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Danilo Medina en la boca del León.

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Santo Domingo, RD.-Doce funcionarios del gobierno de Danilo Medina están sometidos a procesos de investigación por parte de la Procuraduría General de la República, quienes ha sido sometidos a intensos interrogatorios, como por ejemplo Donald Guerrero y Simún Lizardo, quienes parecen estar vinculados a irregularidades durante sus funciones en la administración pública y que no tiene justificación el origen  de los bienes declarados ante la Cámara de Cuentas.

A seis de estos exfuncionarios ya les fueron impuestas medidas de coerción, consistentes en  prisión preventiva y domiciliaria, incluyendo dos hermanos del exmandatario. Otros seis no han sido sometidos a la justicia y algunos aún están siendo interrogados por representantes del ministerio público, por lo que aún se desconoce si serán procesados penalmente.

El último grupo de investigados lo integran el exministro de Haciendas, Donald Guerrero; el exadministrador del Banco de Reservas y exministro de Hacienda, Simón Lizardo; la exdirectora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba; la exdirectora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Berlinesa Franco (ambas comadres del exmandatario); la exdirectora de Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán, y el asistente del expresidente Medina, Robert de la Cruz.

Según un comunicado de la Procuraduría, Guerrero y Lizardo son investigados sobre sus declaraciones juradas de patrimonio, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, desfalco, estafa contra el Estado, falsedad en documentos públicos y lavado de activos provenientes de delitos de corrupción administrativa.

Irregularidades

Las indagaciones a la exdirectora de Inaipi conciernen a  presuntas irregularidades en la adquisición de kits de alimentos durante la pandemia, por lo cual también ha sido interrogada la exdirectora de Contrataciones Públicas para que explique sobre los procedimientos aplicados.

La exdirectora del Plan Social ha sido citada para que rinda cuentas sobre su declaración jurada de bienes y  sobre su desempeño en la entidad, y el asistente del expresidente fue investigado también sobre el origen de sus bienes.

Medida de coerción

El  primer grupo ya fue sometido a la justicia, dentro del  caso de corrupción denominado Anti Pulpo, acusados de actos de corrupción, lavado de activos y otros actos ilícitos.

Aunque en ese expediente están involucradas 11 personas, solo seis desempeñaban funciones públicas en el gobierno pasado.

Se trata del exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán; el ex ministro de Salud Pública,  Freddy Hidalgo; el exdirector y la exsubdirectora del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa y Magalys Medina Sánchez; el excontralor Antonio Germosén Andújar y el director de Operaciones de la Oisoe, Aquiles Crístofer Sánchez.

El ministerio público acusa de encabezar esa red a Alexis Medina Sánchez, hermano del exprimer mandatario. A otros cuatro les atribuye ser testaferros de Alexis. El juez José Alejandro Vargas le impuso medida de coerción a este grupo el 8 de diciembre pasado, siete con prisión preventiva en la cárcel de Najayo-Hombre, de San Cristóbal, y otros 4 cumplen la medida en sus casas. Algunos apelaron la  decisión del juez Vargas, pero la Corte de Apelación rechazó los recursos.

Corrupción administrativa

Los sometidos en la red Anti Pulpo fueron acusados por el ministerio público de un entramado que se benefició de recursos del Estado por alrededor de RD$4,800 millones.

Otras personas cercanas a Medina por la declaración jurada de patrimonio son su hermana Lucía Medina y Radhamés Camacho, ambos expresidentes de la Cámara de Diputados y miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

SEPA MAS

Interrogatorios.

 Donald Guerrero y Simón Lizardo fueron sometidos ayer a intensos interrogatorios por parte de los titulares de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, y la directora de la Dirección de Persecución, Yeni Berenice Reynoso. A estos interrogatorios que iniciaron la pasada semana y continuaron ayer se sumó la procuradora general Miriam Germán Brito.

El origen.

La acción del ministerio público inició tras una denuncia pública del titular de la Dirección General de Presupuesto, José Rijo Presbot, quien alertó sobre pagos irregulares a contratistas, ocurridos en la última etapa de las gestiones de Danilo Medina (2012-2020), de alrededor de 21,000 millones de pesos, pero las indagatorias se extienden a otros hechos.

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114 paquetes de drogas son incautados en las costas de Baní.

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Durante una operacion de las autoridades dominicanas fueron incautados este miércoles 114 paquetes de presunta cocaína en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia.

Según una nota de prensa de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el operativo se inició tras una alerta sobre una embarcación que se dirigía hacia territorio dominicano con un posible cargamento de sustancias ilícitas. Ante esto, se activaron los equipos aéreos, marítimos y terrestres para interceptar la lancha.

Tras varias horas de seguimiento, los ocupantes de la embarcación, al detectar la presencia de las autoridades, aceleraron la marcha y lanzaron varias pacas de presuntos narcoticos al mar Caribe antes de huir rumbo al sur, logrando evadir la persecución.

Posteriormente, se realizó un operativo de búsqueda en aguas del Caribe, a varias millas náuticas al sur de Baní, donde lograron recuperar cuatro pacas que contenían los 114 paquetes, de presunta cocaína, envueltos en cinta adhesiva y marcados con distintos logotipos.

Buscan a los tripulantes

La DNCD informó que helicópteros, lanchas y unidades de reacción terrestre permanecen desplegadas en la zona mientras continúan las labores para localizar otros posibles ilícitos y dar con los tripulantes de la lancha.

  • En la operación participaron agentes de la DNCD, miembros de la Armada de la República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), bajo la coordinación del Ministerio Público.

Los paquetes ocupados fueron enviados, bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que determinará el tipo y peso exacto del alijo.

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Presidente del Senado descarta reforma constitucional para reelección

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Santo Domingo, R.D.-Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República, reiteró este miércoles su firme posición respecto a los límites impuestos a la reelección presidencial consecutiva, afirmando que no respaldará ninguna iniciativa que pretenda modificar lo establecido en la reforma constitucional de 2024.

«Yo no me voy a desdecir. Yo presidí una reforma constitucional como presidente de la Asamblea, y ahí se determinó claramente que el objetivo principal era poner los verdaderos candados para que ningún presidente pueda participar más de lo permitido y nunca jamás», expresó.

De los Santos negó que exista alguna orientación partidaria que favorezca cambiar la Constitución, como sugieren algunos sectores.

«No hay ninguna línea partidaria de eso, lo que se está diciendo, eso se lo están inventando», afirmó.

Reafirmación del compromiso con la reforma constitucional de 2024

Recordó que la línea oficial del liderazgo político fue precisamente cumplir con la palabra empeñada y colocar «los verdaderos candados» que impiden que cualquier presidente pueda intentar perpetuarse en el poder.

  • La reforma constitucional de 2024 limitó la reelección presidencial consecutiva y, según De los Santos, su contenido no está sujeto a revisión.

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Jóvenes buscados por atentado contra alcalde de Navarrete se entregan a la P.N.

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Santiago de los Caballeros, 3 de diciembre de 2025.– Esta tarde la Policía Nacional informó que se presentaron ante el despacho del director regional, general Juan Bautista Jiménez Reinoso, los señores Juan Compré (Guanchi), Osvaldo Brito y Bernardo Fernández, dirigentes de la Coalición de Organizaciones Sociales y Populares del Cibao, junto al periodista Orlando Reyes, para entregarse a los jóvenes Ramón Emilio Gonzales Cabrera, Adelin José Núñez Guzmán y Juan Martín Hernández Rosario.

Los citados jóvenes eran requeridos por la institución para ser investigados por el Ministerio Público en relación con su presunta vinculación al atentado contra la vivienda del alcalde del municipio de Navarrete, Genrry Peralta, la cual fue tiroteada.

La entrega de los jóvenes se realizó como resultado de varios allanamientos ejecutados bajo las órdenes judiciales núms. AJ0079232 y AJ0079234-2025, llevados a cabo por la Policía Nacional junto al Ministerio Público en busca de los responsables del hecho.

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