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Abogado dice que podría costar menos de 12 mil pesos por cada vida perdida”, Félix Portes sobre Jet Set
Santo Domingo, R.D.-El abogado Félix Portes dijo que la medida de coerción de los hermanos Espaillat permite deducir que cada vida perdida en la tragedia no supera el valor de 12 mil pesos, ya que hubo 235 muertos y unos 180 heridos.
“La respuesta es no”, dijo Portes a través de su cuenta de X.
El abogado, representante de varias de las víctimas del derrumbe del techo de la discoteca, señaló que la garantía económica de 50 millones de pesos fijada por el tribunal a los hermanos Espaillat no implica el pago total de ese monto, sino apenas una fracción del mismo.
Portes explicó que esta garantía económica fue impuesta mediante una aseguradora, lo que significa que los imputados solo deben pagar una prima —es decir, un porcentaje del monto total— que generalmente oscila entre un 4 % y un 10 %, dependiendo la aseguradora.
“En términos prácticos, cada uno podría pagar entre 2 y 5 millones de pesos por concepto de prima”, indicó el abogado.
Pero lo más interesante fue el cálculo que realizó, partiendo de la garantía económica: si se toma como base una prima de cinco millones de pesos, y se divide entre las 415 víctimas del desastre (235 muertos y 180 heridos), el resultado sería de apenas RD$12,048 por cada vida afectada, explicó Portes.
“La libertad podría costar menos de 12 mil pesos por cada vida perdida o destruida. Así de barata puede salir la impunidad en República Dominicana”, criticó Portes en la red social.
Portes también enfatizó que la prima pagada a la aseguradora no es reembolsable, incluso si los imputados cumplen todas las condiciones impuestas por el tribunal, lo que convierte ese pago en el simple costo de recuperar la libertad mientras avanza el proceso.
“Es importante destacar que la prima pagada no es reembolsable, aunque la persona cumpla con todas las condiciones impuestas por el tribunal. Es el costo de contratar la fianza”, escribió.
Casi a las dos de la madrugada del jueves, la jueza Veloz ordenó que los hermanos Espaillat encaren en libertad su juicio por homicidio involuntario. Además de la fianza, a ambos se le dictó presentación periódica e impedimento de salida.
El Ministerio Público (MP) solicitó prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel. El caso se declaró complejo, según abogados que participaron en la audiencia.
El MP apelará la decisión de la jueza, indicó el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho.
Camacho dijo a los periodistas que la medida de coerción es una “burla a las víctimas”.
La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, dijo que la decisión de la jueza ha dejado un “profundo sabor a injusticia” en el país.
“Esta decisión no solo hiere la memoria de quienes ya no están, sino que también pone en entredicho la esperanza de cientos de familias que claman por justicia”, escribió Ramos en su cuenta de X.
“No puede haber paz mientras la impunidad tenga más peso que el dolor colectivo”, agregó.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.