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Editorial

La JCE negocia lo que mandan las leyes del régimen electoral.

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Las leyes son para cumplirlas, no para negociar su aplicación como acaba de hacerlo la Junta Central Electoral (JCE).

Después de los principales partidos políticos incurrir en todo tipo de violación a la ley, en algunos casos con la anuencia del órgano comicial, ahora se negocia el respeto a normas jurídicas sobre la materia.

El acuerdo cívico y democrático consensuado por la JCE con los partidos políticos es una forma de expresar que aun aquellos que lo violen no recibirán la sanción que establece la ley.

El asunto en vez de fortalecer la autoridad que le otorga el Estado a la JCE, la desautoriza para asumir la responsabilidad que le otorgan las leyes del régimen electoral.

Nadie cree que aun en el caso hipotético que estos partidos continúen con la campaña electoral a destiempo habrá alguna sanción como lo dispone la ley, que fue lo que debió ocurrir.

Ahora resulta, que por ejemplo el PLD, cuenta con un candidato presidencial en ventaja frente a los demás competidores y lo propio se puede decir del PRM, el cual ya ha anunciado la reelección presidencial.

La Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández también recorre el mismo camino de la ilegalidad, pero si se impusiera una sanción, un régimen de consecuencia, probablemente no se requiera la firma del acuerdo cívico y democrático.

En el país todo se desvanece, se vuelve nada, porque la partidocracia es la dueña y señora de la mal llamada democracia dominicana.

Nadie tiene la seguridad qué ocurrirá a partir de ahora, pero ya la integridad del sistema electoral está seriamente lesionado y amenazado por unos partidos que no respetan a nada ni a nadie.

Con el pacto cívico y democrático consensuado con los partidos políticos por la JCE, el órgano comicial sólo pierde porque se ha dedicado a negociar lo que la ley manda.

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Editorial

La amenaza trumpista a las democracias del hemisferio y de todo el planeta.

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El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.

En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.

Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.

Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia,  Gustavo Petro.

Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.

Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.

Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.

Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.

Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.

La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.

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Editorial

Un año nuevo que llega lleno de preocupaciones.

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El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.

Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.

Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.

El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.

De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.

El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.

Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.

Ello es así, por ejemplo,  en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción,  no  hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.

Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.

En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.

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Editorial

La solemnidad de una justicia con pies de barro.

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La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.

Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.

El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.

Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.

El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,

Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.

Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,

En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.

Ahora mismo puede decirse  con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.

Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana

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