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358 millones de pesos destina la Opret en seguros contra daños

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Santo Domingo, R.D.-Cada año la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) desembolsa cada año alrededor de RD$358.9 millones para cubrir sus pólizas de responsabilidad civil y seguro contra daños, contratadas con Seguros Banreservas.

La entidad informó a Listín Diario que este acuerdo se mantiene desde 2006, un año después de la creación de la institución mediante el decreto 477-05.

Primero, el seguro cubría a la institución en su fase de instalación, y a partir de 2008 se amplió con la incorporación de los primeros trenes de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo durante las pruebas de vías férreas y sistemas electromecánicos.

Consultada sobre si tuvo que hacer uso de estas coberturas, la Opret confirmó que en diversas ocasiones recurrió a ellas.

Entre los casos mencionados figuran accidentes de tránsito que involucraron un autobús, una camioneta y un jeep, además de daños menores como rotura de cristales y abolladuras.

Uno de los siniestros más recientes ocurrió el 16 de septiembre de 2023, cuando dos trenes colisionaron entre las estaciones Mamá Tingó y Gregorio Luperón. El accidente dejó nueve personas lesionadas.

De acuerdo con reportes de prensa, el choque se atribuyó a violaciones a los protocolos de operación por parte de un conductor. No obstante, la Opret no especificó el monto asumido por la aseguradora en ese incidente.

Otro caso citado se remonta a septiembre de 2020, cuando se reclamó una indemnización por daños materiales en dos unidades de trenes, sin ofrecerse mayores detalles.

También se recordó el atentado perpetrado el 27 de octubre de 2014 en el Metro, que dejó 18 heridos y cuantiosas pérdidas. Por ese hecho, el responsable fue condenado a pagar 241,160.61 euros equivalentes a RD$12,202,726.36, en favor de la Opret por los perjuicios ocasionados a un vagón.

Pese a que la Opret no lo precisó en el documento entregado a este medio, cabe recordar que el pasado 14 de agosto se desprendió un plafón de aproximadamente cuatro metros cuadrados en la estación Rosa Duarte, perteneciente a la Línea 2 del Metro de Santo Domingo. El incidente se difundió en redes sociales, aunque no se reportaron personas lesionadas.

La institución aclaró mediante comunicado que el desprendimiento no afectó la estructura ni representó peligro para la seguridad de los usuarios; sin embargo, no especificó el costo de la reparación ni la causa del suceso.

Histórico de adquisiciones de vagones

Desde su fundación, la Opret incorporó 69 trenes de tres vagones cada uno, sumando un total de 207 vagones distribuidos en las líneas 1, 2A, 2B y 2C.

En 2006 se contrató la fabricación y puesta en marcha de los primeros 19 trenes para la Línea 1, que cuenta con 16 estaciones. Posteriormente, en 2018, se añadieron otros ocho trenes como parte del proyecto de ampliación de su capacidad de transporte.

A esta cifra se sumaron ocho más en 2021 y siete en 2022. En total, la Línea 1 dispone hoy de 40 trenes y 120 vagones.

En cuanto a la Línea 2A, en 2015 se incorporaron 15 trenes con 45 vagones, mientras que ese mismo año la Línea 2B recibió seis trenes con 18 vagones.

Para la Línea 2C, aún en fase de preparación, se contrató en 2023 la fabricación y entrega de ocho trenes (24 vagones), actualmente en proceso de despacho desde la fábrica.

La institución explicó que cada adquisición implica fabricación, pruebas iniciales, transporte internacional y ensayos de integración al sistema local antes de entrar en operación.

Precisó además que de los diez trenes contratados en 2022 para reforzar la Línea 1, aún faltan tres por recibir.

La institución, sin embargo, no reveló el monto total invertido en la compra de trenes y vagones desde sus inicios.

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Retroceso judicial hubo en el 2025 en R.D., según ve Colegio Abogados.

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SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD)  el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.

Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.

El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.

Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.

Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.

Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.

También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.

agl-sp

 

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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.

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Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó  a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.

Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.

Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.

El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.

  • Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

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Llaman a respetar el escalafón en la selección de jueces de la Suprema Corte

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Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega,  llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.

Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.

Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.

Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.

En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.

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