Santo Domingo, RD.-Doce funcionarios del gobierno de Danilo Medina están sometidos a procesos de investigación por parte de la Procuraduría General de la República, quienes ha sido sometidos a intensos interrogatorios, como por ejemplo Donald Guerrero y Simún Lizardo, quienes parecen estar vinculados a irregularidades durante sus funciones en la administración pública y que no tiene justificación el origen de los bienes declarados ante la Cámara de Cuentas.Más Noticias
Danilo Medina en la boca del León.
Santo Domingo, RD.-Doce funcionarios del gobierno de Danilo Medina están sometidos a procesos de investigación por parte de la Procuraduría General de la República, quienes ha sido sometidos a intensos interrogatorios, como por ejemplo Donald Guerrero y Simún Lizardo, quienes parecen estar vinculados a irregularidades durante sus funciones en la administración pública y que no tiene justificación el origen de los bienes declarados ante la Cámara de Cuentas.A seis de estos exfuncionarios ya les fueron impuestas medidas de coerción, consistentes en prisión preventiva y domiciliaria, incluyendo dos hermanos del exmandatario. Otros seis no han sido sometidos a la justicia y algunos aún están siendo interrogados por representantes del ministerio público, por lo que aún se desconoce si serán procesados penalmente.
El último grupo de investigados lo integran el exministro de Haciendas, Donald Guerrero; el exadministrador del Banco de Reservas y exministro de Hacienda, Simón Lizardo; la exdirectora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba; la exdirectora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Berlinesa Franco (ambas comadres del exmandatario); la exdirectora de Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán, y el asistente del expresidente Medina, Robert de la Cruz.
Según un comunicado de la Procuraduría, Guerrero y Lizardo son investigados sobre sus declaraciones juradas de patrimonio, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, desfalco, estafa contra el Estado, falsedad en documentos públicos y lavado de activos provenientes de delitos de corrupción administrativa.
Irregularidades
Las indagaciones a la exdirectora de Inaipi conciernen a presuntas irregularidades en la adquisición de kits de alimentos durante la pandemia, por lo cual también ha sido interrogada la exdirectora de Contrataciones Públicas para que explique sobre los procedimientos aplicados.
La exdirectora del Plan Social ha sido citada para que rinda cuentas sobre su declaración jurada de bienes y sobre su desempeño en la entidad, y el asistente del expresidente fue investigado también sobre el origen de sus bienes.
Medida de coerción
El primer grupo ya fue sometido a la justicia, dentro del caso de corrupción denominado Anti Pulpo, acusados de actos de corrupción, lavado de activos y otros actos ilícitos.
Aunque en ese expediente están involucradas 11 personas, solo seis desempeñaban funciones públicas en el gobierno pasado.
Se trata del exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán; el ex ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo; el exdirector y la exsubdirectora del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa y Magalys Medina Sánchez; el excontralor Antonio Germosén Andújar y el director de Operaciones de la Oisoe, Aquiles Crístofer Sánchez.
El ministerio público acusa de encabezar esa red a Alexis Medina Sánchez, hermano del exprimer mandatario. A otros cuatro les atribuye ser testaferros de Alexis. El juez José Alejandro Vargas le impuso medida de coerción a este grupo el 8 de diciembre pasado, siete con prisión preventiva en la cárcel de Najayo-Hombre, de San Cristóbal, y otros 4 cumplen la medida en sus casas. Algunos apelaron la decisión del juez Vargas, pero la Corte de Apelación rechazó los recursos.
Corrupción administrativa
Los sometidos en la red Anti Pulpo fueron acusados por el ministerio público de un entramado que se benefició de recursos del Estado por alrededor de RD$4,800 millones.
Otras personas cercanas a Medina por la declaración jurada de patrimonio son su hermana Lucía Medina y Radhamés Camacho, ambos expresidentes de la Cámara de Diputados y miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
SEPA MAS
Interrogatorios.
Donald Guerrero y Simón Lizardo fueron sometidos ayer a intensos interrogatorios por parte de los titulares de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, y la directora de la Dirección de Persecución, Yeni Berenice Reynoso. A estos interrogatorios que iniciaron la pasada semana y continuaron ayer se sumó la procuradora general Miriam Germán Brito.
El origen.
La acción del ministerio público inició tras una denuncia pública del titular de la Dirección General de Presupuesto, José Rijo Presbot, quien alertó sobre pagos irregulares a contratistas, ocurridos en la última etapa de las gestiones de Danilo Medina (2012-2020), de alrededor de 21,000 millones de pesos, pero las indagatorias se extienden a otros hechos.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
Precisa que las evaluaciones realizadas a la niña, por personal especializado, fueron consistentes a las revelaciones realizadas a la madre y sustentaron las acciones cometidas por su agresor.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.