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La Junta Central Electoral busca una asignación del 1.5% del Presupuesto
SANTO DOMINGO. Una propuesta sometida por la Junta Central Electoral /JCE), para modificar la Ley 275-97, que regula todo el sistema electoral dominicano, se discute con cautela en la Cámara de Diputados, ya que propone que ese organismo reciba cada año una proporción del Presupuesto General del Estado de un 1.5 por ciento.
La propuesta, que está siendo estudiada por la comisión de Junta Central Electoral que preside Karen Ricardo, establecería que la Junta deberá elaborar su presupuesto, que «no podrá ser menor del 1.5% del presupuesto general de la nación, y que, además, tendrá que ser incluido en el proyecto de Presupuesto que el Poder Ejecutivo someta al Congreso Nacional.
Esto, sin prejuicio de los gastos extraordinarios para ser aplicados a un proceso electoral, lo que representaría a la JCE un presupuesto de aproximadamente RD$8,000 millones, si el Congreso acoge la propuesta.
Actualmente el órgano electoral recibe un presupuesto de unos RD$2,600 millones, y al parecer quiere sumarse a los órganismos descentralizados del Estado que tienen establecidas cuotas del Presupuesto, pero que el Gobierno no cumple, como son la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Cámara de Cuentas, el Congreso y los Ayuntamientos.
Aspectos contradictorios
El proyecto de ley propone eliminar el sistema de voto preferencial para las candidaturas a diputados y diputadas, lo que entra en contradicción con la ley aprobada a finales del pasado año, que establece este sistema de sufragio, y que fue promulgada por el Poder Ejecutivo. La JCE sugiere listas cerradas y bloqueadas.
Otro punto que se cuestiona en el Congreso Nacional es que obligaría a las encuestadoras a registrarse en la JCE y estas no podrán publicar sus estudios de mercado electoral en los últimos días previos a las votaciones; además, los partidos tendrán un máximo para gastar en campaña, equivalente a RD$200 por cada elector que hayan alcanzado en las últimas elecciones.
Plantea que «las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido político o alianza de partidos a la cual pertenezca el mismo, a un cargo de elección, no podrán ser postuladas por ningún partido político o por libre postulación en el mismo proceso electoral». Esto para tratar de enfrentar el llamado «transfuguismo».
FONDOS Asignados
La JCE tiene asignado para el 2014 un presupuesto ascendente a RD$3,955,938,460, incluyendo las partidas asignadas por el Poder Ejecutivo a los partidos políticos.
El presupuesto asignado para el año pasado ascendía a RD$3,455.9 millones.
El órgano electoral recibió, además, un presupuesto complementario el año pasado ascedente a RD$200 millones.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.