Primera Plana
La ley para regularizar a 11 millones de indocumentados llega al Senado de EEUU
os senadores Chuck Schumer (Dcha.) y John McCain, tras presentar los detalles de la propuesta al presidente Obama.
WASHINGTON, DC–Tras varios meses de negociaciones, ocho senadores estadounidenses de ambos partidos presentaron este martes una ley de inmigración para regularizar a 11 millones de indocumentados, modernizar el sistema migratorio de acuerdo con las necesidades económicas del país y reforzar la seguridad fronteriza. El proyecto de ley es el intento más ambicioso de las últimas tres décadas y constituye una de las prioridades del presidente, Barack Obama, para este mandato.
“Esta legislación supone claramente un compromiso y nadie va a conseguir todo lo que quería, ni siquiera yo”, afirmó Obama este martes tras su reunión en la Casa Blanca con dos de los senadores involucrados en las negociaciones. “La ley seguirá reforzando la seguridad en nuestras fronteras y exigirá responsabilidades a los empresarios que contraten a indocumentados”.
Obama asegura que la propuesta es «consistente» con los principios que ha defendido hasta ahora, como la creación de una vía para que los indocumentados accedan a la ciudadanía estadounidense. El proyecto de ley limitaría esta regulación, sin embargo, a aquellos que entraron en el país antes de diciembre de 2011. Se trata de uno de los aspectos más polémicos, que también incluyeron las últimas tentativas para renovar el sistema estadounidense, y que no sobrevivieron ante las críticas por ofrecer una “amnistía” a quienes entraron en el país de manera ilegal.
El senador republicano por el Estado de Florida, Marco Rubio, involucrado en las negociaciones, ha defendido que la nueva ley no constituye tal amnistía, ya que los indocumentados deberán pagar una multa de 500 dólares y los impuestos atrasados -correspondientes al período en el que han vivido en EE UU-, además de demostrar que carecen de antecedentes penales, antes de comenzar su proceso de regularización.
La nueva legislación propone la inversión de 5.500 millones de dólares durante la próxima década para aumentar el control de la inmigración, destinar allí a 3.500 nuevos agentes y expandir la valla que separa EE UU de México.
En total, el trámite duraría un mínimo de trece años. Los aspirantes podrían registrarse como indocumentados y, en un plazo de una década, obtendrían un permiso de residencia y, después de otros tres, la nacionalidad. A lo largo de todo el proceso, los indocumentados recibirían un nuevo estatus, el de “inmigrantes temporales registrados” (RTI, por sus siglas en inglés) y que les permitiría trabajar y viajar fuera del país.
Esta vía sería aún más rápida para los jóvenes estudiantes indocumentados que entraron en el país con sus padres. Los conocidos como ‘dreamers’ podrían solicitar un permiso de residencia dentro de cinco años. A este plazo también se podrían acoger los trabajadores agrícolas para suplir la falta de estadounidenses en el sector, aunque éste puede convertirse en uno de los aspectos más controvertidos de la legislación.
Obama reconoce que la legislación “modernizará el sistema de inmigración” para poder reunir a las familias de los inmigrantes y “atraer a los emprendedores y profesionales especializados que ayudarán a crear empleos e impulsar nuestra economía”. El presidente describe la reforma como una iniciativa “de sentido común” que cuenta con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos. “Solicito al Senado que actúe rápidamente para aprobar esta ley y me comprometo a hacer lo que sea necesario para que la reforma migratoria sea una realidad cuanto antes”.
Desde el pasado mes de enero, cuatro senadores republicanos y cuatro demócratas, conocidos como el “Grupo de los Ocho”, negociaron el texto presentado este martes. Obama ha respaldado hasta ahora las bases planteadas por los senadores, aunque se opone sin embargo a uno de los apartados esenciales del proyecto de ley: los “resortes” o condiciones para comenzar el proceso de regularización de indocumentados, ya que crearía un retraso indefinido hasta determinar exactamente qué es una frontera segura.
Los aspirantes deberán esperar a que se garantice la seguridad en la frontera y, en concreto, se detenga al 90% de las personas que intentan cruzarla ilegalmente. La nueva legislación pone especial énfasis en la seguridad con la inversión de 5.500 millones de dólares durante la próxima década para aumentar el control de la inmigración, destinar allí a 3.500 nuevos agentes, así como expandir la valla que separa EE UU de México.
La propuesta, que también cuenta con el objetivo de eliminar la espera de millones de personas que intentan entrar en el país por vías legales, también establece nuevos visados para trabajadores extranjeros, permisos temporales para empleados con menores cualificaciones y un sistema de verificación para que las empresas no contraten a indocumentados. Para favorecer la llegada de nuevos inmigrantes, la ley también crearía un visado para emprendedores que quieran lanzar empresas con empleados norteamericanos.
Este nuevo enfoque supone un cambio en el sistema, ya que dejará de priorizar la reunificación familiar -con la entrega de permisos a descendientes de residentes legales- para responder a las necesidades económicas y laborales del país. Asimismo, reduciría el número de permisos entregados a familiares de nuevos residentes -del 75% al 50%-, para entregarlos a trabajadores extranjeros en función de sus cualificaciones y su demanda por empresas estadounidenses. En total, la legislación eliminaría 70.000 permisos para familiares de residentes, pero crearía 220.000 para profesionales especializados, como científicos o investigadores.
El proyecto de ley, que será sometido a debate en las dos cámaras del Congreso y podría ser aprobado antes del verano, cuenta con un amplio respaldo de los estadounidenses. “Esto es lo que quiere Estados Unidos. Los votantes de todos los partidos políticos respaldan un proceso legislativo amplio y de sentido común para reemplazar nuestro sistema migratorio”, declaró este martes Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración. “Por el beneficio de nuestra economía y de nuestras comunidades, se debe aprobar la reforma”.
MANDEL NGAN (AFP)
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