Periodismo Interpretativo
La Procuraduría como Instrumento de Manipulación en Favor de la Impunidad
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Por Elba García
Esta conclusión no es caprichosa ni aventurera, sino que parte de lo que ha sido la conducta de la Procuraduría General de la República, porque cuando se inició el proceso de investigación de los Súper Tucanos se ofrecieron detalles de las andanzas al respecto del senador de la provincia Hermanas Mirabal, Luís René Canaán.
Tanto fue así que se dieron detalles que justifican imponer medidas de coerción a los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, porque de acuerdo a la Procuraduría General de la República, el legislador fue quien involucró a éstos en los ilícitos penales cometidos, sobre todo por sus vínculos familiares.
Los detalles fueron muy precisos y puntuales, como ejemplo, que el senador Canaán había viajado a los Estados Unidos conjuntamente con uno de los imputados, el coronel Carlos Piccini Núñez, para coordinar el recibimiento del dinero pagado por el soborno.
Canaan, quien políticamente ha sabido saltar de un lado a otro en las confrontaciones entre las diferentes tendencias que operan al interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), porque primero perteneció al grupo de Leonel Fernández, pero luego se pasó al lado de Danilo Medina cuando éste último asumió el control del Estado, parece que logrará, por los vínculos que tiene en el poder, no ser procesado en el presente caso.
Ese paso que es una de las vertientes del tranfuguismo político, porque el mismo se observa también a lo interno de las organizaciones cuando la correlación de fuerzas favorece a una corriente más que a otra, lo cual parece ser una jugada magistral de este legislador, porque ello se ha constituido en una garantía de impunidad e impide que las garras de la justicia lleguen hasta él.
Ahora Luís René Canaán tiene los bolsillos llenos de dólares del soborno de los Súper Tucanos, pero no tiene a que temer, dado que la
La exclusión de Luís René Canaán libera de una acusación penal a una ficha del tablero político del presidente, sobre todo porque si el mandatario intentara buscar una nueva repostulación, no sólo puede contar con su apoyo, sino que con el beneficio de su impunidad en el caso de los aviones Súper Tucanos, permite que otros legisladores puedan incurrir en otros delitos del mismo tipo o tal vez peores con la seguridad de que no habrá consecuencias penales en su contra.
De lo que sí puede estar seguro el Presidente de la República y todos los peledeístas es que la Procuraduría General de la República pierde totalmente su credibilidad, porque nadie podrá confiar en un órgano que más que perseguir la corrupción lo que hace es estimular la impunidad, lo cual tiene un efecto político y social demoledor, porque de alguna manera se envía el mensaje a la sociedad de que debe buscar justicia recurriendo a la vía de hecho o con sus propias manos, no mediante un proceso oral, público y contradictorio.
Los sometimientos en los mencionados casos, más que unos procesos para combatir la corrupción administrativa, se han constituido en un instrumento para promover la idea de que todo lo que pasa en el entorno del Gobierno no tiene castigo y que la aplicación de la justicia sólo tiene sentido cuando se trata de opositores o de personas que se dedican al raterismo o a la delincuencia de baja monta.
En estos casos sólo el pueblo tiene la última palabra, principalmente, cuando llegue el proceso electoral, porque todo aquel que dé su voto en favor de este legislador, sencillamente se hace cómplice de sus inconductas, porque lo normal sería que reciba el castigo social y electoral que se merece conjuntamente con los responsables de excluirlo de semejante acto delincuencial y de otros que tienen que ver con el contrabando de dinero y armas por la zona norte de la Dirección General de Aduanas.
Ya la Procuraduría General de la República Dominicana más que un órgano para perseguir el delito y el crimen y resarcir a la sociedad de los daños causados, es un mecanismo para justificar lo mal hecho, sobre todo de aquellos con los que, sin importar el delito o el crimen cometido, se tiene coincidencia política.