Editorial
La Marcha Verde
El nacimiento de la Marcha Verde ha llenado de esperanza a los dominicanos, sobre todo a los que lucen muy preocupados por la epidemia de corrupción que parte desde el Palacio Nacional, entra a un amplio sector del empresariado, se extiende hacia una buena parte de los medios de comunicación y luego se convierte en un cometa, porque nadie sabe dónde termina.
La Marcha Verde, sin lugar a dudas, controlada por una clase media, que se expresa a través de un nuevo rostro nacional, debe cuidarse de no contaminarse con la politiquería que promueven muchos de los partidos de la oposición, tanto de izquierda como derecha, lo cual podría aprovechar el gobierno de turno para desautorizar tan importante mecanismo de expresión popular.
Los dirigentes o cabeza de la Marcha Verde no pueden impedirle a nadie que se integre a la misma porque haya sospecha de una conducta inmoral o cuestionable, porque ésta no puede convertirse en fiscal ni juez.
La Marcha Verde debe y tiene que ser lo suficientemente abierta a todas las corrientes del pensamiento y la única condición es que el que se integra a la misma participe libremente en cada una de sus actividades, pero reiteramos que debe cuidarse de que los dirigentes o líderes de los partidos la aprovechen en favor de su causa, dado que ahí podría comenzar la pérdida de su parte más atractiva que tiene que ver con su sabor a pueblo al margen de intereses partidaristas.
En más de una ocasión se ha hablado del proceso de transición que debe darse en la Marcha Verde con su conversión en partido político, la cual no debe trascender la frontera de lo que debe ser un movimiento social que se crea sobre la base de combatir el peor flagelo que hoy golpea a la República Dominicana como lo es la corrupción y la impunidad.
Quién puede negar que la Marcha Verde no tiene un filtro para excluir aquellos rostros que dañan el movimiento y que tienen algún compromiso con la corrupción y la delincuencia, pero de lo que sí puede estar seguro el pueblo dominicano que esos cuestionables no constituyen el elemento principal de la Marcha Verde.
Nadie puede negar que hay muchos infiltrados en la Marcha Verde, pero éstos, reiteramos, no juegan un papel principal, sino de simple participantes, lo cual también habría que decir de los políticos profesionales, que viven de esa actividad, que se han integrado porque buscan beneficiarse con el carácter masivo de la misma, a fin de que en términos de popularidad se les pegue algo.
Que nadie tenga la menor duda de que los corruptos y los funcionarios del Gobierno buscarán una y mil razones para atacar, desacreditar y desautorizar la Marcha Verde, porque la misma hoy día constituye el principal dolor de cabeza de los promotores de la corrupción y la impunidad.
Los dirigentes de la Marcha Verde deben mantener a raya a los principales dirigentes de los partidos de la oposición y a personas comprometidas con la delincuencia organizada y con conductas que dañan mucho una expresión popular tan auténtica y de una amplia cobertura social.
Cuidado con los malos que están por doquier, tanto en el Gobierno como en la oposición, porque nadie que tenga la más mínima duda de que los males del país son integrales y que la lucha política y social, muchas veces, no trasciende el interés de “quítate tu pa ponerme yo”, expresión popular que es aplicable a todos, absolutamente a todos, hasta prueba en contrario.
Ojalá se mantenga el color de la esperanza, el verde, en este movimiento social que es definitivamente esperanzador y que augura un futuro por lo menos de una fuerte presión en contra del flagelo que ha impedido que el pueblo dominicano tenga derecho al trabajo, a la comida, a la salud y a una buena educación.
Ojalá el cambio moral y ético en la sociedad dominicano no sea un asunto de un largo plazo, sino de un proceso relativamente corto para que de esa manera se reconstruya la República Dominicana sobre una base que implique la erradicación de la corrupción y la impunidad.
La credibilidad de los senadores y diputados, que conforman el Congreso Nacional, el primer poder del Estado. se encarga de poner en tela de juicio la existencia real e institucional del Estado dominicano.
El asunto de las candidaturas independientes plantea un problema jurídico y de la existencia legal del Estado dominicano, que debe ser un motivo para que todos los sectores que conforman la vida nacional reaccionan ante unos intentos que ponen en peligro la débil democracia nacional.
La contradicción es tan grande de los partidos políticos, que no están en capacidad de darse cuenta, de captar la idea, de que lo que ocurre con la Constitución y los derechos fundamentales, son la guía de cualquier democracia de los nuevos tiempos.
La partidocracia no logra entender que el neo-constitucionalismo es un fenómeno jurídico que arropa a todo el planeta y que no hay fuerza alguna que pueda impedir su avance y empoderamiento en el mundo.
Los partidos políticos deben entender que los tiempos de las cavernas ya pasaron y que muchas de las cosas malas que hoy ocurren son el resultado de sus propias acciones, ya que la ley que le otorga el poder de interpretación de las normas al TC fue aprobado por el Congreso Nacional y que la misma no es una imposición de nadie, sino del peso del proceso de la constitucionalización del derecho.
Además, no se entiende cuál es la lógica para cogerle miedo a las candidaturas independientes porque alegadamente podrían arruinar a los partidos políticos, pero si de lo que se trata es de que predomine la razón, entonces no hay por qué tenerle miedo a una vía de derecho y que es parte del juego democrático.
Los senadores y diputados deben sacarse de su cabeza de que el sistema democrático debe descansar solamente en los partidos políticos, sino que debe ser en los ciudadanos, porque si bien se apoyan en el artículo 216 de la Constitución, el cual no les otorga exclusividad para participar en la lucha por el control del Estado, sino que también deben detenerse a interpretar el mandato del artículo 22 de la misma carta magna.
Los diputados y senadores, que se supone que deben estar bien asesorados por ser el primer poder del Estado, pero su ignorancia no puede ser una condena para que la sociedad viva bajo su irracionalidad y audacia antidemocrática.
En el terreno que sea necesario hay que rechazar las pretensiones de unos diputados y senadores recalcitrantes y enemigos de los avances que necesita la sociedad dominicana para entrar en un estadio de progreso material e intelectual para que pase de un tercer a un segundo o primer mundo.
Si los partidos políticos entienden que son portadores de la razón y la verdad, entonces por qué tener miedo a enfrentarse con ventajas, porque las tienen, por lo menos económica, a través de una vía que es un gran aval para construir una democracia más participativa y con mayor legitimidad y eficiencia.
Como muy bien establece el reportaje que sirve de base a este editorial, el negocio legal e ilegal de hacer dinero con la deportación de haitianos erosiona mucho la credibilidad del Estado dominicano en el manejo del problema.
Lo grave del asunto es que no sólo se trata del tráfico humano de personas que únicamente persiguen trabajar en tierras extranjeras para mejorar las condiciones de vida de sus familias, sino que tiene perfiles asociados al bajo mundo, como el tráfico de drogas, la prostitución y el contrabando de una gran variedad.
Es, puede decirse, una vía para que los corruptos produzcan grandes cantidades de dinero de forma fácil, sin muchos esfuerzos, ya que los canales al respecto están totalmente abiertos desde hace una gran cantidad de años.
Este cuadro, que está reforzado con la designación en los consulados dominicanos en Haití de personas de confianza de los gobernantes de turno, también cobran de forma ilegal cantidades respetables por diligencias fuera de los canales instituciones e incluso por el otorgamiento de visas que son vendidas a razón de 500 dólares cada una, cuyo dinero termina en el bolsillo del funcionario, no del fisco nacional.
Todo este entramado de corrupción, que tiene una vinculación innegable con otros igual de dañino para el pais, es el cuadro que termina proyectándose a través de la frontera, convirtiéndose en un problema dramáticamente humano, amén de los componentes degradantes que lo caracterizan.
Y no se trata de quitarle legitimidad a los derechos de cualquier nación de controlar y de establecer políticas, muchas veces rígidas, para controlar la migración ilegal, sino de un problema que trasciende lo legal para entrar en un mundo profundo de la ilegalidad, de violación vulgar de la ley sobre la materia.
La migración haitiana, a pesar de ser una piedra en los zapatos de una sociedad como la dominicana, la cual no está lejos en términos de institucionalidad de la haitiana, no parece dejar de ser un problema que podría poner en peligro la estabilidad de ambas naciones.
Habría que preguntarse si el Estado dominicano está en la capacidad de manejar con una visión diferente el problema de la migración haitiana en un país donde el dinero es el lenguaje que se habla en todos los escenarios y cuando esa mercancía está presente donde quiera y se entrega a cambio de cualquier cosa por tenerla.
Visto desde la realidad nacional, la deportación de haitianos o la implementación de una política migratoria que se corresponda con los planes y los intereses más sanos de la sociedad, parece algo quimérico, por no decir imposible.
El cáncer de la corrupción se come prácticamente la sociedad dominicana, así como la haitiana es abatida por la pobreza y las bandas que hoy están presentes en todos los escenarios de la vida de la hermana nación.
Este periodo confiesa que está pesimista con la aplicación de una política de deportación que no se corresponda con el interés nacional, ya que se trata como de pedir peras al olmo
Hay quienes piensan que la violación de la Constitución y de la ley es parte del juego democrático, sin darse cuenta que ese detalle es un instrumento de atraso y de los tiempos de la caverna.
Lo preocupante del fenómeno es que un órgano como la Junta Central Electoral sea parte de ese juego sucio y que se constituye en una grave amenaza en contra del progreso y el crecimiento nacionales.
La Junta Central Electoral debe entender que su focalización no pueden ser los partidos políticos, sino los ciudadanos, que son los que conforman el pueblo dominicano y en los que descansa la soberanía nacional.
Apoyándose en los ciudadanos este órgano no está supuesto a hacertar el chantaje de los partidos políticos, que como dijo este periódico ensu reportaje de esta semana, no creen en el respeto a la ley y la transparencia.
La falsa democracia nacional se fundamenta en el fraude, la corrupción y la distorsión de las mejores prácticas del sistema representativo.
El hecho de que la JCE se sume a esa forma de democracia la hace inmerecedora de la confianza que demanda el sistema electoral del país.
Naturalmente, no se puede ver el asunto al margen de fenómeno general, cuya regla del juego consiste en hacer lo mal hecho, fuera del régimen legal, para ser merecedor de jugar un papel de primer orden en la corrompida democracia dominicana.
La JCE debe definir su compromiso con esa partidocracia totalmente corrompida de una sociedad que demanda mejor suerte, un comportamiento diferente de los actores de la vida política nacional.
Talvez es mucho pedir en un sistema en el que todo se fundamenta en la búsqueda de beneficios personales, tráficos de influencia y la componenda entre los actores de una partidocracia que por el camino que va echará todo a perder.