Editorial
La superficialidad en la interpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional
Desde el mismo momento de la emisión de la sentencia del Tribunal Constitucional han habido reacciones que buscaban quitarle autoridad al órgano extra poder porque se trata del surgimiento de una forma de romper con el monopolio o control de los partidos políticos en todo el sistema institucional del país.
La ofensiva ha sido tan osada que hay legisladores que han caído en una serie de posiciones contrarias al estado de derecho que en estos tiempos arropa a todo el mundo.
A propósito de la sentencia TC/0788-24 se han escuchado los disparates más inconcebibles para buscar justificar lo que no tiene asidero en un estado social democrático y de derecho.
Lo peor de todo es que los grandes diarios que tanto hablan de libertad de expresión y difusión del pensamiento son los primeros aliados de los que no tienen la razón, como si en realidad poco les importara lo que supuestamente siempre han defendido.
Esto así, porque las posiciones de fondo de los que defienden las candidaturas independientes resulta altamente difícil que sean publicadas por los palaidines de la libertad de prensa.
De cualquier modo, este lunes a partir de las diez de la mañana en el salón Hugo Tolentino Dipp de la cámara de diputados se produce un episodio muy importante para defender esta figura jurídica, que sin bien no es una panacea al sistema político desacreditado y corrompido del país, sirve para que la democracia sea más participativa y pluralista.
Nadie ignora que los partidos políticos son los dueños del sistema, no sólo legal, sino también electoral y ello le otorga la autoridad de provocar grandes sufrimientos a la gente a través de una gestión pública bañada de corrupción administrativa.
Hay una expresión que dice que los derechos no se mendigan, sino que se arrebatan y en esa virtud se impone acudir al congreso nacional a rechazar los criterios de los que creen que pueden robarse el patrimonio público y negar la oportunidad de producir cambios importantes en la democracia dominicana en momentos en que esta atraviesa por una profunda crisis de credibilidad.
El momento es oportuno para que se escuche la voz de un pueblo que ya no soporta más atropellos de los que tienen el control del Estado y cuyas políticas sólo están dirigidas a provocar mayor deterioro de la vida institucional de la nación.
Mientras tanto, las candidaturas independientes ya son una realidad que están avaladas por una sentencia que tiene el carácter vinculante y de lo irrevocablemente juzgado.
De lo que se trata ahora es de establecer las regulaciones que son propias del régimen legal, pero estas nunca pueden vulnerar el derecho, valor y principio de igualdad, porque entonces el país se colocaría en una seudo constitución y un estado de derecho que sería una falsa.
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana