Análisis Noticiosos
La RD atrasada también en Indice del Estado de Derecho
Por Juan Bolívar Díaz
La República Dominicana volvió a quemarse en el Índice del Estado de Derecho del 2016 (IED-16), publicado esta semana por el Proyecto Justicia Mundial que auspicia el Colegio de Abogados de Estados Unidos junto a 21 socios estratégicos, ocupando la posición 85 entre 113 países, y la 30 entre 37 de América Latina y el Caribe.
En una escala de 0 a 1, el país obtiene una puntuación de 0.47 (equivalente a 47%), casi igual al 0.48 del 2015, cuando entre 102 naciones ocupó el escalón 67, lo que implica un descenso de 7 posiciones, ratificando otras evaluaciones como las del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y la de Transparencia Internacional.
Entre peores de la región. Una vez más la Dominicana queda entre las últimas naciones de América Latina y el Caribe en evaluaciones internacionales, esta vez ocupando la posición 23 de 30, sólo mejor que México, Ecuador Guatemala, Nicaragua, Honduras, Bolivia y Venezuela, sin moverse de escalón en relación a la evaluación del 2015, que fue el 12 de 19.
Llama la atención que los demás países del Caribe quedan en mejor posición que Dominicana en el IED-16, todos ubicados entre los escalones 5 y 14 de la región latinoamericana y caribeña, encabezados por Barbados y seguidos por Antigua-Barbuda, San Cristóbal-Nieves, Granada, Santa Lucía, San Vicente-Las Granadinas, Bahamas, Dominica, Jamaica y Trinidad-Tobago. Haití no aparece en este índice.
En todo el índice del 2016, la República Dominicana fue el país que más descendió, en 7 escalones, quedando por debajo de muchos de África, el continente más pobre y de menos desarrollo institucional en todas las evaluaciones internacionales. Sólo en dos renglones RD avanza, y en los otros seis, retrocede, en relación al índice del 2015.
Como es habitual en las evaluaciones, los países nórdicos europeos lideran en esta: Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia, con puntuación de 0.89 a 0.87, seguidos por Suiza, Holanda, Alemania, Austria, Nueva Zelandia, Singapur y Reino Unido. Australia y Canadá ocupan la posición 11 con 0.81 y Estados Unidos la 18, con 0.74 puntos.
Peores renglones de RD. El IED-16 evalúa 8 factores, con un total de 44 renglones, que son: limitación al poder gubernamental, ausencia de corrupción, transparencia gubernamental, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento de la ley, justicia civil y justicia penal.
Las peores puntuaciones dominicanas corresponden a ausencia de corrupción y justicia penal, ambos con 0.34, seguidos por cumplimiento de la ley y limitación al poder gubernamental, que registran 0.41 y 0.44. Apertura gubernamental y justicia civil quedan en 0.54 y 0.46.
Cuando se verifican los 44 renglones, el peor en RD es el correspondiente a corrupción en el Poder Legislativo, con una aprobación de apenas 0.15, seguido de la efectividad del sistema correccional y control de la violencia, con 0.23. La sanción de las inconductas gubernamentales y el respeto al debido proceso legal sólo obtienen 0.25 y 0.26. La no influencia gubernamental en la justicia criminal y dilación razonable de la justicia civil registran 0.28.
En tendencia generalizada. Los resultados que arroja para República Dominicana el IED-16 prosigue la tendencia generalizada de las evaluaciones internacionales, especialmente las del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y el de Transparencia Internacional, aunque esta vez mejora su promedio a 0.47, que es 4.7 sobre 10.
La de competitividad global del 2016 dejó al país en la posición 92 de 138 países, con puntuación de 3.9 sobre 10. En relación a los 21 países latinoamericanos le correspondió el escalón 14, con siete por debajo.
El índice de transparencia de la organización Transparencia Internacional del 2016 colocó al país en la posición 120 de 176 evaluados, y entre los diez peores de América Latina, con 31 puntos sobre 100, o 3.1 sobre 10.
Es relevante que en todos los casos la quemazón dominicana sea mayor en materia de corrupción, particularmente en el Poder Legislativo. y en la ausencia de sanciones a la corrupción gubernamental y de la justicia y en la escasa independencia en la auditoría de las gestiones públicas.
El IED-16 viene a justificar la indignación nacional por la corrupción que sacude el país en los últimos meses y fundamenta la demanda del Movimiento Verde por el fin de la impunidad.
El Proyecto Justicia Mundial. El World Justice Proyect, (proyecto Justicia Mundial, en español) fue creado en el 2006 por el Colegio de Abogados de Estados Unidos, en asociación con 21 socios estratégicos. Es una institución independiente y multidisciplinaria que procura promover el estado de derecho en el mundo.
Su trabajo de investigación y promoción de las mejores prácticas se fundamenta en dos premisas: 1. El estado de derecho es la zapata de la paz, las oportunidades y la equidad. Y 2. La manera más efectiva para promover el estado de derecho es a través de la colaboración multidisciplinaria.
Han desarrollado el Índice del Estado de Derecho para medir cuantitativamente cómo el ciudadano común experimenta la vigencia o precariedad de sus derechos. En el informe del 2015 incluyó a 102 países, en el del 2016, publicado esta semana, abarcó a 113.
El índice se obtiene a través de encuestas a ciudadanos y cuestionarios que responden especialistas de cada país. La mejor puntuación, o máxima, es el 1, equivalente al cien por ciento y la mínima es 0.
En América Latina esta vez el país mejor evaluado fue Uruguay, con 0.72 puntos, seguido por Costa Rica y Chile con 0.68, y Barbados y Antigua-Bermudas con 0.67. El peor fue Venezuela con 0.28, seguido por Bolivia 0,40, y Honduras y Nicaragua con 0.42.-
Por José Cabral
El presidente Luis Abinader ha dejado claro que en él predomina más la torpeza que la razón, dado que promulgó la Ley 13-26 que saca del escenario electoral dominicano las candidaturas independientes ajustadas a la Constitución por la sentencia TC/0788/24.
Desde que conocí a Abinader cuando era un simple aspirante a la Presidencia de la República nunca observé nada que pudiera reflejar o significar las habilidades y la formación necesarias para dirigir el Estado dominicano.
Con esta nueva torpeza queda claro que el proyecto en el Congreso Nacional era un plan del partido más anti-democrático que tiene el país, el Revolucionario Moderno, el cual luego de llegar al poder sirve para muy poca cosa.
El presidente con la promulgación de la ley aprobada por los senadores y diputados deja claro que está con las peores causas y que su proyección desde la Presidencia tiene más de simulación que de vocación democrática.
La pregunta que se haría cualquier persona sensata es qué gana el presidente Abinader con promulgar y convertir en ley una propuesta que no hace otra cosa que dañar la democracia dominicana y que además lesiona la vida institucional de la nación.
Abinader ha querido conjuntamente con los tarados que conforman el Congreso Nacional extirpar las vías que pueden servir para mejorar la democracia nacional, la cual ya prácticamente no tiene legitimidad.
La verdad que no entiendo la razón por la que Abinader no ha logrado superar su torpeza en los años que lleva al frente del Estado dominicano, cuya sin razón ya se ha expresado en una multiplicidad de veces durante sus periodos de gobierno.
Sin embargo, hay un detalle que llama a la atención y es que quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, permita que eso ocurra sin renunciar como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, a menos de que su consejo haya sido que ese contrasentido fuera promulgado.
Ante la torpeza del presidente Abinader sólo queda la interposición de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional para que por lógica jurídica predomine la jurisprudencia sentada por la alta corte.
Luis Abinader y su aberrante PRM deben recibir una lección de un profundo contenido político y social, ya que la sociedad no debe tolerar otra torpeza más en contra del deseo de cambio del ciudadano ante el comportamiento distorsionado de los partidos políticos.
Considero que con la promulgación de semejante disparate jurídico queda confirmado que se trata de una confrontación entre la política y el derecho, porque en los partidos pesa más el miedo que la vergüenza.
Por José Cabral
No me queda la menor duda de que la partidocracia aprovecha todo su poder para lesionar la democracia, sobre todo cuando surgen vías que puedan mejorarla.
No hay motivo para no creer que es así, pero la aprobación en el Senado y puede decirse que también prácticamente en la Cámara de Diputados de un proyecto que busca sepultar las candidaturas independientes, confirma de lo que son capaces los partidos políticos.
Lo que espero es que inmediatamente esta travesura del Congreso Nacional termine su proceso en esta instancia del Estado, pase al Poder Ejecutivo para su observación o promulgación, cuya decisión, entonces, permitirá tener una idea más clara de qué tanto la irracionalidad se ha apropiado del Partido Revolucionario Moderno y de sus dirigentes y militantes.
La pregunta que me hago es si el presidente Abinader cometería la torpeza de adherirse al despropósito de los legisladores de prácticamente todos los partidos políticos, que su ceguera no les permite ver hasta dónde llega su facultad en el sistema democrático.
Todo esto lo digo en razón de que lo que hacen los diputados y senadores es romper con el orden institucional de la Nación y si para colmo Abinader, jefe del Estado dominicano, se suma a semejante travesura, entonces podría decirse que todo constitucionalmente hablando está perdido.
Naturalmente, habría que ver cuál es la asesoría que recibiría en esta materia de un hombre con una amplia trayectoria en asuntos jurídicos y que ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.
No hay que saber tanto de derecho para entender que aún una persona como Subero Isa esté en favor o en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la TC/0788/24, no puede haber otra decisión que respetarla para preservar el orden institucional y la supremacía de la constitución de la República.
El orden jurídico nacional se rige por el principio de legalidad y la decisión del Tribunal Constitucional se ajusta a lo que dispone el artículo 47 de la Ley 137-11 en lo concerniente a la interpretación de aquellas normas que violentan la carta magna, cuya ley orgánica se deriva del mandato de los artículos 184 y 185 de la ley de leyes del país.
De manera, que cualquier decisión del presidente de la República tiene que ser en el marco de lo que dispone la Constitución de la República, cuyas candidaturas independientes son el producto de lo consignado por el constituyente en el artículo 22 de la carta magna.
Al ser así, el presidente Abinader no puede tomar otra decisión que no sea observar lo aprobado por los senadores y diputados, porque de lo contrario ese proyecto tendría una muerte segura mediante una acción directa de inconstitucionalidad ante el propio TC.
Por José Cabral.
La partidocracia dominicana está sumergida en un pantano de lodo que tiene profundas raíces culturales, cuya salvación no la puede proporcionar nadie, absolutamente nadie, porque luce algo difícil, por no decir imposible, ya que hay una famosa expresion aplicable a este caso que dice que: «árbol que nació torcido nadie lo endereza».
La figura del depredador está dentro del espíritu de los actores de la vida política partidaria de la nación, pero esa condición no es fruto del capricho de uno o dos de los que conforman la partidocracia, sino de prácticamente todos sus dirigentes y militantes, porque se trata de una visión de vida asociada con una explicación cultural, no de otra cosa.
Hay quienes justifican este comportamiento que hoy sumerge a los partidos políticos en el peor de los descréditos al atraso y la pobreza que ha caracterizado al país desde mucho antes de su nacimiento como república.
Sin embargo, la realidad es que, aunque esas consideraciones sean muy atendibles, porque ahí también entra la baja educación ciudadana, lo cierto es que en el país se ha desarrollado una visión de vida que lleva a la mayoría de la gente a sólo pensar en la adquisición de bienes materiales, aun aquellos que lo tienen todo, sin importar su procedencia.
En mi opinión, aparte de lo cultural, se suma la entrada salvaje del neoliberalismo que se ha llevado de paro los valores cívicos y morales y puede decirse que se ha robado al dominicano que ahora su princial meta es identificar la vía que le permita de forma más fácil y rápida acumular fortunas.
Yo he dicho en otras ocasiones que en el país la mayoría de los políticos quieren llegar al control del Estado para llevarse a sus bolsillos el dinero del patrimonio público, cuya principal desfachatez es que después de sus travesuras someter un proyecto de ley para atacar la corrupción.
Entonces, todo el que busca fortunas fáciles en el país tiene dos caminos para tenerlas y son el narcotráfico y la política que se ejerce a través de los partidos políticos, pequeños, medianos y grandes, cuyos dirigentes saben muy bien que cuando se prestan al juego de los que tienen mayor aceptación popular, no sólo reciben dinero de la Junta Central Electoral, sino también de la ocupación de un cargo público cuando se convierte en bisagra del que ha sido elegido para dirigir los destinos nacionales.
El problema es sumamente grave y preocupante y por esa razón a la partidocracia le importa muy poco el destino de la democracia nacional, sino buscar más dinero para el bolsillo de cúpula dirigencial, lo que explica que no respete el mandato constitucional del que se derivan las candidaturas independientes.
Por esta y otras muchas más razones sostengo que la derrota de la partidocracia en esta confrontación entre la política y el derecho va a depender de cómo se asuma la actitud del Congreso Nacional de anular una opción que no es caprichosa, sino que está consignada en la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Yo tengo la esperanza de que la partidocracia sea derrotada como ha ocurrido en la historia de la República Dominicana, en la que personajes con mucha sensibilidad patriótica se han armado de coraje y les han cortado las cabezas a férreas dictaduras que han retrasado el avance de la democracia nacional.
Todo el mundo sabe que, así como el doctor Joaquín Balaguer proclamaba que la Constitución no era más que un pedazo de papel, cuyo concepto aun prevalece en los nuevos actores de la vida política nacional, pero con la diferencia de que éstos simulan lo contrario, porque sencillamente el país es más de percepción que de realidad, sólo que a través de una doble cara.
Pero no se puede olvidar que, si bien la Constitución no es respetada, cuya comprobación se puede hacer con la gran cantidad de sentencias del Tribunal Constitucional no ejecutadas, las mismas siguen ahí y nadie podrá borrarlas.
Es bueno que se entienda que esa realidad de vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad, sólo perdurará hasta que el soberano, el pueblo dominicano, tolera las travesuras de la partidocracia que no respeta ley y que utiliza el Estado para aliarse con el bajo mundo y con los peores intereses de la nación.