabajo rustico y poco tecnificado.
Es decir, que para cualquier país del tercer mundo rebasar su pobreza y precariedades tendrá que insertarse en el mundo del conocimiento, de las ciencias y de las tecnologías, no importa que tantos plátanos y mangos exporte.
Si la República Dominicana quiere tener un desarrollo verdadero, no de palabras y de campañas publicitarias, debe, primero, mejorar la calidad de la inversión del 4 por ciento en educación y empeñarse en superar ese nivel, a fin de que al cabo de algunos años se pueda ver en el espejo de las naciones que hoy exhiben un desarrollo envidiable como Uruguay, Argentina y Chile o tal vez mejor decir como Singapur, Corea del Sur y Japón, entre muchos otros.
La educación, sin lugar a dudas, es la puerta hacia el desarrollo inclusivo, imitemos los ejemplos que tenemos a la vista, pero ello debe estar acompañado de planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo, sin lugar a dudas, la principal debilidad de los países pobres y subdesarrollados.
Nadie se atreve a negar el poder de los Tribunales Constitucionales en las democracias del siglo 21. Un buen ejemplo, entre muchos otros, es la sentencia TC/0767/24 que anula por inconstitucional la Ley 1-24, que creaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)
En el campo internacional otro buen ejemplo de ese poder inmedible del constitucionalismo es lo que acaba de ocurrir en Rumania, donde el alto tribunal anuló la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en esa nación europea.
De manera, que ese poder extraordinario se repite regularmente en diferentes naciones del mundo, incluida la República Dominicana, donde el Tribunal Constitucional, como legislador negativo, acaba de dar un plazo de un año al Congreso Nacional para que corrija los errores procedimentales en la aprobación de la Ley 10-15 que modifica el Código Procesal Penal por éstos ser violatorios de la normativa procesal que establece sobre la materia la carta magna.
En realidad, se trata de un fenómeno mundial, dado que el constitucionalismo es prácticamente la guía de las nuevas democracias del mundo.
Todo ello demanda que el Tribunal Constitucional dominicano ponga en primer plano la revisión de las acciones de amparo que son sometidas a la alta corte.
Esperar años para fallar los recursos de revisión de acciones de amparo, incluidas las de cumplimiento y electoral, socaba la credibilidad del Tribunal Constitucional que está llamado a corregir las debilidades de que adolece el sistema de justicia, entre ellas la llamada mora judicial.
No hay una explicación lógica de que el Tribunal Constitucional se tarde hasta dos años para fallar una revisión de una acción de amparo cuando el articulo 102 de su propia Ley orgánica habla de 30 días, cuyas decisiones tardías cuando se producen ya no surten ningún efecto.
Cualquiera se podría preguntar si es que se trata de una manipulación o de un condicionamiento, máxime cuando la revisión de las acciones de amparo persigue corregir cualquier distorsión de los derechos fundamentales, no importa que provenga de los partidos políticos cuando se trata de asuntos electorales.
Sólo mediante esa interpretación se podría entender la tardanza del TC para solucionar un problema que está asociado a violaciones graves de un derecho fundamental como es, por ejemplo, el de elegir y ser elegible.
Es imperdonable que el Tribunal Constitucional someta al justiciable al mismo dolor de cabeza que proviene de la Suprema Corte de Justicia, cuyas sentencias son evacuadas cuando las partes ya han muerto.
Necesariamente hay que preguntarse por qué el TC no quiere poner en cintura a los partidos políticos, pese a que son los que más daños hacen con su conducta a la democracia.
Hay recursos de revisión de acciones de amparo que alcanzan hasta los dos años y todavía no hay una forma de que se produzca un fallo. Se impone resolver esa mora porque al final de cuentas esa falla socava la seguridad jurídica, el principio de legalidad, la credibilidad del Tribunal Constitucional y de todo el sistema de justicia nacional.
No hay lugar a dudas que la tardanza del Tribunal Constitucional para fallar los recursos de revisión de las acciones de amparo representa un desequilibrio en la alta corte que debe ser corregido a la mayor brevedad posible.
Se impone que el TC se ajuste al mandato de su ley orgánica, la 137-11, para que preserve su credibilidad, porque no se puede ser estricto para hacer cumplir la Constitución en algunos casos, pero no así para otros. Esa debilidad del TC es comprobable con la celeridad que muchas veces conoce la acción directa de inconstitucionalidad, pero relega a años las revisiones que tienen que ver con el amparo, sobre todo cuando se trata de asuntos electorales que involucran violaciones cometidas por los partidos políticos.
La principal labor de los ayuntamientos del país es procurar resolver la recogida de basura, la cual es la que requiere mayor inversión económica de los gobiernos locales.
Pero de igual modo es la principal fuente de promoción de corrupción, porque los contratos casi siempre se manejan a discreción del ejecutivo municipal, no importa cómo se llame.
Sin embargo, la llegada de Ulises Rodríguez hace muy poco tiempo parece representar la mayor amenaza en contra de la estabilidad económica de la alcaldía de Santiago.
Se ve a leguas la falta de planificación y de la implementación de políticas publicas que pueda llevar a un buen comino a la ciudad corazón como también se conoce.
Es motivo de alarma la cantidad de dinero invertido en la recogida de la basura y para llevarla a su destino final, cuyas sumas involucradas son realmente desproporcionadas y abusivas.
Es urgente que haya una explicación convincente sobre los gastos excesivos en la recogida de desperdicios sólidos que tiene el ayuntamiento de Santiago en la actual administración.
Las sumas involucradas crean mucha preocupación de que la ciudad termine en la quiebra total como resultado de una mala gestión y por un abuso del actual ejecutivo municipal.
Ulises Rodríguez está en la obligación de darles una explicación a los munícipes de Santiago, porque las sumas involucradas no parecen tener ninguna justificación.
Se impone una rigurosa fiscalización y seguimiento a las andanzas del actual alcalde Ulises Rodríguez, quien ha sido señalado como inepto e irresponsable frente a las finanzas del gobierno local.
Antes de que sea tarde, el munícipe de Santiago debe lanzar una mayor voz de alarma para que las cosas no sigan de mal en peor.