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Editorial

Una tragedia que hiere la conciencia nacional

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La República Dominicana se avoca a la celebración de nuevas elecciones nacionales para escoger las autoridades que tendrán la misión de dirigir los destinos nacionales.

El país ya no resiste más deficiencias y déficit del Estado en la solución de grandes problemas sociales y establecer un régimen de consecuencia.

Se debe admitir que la República Dominicana atraviesa por una crisis que podría implicar incluso su disolución, porque en la actualidad nada funciona como debe ser.

Sin embargo, hay cuestiones que son más prioritarias que otras, como por ejemplo detener la corrupción generalizada que arropa a la sociedad, tanto en el sector público como en el privado, pero además la precaria eficiencia de la justicia que pone en peligro el estado de derecho y en consecuencia la democracia.

Un detalle vital para la vida nacional son los feminicidios, cuyas heridas en la sociedad dominicana son definitivamente imborrables,  que no podrán cicatrizan jamás.

Por esta razón el momento es oportuno para que los buscan tomar el control del Estado en la República Dominicana entiendan de una vez y por todas  que ya la sociedad no aguanta más estos flagelos, porque cada día se comprueba que  los mecanismos creados para contrarrestar el mal no funcionan, colapsaron hace muchos años.

Es impresionante la cantidad de mujeres que mueren cada día, cada semana, cada mes y cada año, sin que el fenómeno disminuya, sino que aumenta.

Debe admitirse que la República Dominicana está llena de deficiencia y de irresponsabilidades en razón de que los intereses individuales han sido puestos por encima de los colectivos.

Mientras las cosas sean así,  muy difícilmente habrán salidas saludables para los dominicanos que anhelan un sistema político, judicial y de servicios públicos más eficientes y que permitan tener una nueva República Dominicana.

El país necesita urgentemente iniciar una cruzada nacional en contra de los feminicidios, porque si no se detiene un fenómeno tan destructivo de la familia dominicana como ese, no podremos salir a buen camino.

Hay que darle prioridad a esta desgracia nacional.

                              

 

                             

 

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Editorial

Un año nuevo que llega lleno de preocupaciones.

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El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.

Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.

Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.

El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.

De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.

El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.

Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.

Ello es así, por ejemplo,  en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, que no forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.

Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.

En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.

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Editorial

La solemnidad de una justicia con pies de barro.

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La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.

Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.

El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.

Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.

El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,

Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.

Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,

En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.

Ahora mismo puede decirse  con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.

Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana

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Editorial

Un problema que no se ve a simple vista.

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La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.

Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.

La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.

El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.

De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.

Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.

De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.

Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.

La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.

Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.

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