Editorial
La Marcha Verde
El nacimiento de la Marcha Verde ha llenado de esperanza a los dominicanos, sobre todo a los que lucen muy preocupados por la epidemia de corrupción que parte desde el Palacio Nacional, entra a un amplio sector del empresariado, se extiende hacia una buena parte de los medios de comunicación y luego se convierte en un cometa, porque nadie sabe dónde termina.
La Marcha Verde, sin lugar a dudas, controlada por una clase media, que se expresa a través de un nuevo rostro nacional, debe cuidarse de no contaminarse con la politiquería que promueven muchos de los partidos de la oposición, tanto de izquierda como derecha, lo cual podría aprovechar el gobierno de turno para desautorizar tan importante mecanismo de expresión popular.
Los dirigentes o cabeza de la Marcha Verde no pueden impedirle a nadie que se integre a la misma porque haya sospecha de una conducta inmoral o cuestionable, porque ésta no puede convertirse en fiscal ni juez.
La Marcha Verde debe y tiene que ser lo suficientemente abierta a todas las corrientes del pensamiento y la única condición es que el que se integra a la misma participe libremente en cada una de sus actividades, pero reiteramos que debe cuidarse de que los dirigentes o líderes de los partidos la aprovechen en favor de su causa, dado que ahí podría comenzar la pérdida de su parte más atractiva que tiene que ver con su sabor a pueblo al margen de intereses partidaristas.
En más de una ocasión se ha hablado del proceso de transición que debe darse en la Marcha Verde con su conversión en partido político, la cual no debe trascender la frontera de lo que debe ser un movimiento social que se crea sobre la base de combatir el peor flagelo que hoy golpea a la República Dominicana como lo es la corrupción y la impunidad.
Quién puede negar que la Marcha Verde no tiene un filtro para excluir aquellos rostros que dañan el movimiento y que tienen algún compromiso con la corrupción y la delincuencia, pero de lo que sí puede estar seguro el pueblo dominicano que esos cuestionables no constituyen el elemento principal de la Marcha Verde.
Nadie puede negar que hay muchos infiltrados en la Marcha Verde, pero éstos, reiteramos, no juegan un papel principal, sino de simple participantes, lo cual también habría que decir de los políticos profesionales, que viven de esa actividad, que se han integrado porque buscan beneficiarse con el carácter masivo de la misma, a fin de que en términos de popularidad se les pegue algo.
Que nadie tenga la menor duda de que los corruptos y los funcionarios del Gobierno buscarán una y mil razones para atacar, desacreditar y desautorizar la Marcha Verde, porque la misma hoy día constituye el principal dolor de cabeza de los promotores de la corrupción y la impunidad.
Los dirigentes de la Marcha Verde deben mantener a raya a los principales dirigentes de los partidos de la oposición y a personas comprometidas con la delincuencia organizada y con conductas que dañan mucho una expresión popular tan auténtica y de una amplia cobertura social.
Cuidado con los malos que están por doquier, tanto en el Gobierno como en la oposición, porque nadie que tenga la más mínima duda de que los males del país son integrales y que la lucha política y social, muchas veces, no trasciende el interés de “quítate tu pa ponerme yo”, expresión popular que es aplicable a todos, absolutamente a todos, hasta prueba en contrario.
Ojalá se mantenga el color de la esperanza, el verde, en este movimiento social que es definitivamente esperanzador y que augura un futuro por lo menos de una fuerte presión en contra del flagelo que ha impedido que el pueblo dominicano tenga derecho al trabajo, a la comida, a la salud y a una buena educación.
Ojalá el cambio moral y ético en la sociedad dominicano no sea un asunto de un largo plazo, sino de un proceso relativamente corto para que de esa manera se reconstruya la República Dominicana sobre una base que implique la erradicación de la corrupción y la impunidad.
El drama de muchas víctimas de violación de sus derechos humanos se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza en la sociedad dominicana.
Aunque no han sido tantos los casos llevados al tribunal Superior Administrativo en contra del Ministerio Público y de su auxiliar la Policía Nacional, todo parece indicar que la paciencia se ha agotado en lo que respecta a estos órganos.
Es impresionante la cantidad de denuncias y querellas que se presentan en los centros de recepción de las mismas que son echadas en el zafacón del olvido por una diversidad de razones que van desde la negligencia de los fiscales, la ineptitud y la complicidad.
En realidad, el Ministerio Público ya ha hecho crisis y más que perseguir el crimen y el delito lo que hace es estimularlos.
Hay en la República Dominicana una verdadera amenaza en contra del estado de derecho, porque no hay sanción para que el comete cualquier violación a le ley penal del país.
Por lo que se ve, parece que no queda otra instancia para que este problema se combata que no sea a través del derecho internacional, principalmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Ministerio Público en estos momentos es un instrumento para promover la vía de hecho, que la gente haga justicia con sus propias manos.
Se trata de un órgano que ha pasado a ser un verdadero fiasco, que opera más sobre la base de la percepción que de la eficiencia que demanda una sociedad saturada de violaciones a la ley.
Puede afirmarse, sin temor a ninguna equivocación, que el Ministerio Público ha perdido totalmente su credibilidad, lo cual deja muy mal parada a su incumbente, la magistrada Miriam Germán Brito.
Se impone una minuciosa investigación al respecto y que de esa manera haya un profundo y serio saneamiento de un órgano tan importante para contrarrestar el delito y el crimen en el seno de la sociedad dominicana.
El presidente Luis Abinader si por una cosa se caracteriza es por cometer errores infantiles, propios de los que no tienen ningún tipo de miramientos.
Primero lo vimos con la situación haitiana, porque en vez de procurar atacar las falencias de que adolece el Estado dominicano, se dedicó a ir a conclaves internacionales a solicitar una intervención armada en el pueblo vecino.
Puede afirmarse que el odio acumulado entre ambos pueblos durante la gestión de Abinader se ha profundizado y radicalizado.
Todo como resultado de las torpezas que caracteriza al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de Luis Abinader, lo cual también tiene un impacto importante en la economía, ya que se trata del segundo socio comercial del país.
Pero ahora resulta que el escogido es Venezuela, porque Abinader ha convertido el país en una caja de resonancia de los Estados Unidos de América, lo cual constituye un craso error.
El hecho de que Nicolás Maduro tenga criterios pocos democráticos en la vida política de Venezuela no le da autoridad a Luis Abinader a crear una situación de ingratitud con un pueblo que las relaciones con él deben ser muy cuidadosas.
En este nuevo capítulo del presidente Abinader hay que volver a retomar la expresión que dice que no se le puede pedir peras al olmo.
Por mucho que se le pida al Gobierno la carencia de razonabilidad es tanta que no hay nada ni nadie que pueda hacerla cambiar.
Ello quiere decir que todavía faltan muchas metidas de patas que involucra al pueblo dominicano aun en contra de aquellos con los que debe haber un agradecimiento muy especial y eterno.
Qué importan las cosas que los hechos tal vez hablan mejor que las palabras, porque también debe decirse que no se sabe de qué se enorgullece el presidente Abinader cuando el país tiene una economía endeudada, con altos déficits fiscales y con una alta carestía de los artículos de la canasta básica.
De manera, que estamos ante una verdadera falsa para establecer una polémica que tiene repercusiones internacionales.
Craso error.
Desde hace mucho tiempo que se escucha decir que los Estados Unidos han iniciado en el campo político un tránsito indetenible hacia el tercer mundo.
Ese convencimiento en muchos lugares del mundo no luce que sea solamente por la carestía del costo de vida y la predominación de empleos de mala calidad, sino, principalmente, por el aparecimiento de una figura que no respeta nada ni a nadie.
Donald Trump ha demostrado la fragilidad del sistema norteamericano con violaciones de la ley civil y penal que lo iguala a lo que ocurre allí con los llamados países del tercer mundo.
Donald Trump ha dejado claro que tiene más poder y fuerza que los instrumentos que tiene el Estado para combatir el crimen y el delito.
Sin embargo, se observa que este personaje parece haber entrado en decadencia con la entrada en escena como candidato presidencial de Kamala Harris.
Aunque, naturalmente, nadie todavía puede cantar victoria, porque Trump se mueve entre altas y bajas, pese a que políticamente se ha beneficiado más de la primera que de la segunda.
Ello así, aunque su discurso es discriminatorio, promotor de violencia y de una serie de irreverencia, pero la mas o mayor perjudicada es la sociedad norteamericana.
Su agresividad ha sido tan radical que aparte de atacar instituciones sagradas de la vida de los Estados Unidos, ha intentado acabar o eliminar organismos de seguridad como el Buró Federal de Investigaciones (FBI), al cual ha atacado sin piedad.
Ahora se podría decir que la principal amenaza a la permanencia de Trump en la vida pública de los Estados Unidos de América sea su edad, porque de otra manera no habría forma de apartarlo de la política de esa nación.
Las elecciones de noviembre podrían ser el último eslabón de un Donald Trump que no para de ofender y de alguna manera burlarse de la sociedad que dice defender.