La República Dominicana luce atrapada en una cultura de corrupción que involucra miles de millones de pesos.

Los partidos que han llegado al poder con la complicidad de muchos otros que buscan alianzas electorales para recibir un pequeño pedazo del pastel que ha comprometido el destino de las presentes y futuras generaciones.

Cada vez que sale a la palestra pública un hecho de corrupción supera al anterior y el dinero sustraído del erario nacional llega a cantidades realmente impresionantes.

La Procuraduría General de la República no cuenta con los recursos y el personal para perseguir todos los delitos cometidos por los actores de la vida política nacional.

En los actuales momentos se conoce el caso de uno de los hombres con mayor poder durante el gobierno de Danilo Medina, Jean Alain Rodríguez, ex-procurador general de la República, quien siempre ha sido un personaje odioso y repugnante, pero la gente nunca se imaginó que las cosas habían llegado tan lejos en términos de irregularidades en el órgano encargado de combatir el crimen y el delito.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha revelado todas las andanzas de este funcionario y cualquiera pudiera pensar que realmente se volvió loco.

En esta trama contra el Estado se habla de la sustracción por parte de los imputados de unos seis mil millones de pesos dominicanos.

De acuerdo al Ministerio Público, la Procuraduría General de la Repַública durante el gobierno de Danilo Medina en vez de promover y velar por el fiel cumplimiento de las leyes y perseguir penalmente a quienes hayan cometido crímenes y delitos contra personas o el propio Estado, operaba como parte de  una red  que recibía sobornos, había distracción de fondos,  nóminas ficticias, destrucción de  evidencias, incendio de documentos institucionales, adulteración de  fechas y objetivos de comunicaciones, sobrevaluación de obras y funcionaba  como centro de envase y distribución de ron y como comando de campaña.

Los datos al respecto  están contenidos en la solicitud de prisión preventiva hecha contra el ex-procurador Jean Alain Rodríguez, la encargada del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, Jenny Marte; el exdirector administrativo de la PGR, Jonnathan Rodríguez; la subdirectora administrativa y financiera, Altagracia Guillen; el subdirector financiero, Alfredo Solano; el exdirector del Departamento de Tecnología de Información y Comunicación, Javier Forteza; el ex-asesor Miguel José Moya, Rafael Mercedes y Empresas Desarrollo, Individuo & Organización (DIO, SRL).

El Ministerio Público afirma que la estructura creó proyectos sin ideología ni planificación, con graves problemas de diseño e insalvables vicios de construcción como el caso del Plan de Humanización, con el objetivo de tener actividades que les permitieran ejecutar presupuestos millonarios de los que sacaron cuantiosas sumas de dinero para beneficio personal

En la instancia de medida de coerción que tuvo lugar  en el Tribunal de Atención Permanente, el Ministerio Público calificó como un crimen de primer orden el haberse distraído o invertido sin criterio aproximadamente 10,000 millones de pesos en el plan de humanización, el cual  sirvió  para la  adquisición  de mobiliarios, equipos y electrodomésticos para inaugurar el Lote 4 de la cárcel La Nueva Victoria, hoy llamada como Las Parras, que ha generado daños cuantiosos para el Estado debido a la  presencia de vicios de construcción insalvables.

Un informe de ingeniería realizado por Grupo Keretaros da cuenta de que en el plan se cometieron graves errores como la cubicación y pagos de partidas no ejecutadas con montos ascendentes a 450 millones 325 mil pesos, que posteriormente fueron descubicadas, por lo cual “aseguran la existencia de un generalizado desorden y caótico desarrollo del proyecto”.

El Ministerio Público señala que la cárcel Nueva Victoria se construyó en terrenos que tenían propietarios y que esto ha involucrado al órgano en una serie de reclamos de ciudadanos que alegan haber sido despojados de sus propiedades de manera irregular.

Según el expediente, en el plan con un costo de 420 millones de pesos se adquirieron de manera irregular, mediante una licitación privilegiada a la empresa Smart Logistics Internacional, el sistema de monitoreo, equipos IP de seguridad y vigilancia, detectores de metales, así como armas de fuego marca Glock, pero, sin embargo, “muchos de los mismos no se encuentran en poder de la Procuraduría”.

En el aporte de las pruebas se ha hecho referencia a que por orden verbal de Jenny Marte y sin ningún documento de sustento, se transfirieron 16 millones de pesos del Centro de Corrección y Rehabilitación San Juan de la Maguana al CCR La Victoria.

El órgano persecutor del crimen y el delito sostiene que en la procuraduría había una asociación de malhechores que para distraer los fondos del Estado cometieron múltiples acciones delictivas que van desde la construcción de un plan de humanización sin ningún diseño real, ausencia de estudio de suelo o adulterado y en otros que indicaban que no había condiciones para hacer las construcciones de lugar como ocurrió con la selección de los terrenos de Las Parras, Barahona, entre otros”.

Como se ve con la ventilación de la Operación Medusa, la República Dominicana sólo depende de que sus ciudadanos despierten totalmente para rechazar a la mayoría de los partidos políticos que su única agenda es llegar al control del Estado para depredar el patrimonio nacional.

El fenómeno de la corrupción es un mecanismo para arruinar cualquier país y parar el desarrollo nacional, pero la fiscalización ciudadana y la emisión de un voto consciente es la única vea posible para cambiar o parar definitivamente una realidad que amenaza la estabilidad económica, política y social de la República Dominicana.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de publica un informe sobre los danos que causa la corrupción administrativa en el país, cuyos resultados a largo plazo podrían ser catastróficos para toda la sociedad.