Análisis Noticiosos
La oposición no puede contra el PLD-Estado
Por Juan Bolívar Díaz
El desbordamiento de la publicidad política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Gobierno y su financiamiento de una red nacional de medios y comunicadores, es una de las explicaciones de las altas preferencias electorales que le arrojan las encuestas, en contraste con graves insatisfacciones en ellas mismas expresadas.
Todas las encuestas han dado a Danilo Medina en camino a reelegirse en primera vuelta, pero él y su grupo partidario quieren ratificar el control total de los tres poderes del Estado. Por eso no se conforman con menos del 60 por ciento del voto, para liquidar definitivamente a Leonel Fernández y prolongar el nuevo liderazgo mesiánico.
Felices con la Gallup-HOY. Esta vez cuatro ministros del Gobierno no salieron en rueda de prensa para impugnar los resultados de la encuesta Gallup-HOY, y pedir explicaciones, como hicieron con la anterior, publicada en la primera semana de febrero.
El 51.8 a 35.7 por ciento, diferencia de 16 puntos, de Danilo Medina-Luis Abinader que marcó aquella no era suficiente. Querían a su candidato sobre el 60 por ciento, y lo consiguieron con tres décimos adicionales, frente a un opositor que retrocedía 5 puntos.
La única explicación visible es que esta encuesta se hizo en la misma semana en que Medina pronunció su triunfal discurso reeleccionista que pretendió ser de rendición de las cuentas gubernamentales del año pasado. Y disfrutó del enorme privilegio de monopolizar todas las frecuencias de radio y televisión a nivel nacional y medios digitales de la Internet.
El nivel de propaganda que mantienen el PLD y su Gobierno, con tantas otras ventajas adicionales, ya no se explica solo en querer ratificar todo el control del Estado, sino en hacerlo de forma apabullante, para reducir más la oposición y aplastar definitivamente al expresidente Leonel Fernández, a quien le están diciendo que no lo necesitan en la campaña, y lograr así un predominio de largo plazo del presidente Medina.
Ya estrategas del danilismo dicen abiertamente que no correrán el riesgo de que un “Leonel vengativo”, pueda volver al poder, y que el único que garantizaría que no ocurra es Medina, y que ya saben modificar la Constitución sin costo político.
Monopolio de la publicidad. Que Abinader cayera en cinco puntos y Guillermo Moreno bajara del 4.3 al 3.5, y que Minou Tavárez apenas marque el 1.3 por ciento, con otros cinco candidatos sin registro, no debería sorprender a la luz del monitoreo a la publicidad política de febrero en prensa, radio y televisión, que acaba de publicar el movimiento Participación Ciudadana (PC), según el cual el PLD gastó el 79.3 por ciento del total, y con sus aliados el 81.5 por ciento, seguido del Partido Revolucionario Moderno y aliados con el 17.8 por ciento. Si es extrema la diferencia
entre los dos primeros, es terriblemente antidemocrático que los otros siete partidos con candidaturas presidenciales, apenas dispusieran del 0.7 por ciento de la publicidad. Con esas cifras no se puede hablar de competencia electoral.
Es relevante que del total de la publicidad de febrero en los medios masivos, ascendente a 453 millones 339 mil pesos, el PLD invirtiera 369 millones, equivalente al 86 por ciento de los 429 millones 356 mil pesos que recibirá del Presupuesto General del Estado para todo el año. Con razón se oponen a una legislación que transparente el origen del dinero que gastan los partidos, como ocurre en casi todo el mundo democrático.
Explica las inconsistencias. Esa inmensa maquinaria publicitaria y propagandística, capaz de convertir al exalcalde de Nueva York Rudolph Guilliani en un impostor y delincuente, porque lo contrató Abinader como asesor en seguridad ciudadana, y que reduce a “una pendejaita” la prisión en Brasil del asesor de la campaña electoral del presidente Medina, Joao Santana, y que oculta las revelaciones sobre soborno de millones de dólares en la compra de los aviones Tucano, podría ser una de las explicaciones de las inconsistencias que siguen arrojando las encuestas.
Por ejemplo, la misma Gallup-HOY que otorga un 60 por ciento de preferencias electorales a la reelección, establece que el 61 por ciento de los propios encuestados cree que su situación económica es mala o muy mala, con solo 16 por ciento que la percibe buena o muy buena.
Hay todavía mayores inconsistencias: el 81 por ciento cree que la nación precisa de un cambio político en los próximos años, para el 35 por ciento de ellos muy grande o revolucionario. El 85 por ciento cree que la corrupción es un problema nacional grave o muy grave, y el 75 por ciento señala la delincuencia e inseguridad ciudadana como principal problema nacional, seguido del costo de la vida, escasez de fuentes de trabajo, apagones y corrupción.
Si el poder de la propagada es reconocido universalmente, nadie debería sorprenderse del nivel de aprobación de un presidente con ese nivel de inversión publicitaria y que enuncia logros y manipula cifras durante hora y media monopolizando todo el sistema nacional de radio y televisión.
Es contra todo el Estado. Tal como proclamó Danilo Medina cuando lo derrotó Leonel Fernández en las primarias para la candidatura presidencial del 2008, es todo el Estado que está venciendo.
Todavía en la campaña del 2012 que lo llevó al poder, al proclamar “sus convicciones democráticas”, Medina sostuvo que la institucionalidad nacional necesitaría 20 años para soportar un proceso reeleccionista, “porque los funcionarios, cuando van a un proceso de reelección, no distinguen la línea que separa los bienes públicos de los bienes partidarios”.
La abultada nómina pública y las nominillas suman más de 700 mil personas, y más de 2 millones 200 mil tienen tarjetas para acceder a subsidios que solo mitigan la pobreza, constituyéndose en una inmensa base clientelar. Cada senador, además de los barrilitos, suspendidos por dos meses, tiene veinte empleados a su servicio, una inmensa ventaja frente a sus retadores de la oposición.
Pero además, las candidaturas del PLD cuentan con el beneficio de los órganos judiciales: El Tribunal Superior Electoral llegó al extremo de tratar de imponerle un candidato a la alcaldía capitalina al principal partido opositor, y la Procuraduría General inició acciones judiciales contra su candidato a senador por San Cristóbal el mismo día en que fue inscrito, desenterrando una investigación del 2013 sobre acusaciones de manejo irregular de fondos en la Federación de Fútbol.
Es contra todo el Estado que lucha lo que el PLD dejó de oposición, después de tragarse golosamente a gran parte del Partido Reformista Social Cristiano y del Partido Revolucionario Dominicano. Y se los tragó con los recursos públicos, los mismos con los que ha comprado todo lo que ha podido mercantilizar de la sociedad dominicana.
Por José Cabral
El presidente Luis Abinader ha dejado claro que en él predomina más la torpeza que la razón, dado que promulgó la Ley 13-26 que saca del escenario electoral dominicano las candidaturas independientes ajustadas a la Constitución por la sentencia TC/0788/24.
Desde que conocí a Abinader cuando era un simple aspirante a la Presidencia de la República nunca observé nada que pudiera reflejar o significar las habilidades y la formación necesarias para dirigir el Estado dominicano.
Con esta nueva torpeza queda claro que el proyecto en el Congreso Nacional era un plan del partido más anti-democrático que tiene el país, el Revolucionario Moderno, el cual luego de llegar al poder sirve para muy poca cosa.
El presidente con la promulgación de la ley aprobada por los senadores y diputados deja claro que está con las peores causas y que su proyección desde la Presidencia tiene más de simulación que de vocación democrática.
La pregunta que se haría cualquier persona sensata es qué gana el presidente Abinader con promulgar y convertir en ley una propuesta que no hace otra cosa que dañar la democracia dominicana y que además lesiona la vida institucional de la nación.
Abinader ha querido conjuntamente con los tarados que conforman el Congreso Nacional extirpar las vías que pueden servir para mejorar la democracia nacional, la cual ya prácticamente no tiene legitimidad.
La verdad que no entiendo la razón por la que Abinader no ha logrado superar su torpeza en los años que lleva al frente del Estado dominicano, cuya sin razón ya se ha expresado en una multiplicidad de veces durante sus periodos de gobierno.
Sin embargo, hay un detalle que llama a la atención y es que quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, permita que eso ocurra sin renunciar como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, a menos de que su consejo haya sido que ese contrasentido fuera promulgado.
Ante la torpeza del presidente Abinader sólo queda la interposición de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional para que por lógica jurídica predomine la jurisprudencia sentada por la alta corte.
Luis Abinader y su aberrante PRM deben recibir una lección de un profundo contenido político y social, ya que la sociedad no debe tolerar otra torpeza más en contra del deseo de cambio del ciudadano ante el comportamiento distorsionado de los partidos políticos.
Considero que con la promulgación de semejante disparate jurídico queda confirmado que se trata de una confrontación entre la política y el derecho, porque en los partidos pesa más el miedo que la vergüenza.
Por José Cabral
No me queda la menor duda de que la partidocracia aprovecha todo su poder para lesionar la democracia, sobre todo cuando surgen vías que puedan mejorarla.
No hay motivo para no creer que es así, pero la aprobación en el Senado y puede decirse que también prácticamente en la Cámara de Diputados de un proyecto que busca sepultar las candidaturas independientes, confirma de lo que son capaces los partidos políticos.
Lo que espero es que inmediatamente esta travesura del Congreso Nacional termine su proceso en esta instancia del Estado, pase al Poder Ejecutivo para su observación o promulgación, cuya decisión, entonces, permitirá tener una idea más clara de qué tanto la irracionalidad se ha apropiado del Partido Revolucionario Moderno y de sus dirigentes y militantes.
La pregunta que me hago es si el presidente Abinader cometería la torpeza de adherirse al despropósito de los legisladores de prácticamente todos los partidos políticos, que su ceguera no les permite ver hasta dónde llega su facultad en el sistema democrático.
Todo esto lo digo en razón de que lo que hacen los diputados y senadores es romper con el orden institucional de la Nación y si para colmo Abinader, jefe del Estado dominicano, se suma a semejante travesura, entonces podría decirse que todo constitucionalmente hablando está perdido.
Naturalmente, habría que ver cuál es la asesoría que recibiría en esta materia de un hombre con una amplia trayectoria en asuntos jurídicos y que ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.
No hay que saber tanto de derecho para entender que aún una persona como Subero Isa esté en favor o en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la TC/0788/24, no puede haber otra decisión que respetarla para preservar el orden institucional y la supremacía de la constitución de la República.
El orden jurídico nacional se rige por el principio de legalidad y la decisión del Tribunal Constitucional se ajusta a lo que dispone el artículo 47 de la Ley 137-11 en lo concerniente a la interpretación de aquellas normas que violentan la carta magna, cuya ley orgánica se deriva del mandato de los artículos 184 y 185 de la ley de leyes del país.
De manera, que cualquier decisión del presidente de la República tiene que ser en el marco de lo que dispone la Constitución de la República, cuyas candidaturas independientes son el producto de lo consignado por el constituyente en el artículo 22 de la carta magna.
Al ser así, el presidente Abinader no puede tomar otra decisión que no sea observar lo aprobado por los senadores y diputados, porque de lo contrario ese proyecto tendría una muerte segura mediante una acción directa de inconstitucionalidad ante el propio TC.
Por José Cabral.
La partidocracia dominicana está sumergida en un pantano de lodo que tiene profundas raíces culturales, cuya salvación no la puede proporcionar nadie, absolutamente nadie, porque luce algo difícil, por no decir imposible, ya que hay una famosa expresion aplicable a este caso que dice que: «árbol que nació torcido nadie lo endereza».
La figura del depredador está dentro del espíritu de los actores de la vida política partidaria de la nación, pero esa condición no es fruto del capricho de uno o dos de los que conforman la partidocracia, sino de prácticamente todos sus dirigentes y militantes, porque se trata de una visión de vida asociada con una explicación cultural, no de otra cosa.
Hay quienes justifican este comportamiento que hoy sumerge a los partidos políticos en el peor de los descréditos al atraso y la pobreza que ha caracterizado al país desde mucho antes de su nacimiento como república.
Sin embargo, la realidad es que, aunque esas consideraciones sean muy atendibles, porque ahí también entra la baja educación ciudadana, lo cierto es que en el país se ha desarrollado una visión de vida que lleva a la mayoría de la gente a sólo pensar en la adquisición de bienes materiales, aun aquellos que lo tienen todo, sin importar su procedencia.
En mi opinión, aparte de lo cultural, se suma la entrada salvaje del neoliberalismo que se ha llevado de paro los valores cívicos y morales y puede decirse que se ha robado al dominicano que ahora su princial meta es identificar la vía que le permita de forma más fácil y rápida acumular fortunas.
Yo he dicho en otras ocasiones que en el país la mayoría de los políticos quieren llegar al control del Estado para llevarse a sus bolsillos el dinero del patrimonio público, cuya principal desfachatez es que después de sus travesuras someter un proyecto de ley para atacar la corrupción.
Entonces, todo el que busca fortunas fáciles en el país tiene dos caminos para tenerlas y son el narcotráfico y la política que se ejerce a través de los partidos políticos, pequeños, medianos y grandes, cuyos dirigentes saben muy bien que cuando se prestan al juego de los que tienen mayor aceptación popular, no sólo reciben dinero de la Junta Central Electoral, sino también de la ocupación de un cargo público cuando se convierte en bisagra del que ha sido elegido para dirigir los destinos nacionales.
El problema es sumamente grave y preocupante y por esa razón a la partidocracia le importa muy poco el destino de la democracia nacional, sino buscar más dinero para el bolsillo de cúpula dirigencial, lo que explica que no respete el mandato constitucional del que se derivan las candidaturas independientes.
Por esta y otras muchas más razones sostengo que la derrota de la partidocracia en esta confrontación entre la política y el derecho va a depender de cómo se asuma la actitud del Congreso Nacional de anular una opción que no es caprichosa, sino que está consignada en la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Yo tengo la esperanza de que la partidocracia sea derrotada como ha ocurrido en la historia de la República Dominicana, en la que personajes con mucha sensibilidad patriótica se han armado de coraje y les han cortado las cabezas a férreas dictaduras que han retrasado el avance de la democracia nacional.
Todo el mundo sabe que, así como el doctor Joaquín Balaguer proclamaba que la Constitución no era más que un pedazo de papel, cuyo concepto aun prevalece en los nuevos actores de la vida política nacional, pero con la diferencia de que éstos simulan lo contrario, porque sencillamente el país es más de percepción que de realidad, sólo que a través de una doble cara.
Pero no se puede olvidar que, si bien la Constitución no es respetada, cuya comprobación se puede hacer con la gran cantidad de sentencias del Tribunal Constitucional no ejecutadas, las mismas siguen ahí y nadie podrá borrarlas.
Es bueno que se entienda que esa realidad de vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad, sólo perdurará hasta que el soberano, el pueblo dominicano, tolera las travesuras de la partidocracia que no respeta ley y que utiliza el Estado para aliarse con el bajo mundo y con los peores intereses de la nación.