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“La Policía hace ridículo montaje con muerte de mi padre”, afirma Víctor Sánchez
MOCA (R. Dominicana).- El caso del rapto y presunta muerte del comerciante mocano Ramón Sánchez (Monso) se complica en la medida que pasan las horas y después de que el jefe de la Policía, Manuel Castro Castillo, asegurara que uno de sus hijos, Julio Sánchez, pagó 50,000 pesos para que lo asesinaran.Víctor Sánchez, hermano del acusado y presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en Moca, rechaza la versión del jefe policial y afirma que con la muerte de su padre “la Policía ha hecho un ridículo montaje” que está siendo avalado por el Ministerio Público.
Sánchez, quien se constituyó en abogado de la defensa de su hermano, expresó que su familia sabe bien que este nada tiene que ver con el crimen de su padre y adelantó que esto quedará demostrado en el juicio.
“Mi hermano no sabe absolutamente nada de este hecho, la Policía y el Ministerio Público quieren implicarlo”, declaró Sánchez.
“Mi hermano no tiene ninguna responsabilidad en el secuestro y asesinato de nuestro padre, tampoco hubo pago alguno por el rapto”, dijo Sánchez al denunciar las incongruencias que atribuye a la actuación del mayor general Manuel Castro Castillo.
Pese a que Castro Castillo informó que el caso había sido resuelto, la Policía todavía no ha dado con el cadáver del comerciante mientras mantiene la persecución de dos personas que habrían participado en el hecho
Este martes se espera el conocimiento de medidas de coerción de los detenidos luego de que le informaran al juez que fueron torturados durante los interrogatorios y que por esa razón se declararon culpables. El pasado sábado el juez que conocía el caso dispuso un examen médico de los acusados cuyos resultados serán conocidos en una nueva audiencia programada para esta tarde.
Al defender la transparencia de la investigación dada a conocer por la Policía, Castro Castillo expresó que la familia fue partícipe del proceso siendo informada de los detalles de cada uno de los pasos que se iban dando. Indicó que la institución cuenta con pruebas adicionales que serán presentadas durante el juicio de hoy.
“Hay familiares que no quieren entender cuando un pariente se involucra en actos delictivos o cuando es adicto a las drogas”, expresó el oficial al contrarrestar las declaraciones del hermano del acusado.
Reiteró que los autores materiales del crimen confesaron que uno de sus hijos pagó 50,000 pesos por el rapto de su padre, por el cual presuntamente iba a recibir una suma de dinero por el rescate.
Por su lado, Víctor Sánchez cuestiona que la Policía se niegue a investigar a los agentes del cuartel de Villa Trina, ubicado próximo a la residencia del comerciante.
“Mi hermano no sabe absolutamente nada de este hecho, la Policía y el Ministerio Público quieren implicarlo”, declaró Sánchez al criticar que no haya sido mostrada la casa donde su padre estuvo secuestrado por 22 días según estableció Castro Castillo.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.