JCE procura hacer más efectivas leyes electorales para poner en cintura a los partidos políticos.

Por Elba García

El nuevo presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, desde su llegado a esa posición ha planteado una serie de reformas al registro civil y a los fondos que reciben del Estado los partidos políticos, los cuales, grandes y pequeños, de izquierda y de derecha, no cumplen con la ley o más bien se burlan de la normativa jurídica sin que se produzca ninguna consecuencia.

Todo el mundo sabe de todos los vicios ocurridos durante los procesos electorales más recientes, en los que no sólo han actuado mal los que dirigían la JCE, sino también los partidos políticos que se prestan a cualquier maña para engañar a la sociedad y socavar la democracia.

Los miembros del Pleno de la JCE siempre han violado su propia legalidad y en componenda con los partidos políticos violentan la ley y su reglamento, lo cual se constituye en un golpe mortal al sistema democrático que descansa principalmente en los procesos electorales.

La modificación de todas las leyes del sistema electoral dominicano tiene en estos momentos mucho asidero, porque de otra manera el país continuaría con una caricatura de democracia que sólo sirve para todos vivir en una permanente trampa y engaño en contra de toda la sociedad.

Las irregularidades ocurridas durante el pasado proceso electoral son la mejor demostración de la vocación mafiosa, no sólo del partidarismo político, sino de los propios funcionarios de la Junta Central Electoral, donde se tejen una serie de fraudes con la complicidad de los que han tenido la misión de dirigir el órgano arbitral.

En tal virtud, parecen muy atinadas las propuestas de modificación de todas las leyes que conforman el ordenamiento jurídico en esta materia, a fin de que la democracia dominicana sea más confiable y transparente.

En el país quién puede negar, por ejemplo, la compra de votos por parte de la gran mayoría de los partidos políticos y los que no lo hacen directivamente están involucrados en el problema a través de alianzas y coaliciones que los hacen cómplices de esas inconductas.

Son muy pocos los dominicanos que no saben que los partidos políticos han hecho fiestas con el dinero que proviene de un financiamiento a esas organizaciones que general y regularmente termina en los bolsillos de sus dirigentes, pero que nadie se ha interesado en cambiar esa vocación delincuencial de unos supuestos lideres que se pasan el tiempo con criticas en contra de las malas acciones de los gobiernos de turno, lo cual constituye una doble moral.

El colmo de los partidos políticos que llevan muchos años con la falsificación de documentos para justificar gastos que nunca han hecho es engañar, ya no sólo a la Junta Central Electoral, sino también al Estado y a toda la sociedad dominicana.

Este fenómeno es transversal a todas las instituciones públicas del país y en muchos casos del sector privado que se alían al oficial para depredar los recursos del erario nacional, sin que a nadie le importe y sin la existencia de un régimen de consecuencia.

La nueva Junta Central Electoral (JCE) tiene una oportunidad de oro para parar de una vez y por todas las acciones mafiosas y tramposas de los funcionarios de ese órgano comicial y de los partidos políticos, que hay que reiterar que la mayoría es la responsable del desastre que ha constituido históricamente la caricatura de democracia que prevalece en la Republica Dominicana y en la mayoría de los países del hemisferio.