Santo Domingo, RD.-La marcha por la Democracia promovida por unos trece partidos políticos de oposición y dos movimientos sociales propuso un pacto político-social, que despeje la desconfianza de la población y garantice que las elecciones municipales reprogramadas para el 15 de marzo se celebren en un ambiente de equidad y sin la irrupción del gobierno.Nacionales
La oposición propone pacto político-social
Santo Domingo, RD.-La marcha por la Democracia promovida por unos trece partidos políticos de oposición y dos movimientos sociales propuso un pacto político-social, que despeje la desconfianza de la población y garantice que las elecciones municipales reprogramadas para el 15 de marzo se celebren en un ambiente de equidad y sin la irrupción del gobierno.En una proclama emitida al finalizar la marcha en el Altar de la Patria, expresaron que ese pacto cobra más importancia para las elecciones del 17 de mayo próximo, en las cuales se pondrá en juego el control de los dos mayores poderes del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo.
“Reclamamos a los titulares de la Junta Central Electoral que cumplan las responsabilidades que le atribuye la Constitución de organizar elecciones libres, con equidad, objetividad y transparencia”, sostienen en el documento.
Expresan que en otras circunstancias el fracaso del 16 de febrero, con la suspensión de las elecciones municipales tras el colapso el sistema de voto automatizado, los miembros de la JCE se habrían visto preciados a renunciar, pero que deben ser conscientes de que tienen el crédito suspendido, y que como dijo su presidente Julio César Castaños Guzmán, están obligados a nacer de nuevo.
La Marcha por la Democracia inició con dos horas de retraso, convocada por 13 partidos políticos opositores en reclamo de una explicación por la suspensión de las elecciones municipales del pasado domingo 16 de febrero, por fallos presentados en el sistema de voto automatizado.
Marcaban las 11:10 de la mañana cuando la multitudinaria manifestación comenzaba a movilizarse a lo largo de la avenida Máximo Gómez. Esta marcha iba dividida por tres bloques diferentes: los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados se reunieron en la avenida John F. Kennedy con Máximo Gómez, encabezados por el candidato presidencial Luis Abinader. El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), se congregó próximo a la esquina George Washington, en el malecón de la capital, con su presidente Federico Antún Batlle a la cabeza. Mientras el partido Fuerza del Pueblo y sus aliados se centraron en la Máximo Gómez esquina 27 de Febrero, con su candidato Leonel Fernández al frente. Este último era el punto de reunión convocado y partida de la caravana opositora.
Poco después de la 1:00 de la tarde, luego de dos horas de haberse iniciado, arribó el primer grupo de manifestantes pertenecientes al PRSC, pero no fue hasta veinte minutos después que el tránsito en los alrededores del Parque Independencia colapsó. Justo cuando el expresidente Fernández, arribó sus seguidores se le acercaron para pedirle fotografías y conversar por pocos segundos con el candidato a la presidencia por Fuerza del Pueblo.
Antes de las 2:00 de la tarde, también llegó Luis Abinader, quien estuvo acompañado por Milagros Ortiz Bosch, se quedó atrás del vehículo de Leonel Fernández, desde donde escuchó las notas del Himno Nacional, una oración y la proclama leída por tres jóvenes, incluida la candidata a la Senaduría del Distrito Nacional por el PRM, Faride Raful.
Los partidos que participaron de esta marcha, además del PRM, PRSC y Fuerza del Pueblo, fueron Partido Humanista Dominicano (PHD), Dominicanos por el Cambio (DXC), Frente Amplio, Alianza por la Democracia (APD), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y Partido Unidad Nacional (PUN), así como las agrupaciones sociales Coalición Democracia por la Regeneración Nacional y Coalición por la Defensa de la Constitución.
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
En la audiencia, los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) habían solicitado al tribunal que se mantuviera la medida de coerción por riesgo de fuga y posible interferencia en la investigación, destacando la gravedad de los hechos.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 9 de abril de 2026.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.