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La tanda extendida por sí sola no mejorará la educación
Los programas de tanda extendida y estancias infantiles por sí solos no producen una mejora en la calidad de los aprendizajes ni en el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales en los niños.
Según la economista de la división de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Diana Hincapié, el éxito de estos programas está condicionado a una mejor capacitación de los cuidadores y docentes que acompañan a los niños durante el tiempo de clases, en un contenido apropiado en las horas extras que faciliten el desarrollo de habilidades, así como una alimentación e instalaciones adecuadas.
“Lo que vemos que pasa en la región es que este tipo de programas tienen impactos relativamente pequeños y son programas bastante costosos”, resaltó la especialista, quien señala que la evidencia muestra que existen intervenciones más costo- efectivas, es decir, con impactos grandes a un costo relativamente bajo.
Según la experta y coautora del libro “Aprender Mejor: políticas públicas para el desarrollo de habilidades”, presentado en el país la semana pasada, la inversión que hace el Estado en primera infancia, como muchos otros países de la región de América Latina y el Caribe, es correcta, pero debe, no solamente enfocarse en aumentar la cobertura, sino en mejorar su calidad. “No es solamente construir centros de desarrollo infantil o nuevas escuelas. Si estas no son de calidad, de pronto pueden incluso impactar de manera negativa a los niños”.
Hincapié resaltó el éxito de los programas de crianza, mediante los cuales especialistas visitan los hogares y entrenan a los padres en el uso de materiales reciclados, disponibles en el propio hogar, para enseñar a sus hijos actividades lúdicas y educativas. Dicho programa, implementado por primera vez en Jamaica hace 20 años, consiguió que sus participantes alcanzaran mejores ingresos al llegar a adultez que aquellos que no participaron.
Otro programa exitoso es el de tecnología guiada, que pone a los niños en contacto con softwares especializados, acorde a su nivel de conocimiento que les permite reforzar los conocimientos adquiridos en la escuela. Igualmente, los planes de estudio para docentes, para que puedan preparar y estructurar sus clases de forma atractiva.
Ya en la adolescencia, la experta dice que la evidencia muestra que los programas que ofrecen becas o premios, contribuyen a combatir la deserción escolar, así como los que permiten a los jóvenes realizar prácticas cortas en empresas locales.
Priorizar el gasto en políticas costo-efectivas
Aunque dice que las habilidades pueden adquirirse en todo el ciclo de vida, Hincapié subraya que es en la primera infancia en donde la inversión resulta más rentable. Dijo que con el libro que examina las habilidades que aumentan la productividad de los individuos, el BID busca que los tomadores de decisiones conozcan los programas que podrían tener impactos grandes a un costo relativamente bajo y prioricen el gasto en políticas costo efectivas.
elcaribe.com.do
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.