Nacionales
La Policía se desliga del envío de “La Soga” a cárcel para agentes
El mayor general Ney Aldrin Bautista dice que la decisión fue de la justicia y que ellos no intervinieron
SANTO DOMINGO. El director de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrín Bautista Almonte, desvinculó a la institución de la decisión de un juez de enviar al exteniente Fernando de los Santos (La Soga) a la cárcel de Operaciones Especiales, lugar en donde sólo son recluido los miembros activos acusados de cometer algún delito, mientras dure el proceso judicial.
Al ser cuestionado sobre el particular, Bautista Almonte dijo a Diario Libre que la Policía no intervino para que se tomara esa medida, sino que la justicia actuó de manera independiente.
“Eso no fue una solicitud de la Policía ni fue ninguna intervención de la Policía, eso es una decisión de los tribunales. Los tribunales de la República son los que deciden esas cosas”, respondió el director y aclaró que La Soga no es Policía, ya que fue separado de la institución.
La Soga está acusado de ser el responsable de varios asesinatos, razón por la que supuestamente, estuvo siendo buscado por las autoridades durante seis años. Fue apresado el pasado miércoles 1 de noviembre.
La Soga desertó de la Policía en el año 2011, en momentos en que se produjo el hallazgo de una serie de cadáveres con blocks amarrados a los pies en la presa de Tavera. Desde entonces surgieron múltiples versiones que indicaban que el prófugo tenía protección de cuerpos armados que le permitían mantenerse en la clandestinidad.
El viernes 3 de este mes, el juez Luis Ernesto Torres Paulino dictó tres meses de prisión preventiva contra La Soga, a cumplir en la cárcel más segura del país, instalada en Manoguayabo, dentro del recinto de las fuerzas élites de la Policía.
Entre los homicidios que se le atribuyen al exagente apodado La Soga están los de Elvis Sebastián Valerio Espinal y Luis Rigoberto Torres Ortega, quienes habrían sido mandados a matar por los comerciantes Joan Silverio Ureña y Bonel de Jesús Lanfranco.
Supuestamente, La Soga fue contratado por la suma de RD$250 mil para eliminar a esas personas, de cuyo dinero se le adelantó RD$150 mil, y el resto después que cumpliera la misión.
Tras su deserción de sus filas en 2011 durante la gestión del mayor general José Armando Polanco Gómez, la Policía desplegó una campaña para apresarlo. Incluso en el 2012, la institución envió un equipo a investigar si se encontraba en Haití.
La Soga era señalado como miembro del denominado equipo “Escuadrón de la Muerte”, al que supuestamente también pertenecía el sargento mayor Ramón Darío Cabrera (Cabrerita), muerto de múltiples balazos el 25 de noviembre del 2004.
Según reportes, tras desertar de las filas policiales, La Soga frecuentaba las galleras de Santiago y hacía una vida normal.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.