Santo Domingo, RD.-Doce funcionarios del gobierno de Danilo Medina están sometidos a procesos de investigación por parte de la Procuraduría General de la República, quienes ha sido sometidos a intensos interrogatorios, como por ejemplo Donald Guerrero y Simún Lizardo, quienes parecen estar vinculados a irregularidades durante sus funciones en la administración pública y que no tiene justificación el origen de los bienes declarados ante la Cámara de Cuentas.Más Noticias
Danilo Medina en la boca del León.
Santo Domingo, RD.-Doce funcionarios del gobierno de Danilo Medina están sometidos a procesos de investigación por parte de la Procuraduría General de la República, quienes ha sido sometidos a intensos interrogatorios, como por ejemplo Donald Guerrero y Simún Lizardo, quienes parecen estar vinculados a irregularidades durante sus funciones en la administración pública y que no tiene justificación el origen de los bienes declarados ante la Cámara de Cuentas.A seis de estos exfuncionarios ya les fueron impuestas medidas de coerción, consistentes en prisión preventiva y domiciliaria, incluyendo dos hermanos del exmandatario. Otros seis no han sido sometidos a la justicia y algunos aún están siendo interrogados por representantes del ministerio público, por lo que aún se desconoce si serán procesados penalmente.
El último grupo de investigados lo integran el exministro de Haciendas, Donald Guerrero; el exadministrador del Banco de Reservas y exministro de Hacienda, Simón Lizardo; la exdirectora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba; la exdirectora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Berlinesa Franco (ambas comadres del exmandatario); la exdirectora de Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán, y el asistente del expresidente Medina, Robert de la Cruz.
Según un comunicado de la Procuraduría, Guerrero y Lizardo son investigados sobre sus declaraciones juradas de patrimonio, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, desfalco, estafa contra el Estado, falsedad en documentos públicos y lavado de activos provenientes de delitos de corrupción administrativa.
Irregularidades
Las indagaciones a la exdirectora de Inaipi conciernen a presuntas irregularidades en la adquisición de kits de alimentos durante la pandemia, por lo cual también ha sido interrogada la exdirectora de Contrataciones Públicas para que explique sobre los procedimientos aplicados.
La exdirectora del Plan Social ha sido citada para que rinda cuentas sobre su declaración jurada de bienes y sobre su desempeño en la entidad, y el asistente del expresidente fue investigado también sobre el origen de sus bienes.
Medida de coerción
El primer grupo ya fue sometido a la justicia, dentro del caso de corrupción denominado Anti Pulpo, acusados de actos de corrupción, lavado de activos y otros actos ilícitos.
Aunque en ese expediente están involucradas 11 personas, solo seis desempeñaban funciones públicas en el gobierno pasado.
Se trata del exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán; el ex ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo; el exdirector y la exsubdirectora del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa y Magalys Medina Sánchez; el excontralor Antonio Germosén Andújar y el director de Operaciones de la Oisoe, Aquiles Crístofer Sánchez.
El ministerio público acusa de encabezar esa red a Alexis Medina Sánchez, hermano del exprimer mandatario. A otros cuatro les atribuye ser testaferros de Alexis. El juez José Alejandro Vargas le impuso medida de coerción a este grupo el 8 de diciembre pasado, siete con prisión preventiva en la cárcel de Najayo-Hombre, de San Cristóbal, y otros 4 cumplen la medida en sus casas. Algunos apelaron la decisión del juez Vargas, pero la Corte de Apelación rechazó los recursos.
Corrupción administrativa
Los sometidos en la red Anti Pulpo fueron acusados por el ministerio público de un entramado que se benefició de recursos del Estado por alrededor de RD$4,800 millones.
Otras personas cercanas a Medina por la declaración jurada de patrimonio son su hermana Lucía Medina y Radhamés Camacho, ambos expresidentes de la Cámara de Diputados y miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
SEPA MAS
Interrogatorios.
Donald Guerrero y Simón Lizardo fueron sometidos ayer a intensos interrogatorios por parte de los titulares de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, y la directora de la Dirección de Persecución, Yeni Berenice Reynoso. A estos interrogatorios que iniciaron la pasada semana y continuaron ayer se sumó la procuradora general Miriam Germán Brito.
El origen.
La acción del ministerio público inició tras una denuncia pública del titular de la Dirección General de Presupuesto, José Rijo Presbot, quien alertó sobre pagos irregulares a contratistas, ocurridos en la última etapa de las gestiones de Danilo Medina (2012-2020), de alrededor de 21,000 millones de pesos, pero las indagatorias se extienden a otros hechos.
Santo Domingo, R.D.-La Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
Además, la iniciativa establece que el uso del apellido del cónyuge no implicaría un cambio en el nombre legal de la persona ni modificaría los datos consignados en el acta de nacimiento, sino que tendría un carácter complementario en el documento de identidad.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
Posibilidad de eliminar el apellido
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
La propuesta establece que correspondería a la Junta Central Electoral implementar, regular y ejecutar la ley, conforme a lo dispuesto en la Ley 4-23 Orgánica del Registro Civil.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
Argumentos de la iniciativa
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Más Noticias
Joven que fue golpeada por el coronel Madé en Los Mina se querella en su contra y la Policía
Santo Domingo, R.D.-La joven Charlizze Altagracia Hernández Monegro interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel de la Policía Nacional, Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
De acuerdo con la instancia depositada en el Departamento de Investigación de Violencia Física (Homicidios), los representantes legales sostienen que la actuación del oficial constituye un abuso de autoridad y un uso desproporcionado de la fuerza, en circunstancias que no representaban peligro.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
Más Noticias
PN inicia distribución de agentes para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-La Policía Nacional realizó este miércoles el acto de distribución de cientos de agentes que serán desplegados a nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
La actividad tuvo lugar en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz, donde jóvenes policías, tanto masculinos como femeninos, se concentraron desde tempranas horas, listos para ser enviados a distintos puntos estratégicos del país.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Durante el acto se destacó el compromiso la disciplina y la vocación de servicio de estos jóvenes, quienes asumirán la responsabilidad de reforzar la presencia policial en carreteras, balnearios, centros turísticos y zonas urbanas de alta movilidad.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.