Análisis Noticiosos
La Unión Tepito, el cártel chilango que se resiste a morir
Tras los últimos golpes, las autoridades plantean que la mafia se ha atomizado y perdido su poder; los investigadores independientes defienden que es un monstruo agazapado con mucho arraigo en los barrios trabajadores al que le queda aún vida
México.- Es un día festivo, de esos de la larga y cálida primavera mexicana que recuerdan mucho al bochorno veraniego. Ciudad de México celebra el aniversario de Benito Juárez. La gente se echa a los bares, los parques, el campo. En un restaurante de quesadillas a los pies del Ajusco, una familia festeja el cumpleaños de un niño. La policía acecha: creen que están ante una reunión secreta de los cabecillas de la Unión Tepito, el cártel chilango que hizo suya la capital a base de sangre y extorsión. Contra su pronóstico, no es una cumbre criminal, solo un pícnic en familia.
Eduardo Ramírez, El Chori, al que los informes de inteligencia sitúan como el nuevo cabecilla de la Unión Tepito, está pasando el día sin su seguridad personal en un área recreativa del Ajusco. La policía espera, paciente: hay demasiada gente, corren el riesgo de que se desate un tiroteo que afecte a víctimas civiles. La familia termina de comer, se monta en el coche, pone rumbo a Ciudad de México. Los agentes intervienen en un punto entre la montaña y el parque de atracciones Six Flags.
Cuando lo detienen, El Chori llora. Él, hombre violento y temido en las calles del barrio bravo de Tepito; acusado de asesinato y pertenencia a una organización criminal; sospechoso de desaparecer a su novia, de la que nadie ha vuelto a saber nada desde 2019; uno de los cabecillas más crueles de la Unión, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, se echa a llorar cuando la policía le echa el guante. Dice que se han equivocado de persona, que él importa zapatillas desde Panamá, que solo es un comerciante apegado a la ley. Los agentes no pestañean. Han agarrado a su presa.
Complicidad desde niños
El Chori, asegura la misma fuente, es un hombre extremadamente violento que se ha hecho un nombre a base de golpes, palizas, torturas, asesinatos, mutilaciones, extorsiones. Un repertorio alejado del de un comerciante de calzado. En el masivo mercado de Tepito, núcleo duro del cártel, le temen. Cuando la mafia lo envia a cobrar una extorsión, están mandando un mensaje: peligro, el asunto es grave, mejor no te atrases en tus pagos o ya te la sabes.
Las autoridades de la capital aseguran que la Unión Tepito es en estos días un cártel atomizado, dividido entre células independientes, sin un liderazgo claro. “Todos quieren subir, todos se sienten líderes”, explica la fuente. Aun así, son muy peligrosos, dice. En seis meses, cualquiera de sus cabecillas puede ascender en el escalafón criminal y hacerse fuerte. La estrategia policial es detenerlos antes de que eso ocurra, cortar las cabezas que sobresalgan en la organización. Pocos días después de la caída de El Chori, el sábado, la policía arrestó a otro lugarteniente de la Unión, José Mauricio Hernández Gasca, El Tomate, un escalón por debajo de El Chori en la jerarquía del grupo.
En sus 14 años como cronista de sucesos de la capital, el periodista Antonio Nieto ha cubierto más de 100 muertos relacionados con la Unión a pie de calle. Después de más de una década de investigación publicó El cártel chilango: Origen, poder y saña de la Unión Tepito (Grijalbo, 2020), la radiografía más completa que existe sobre ellos. El reportero discrepa con la policía. Cree que la versión oficial sobre la atomización de la mafia es un “relato simplista”.
“Es una mala interpretación de los medios y los organismos policiacos. Es cierto que el cártel ha perdido nivel de organización: si agarras las partes fuertes de un mismo cuerpo, claro que pega al sistema. Como una suerte de Al Qaeda o una organización terrorista, [la Unión] se divide en células, pero no están en confrontación. Nunca he documentado un solo caso en el que estas células se hayan querido matar por el poder”, afirma Nieto.
El periodista cree que las autoridades tienden a dar menos importancia a la Unión de la que en realidad tiene. Para él es un cártel en toda regla, con conexiones con otros grupos criminales a nivel nacional e internacional. Su fuerza, desarrolla, reside en una suerte de lealtad primitiva que pesa más que las luchas de poder. Son amigos del barrio que han crecido juntos y se cubren las espaldas: “Tienen complicidad desde niños, es difícil que esos lazos se rompan”.
—¿Y no es ese también un relato simplista?
—Sí, pero aquí la cuestión es que ese historial que tienen hace que conozcan a sus familias, conozcan exactamente de qué pie cojeas, dónde están tus hijos, tu amante, tu abuelo, tu mamá, so pena de que los acribillen. Aunque suena un poco a película de ficción, es algo que ha quedado documentado.
Historia de una unión
Hay un nombre protagonista en los comienzos: Pancho Cayagua. En 2009, Cayagua junta a un grupo de jóvenes del barrio y crea una especie de compañía de seguridad que protege a los comercios y clientes del mercado de Tepito contra la extorsión. Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, escindido del Cártel de los Beltrán Leyva tras la captura del capo Arturo Beltrán Leyva, intenta crear su propia organización y penetrar en el barrio bravo. Los chavales de Cayagua frenan a La Barbie. En ese primer momento, llevan unas camisetas rojas, una suerte de uniforme casero, en las que se lee “Unión Tepito”.
Poco tiempo después, ese grupo creado para proteger al barrio contra la extorsión, obliga a todos los comercios a pagarles por la “seguridad”. Ahí empieza el negocio más rentable de la Unión, el derecho de piso. Ya no son solo chicos de Tepito: Cayagua atrae a policías y federales corruptos que se unen a sus filas, “todo lo que estaba mal en la policía”, resume la fuente. Se hacen grandes, poderosos, sanguinarios, diversifican sus negocios. En 2013, masacran a 13 jóvenes en la discoteca Heavens, en el corazón de la ciudad. Otro nombre empieza a sonar: El Betito.
Policías decomisan armas, mariguana y precursores de drogas sintéticas de la Unión en la alcaldía Cuauhtémoc, en octubre de 2019.
ARMANDO MONROY (CUARTOSCURO)
En 2017, en uno de los primeros grandes golpes contra la Unión, una organización rival acribilla a Cayagua. Unos 15 jóvenes del grupo original se organizan y dan un paso al frente. Se autodenominan “hermanitos”, “la hermandad”, ilustra Nieto. Como en las viejas mafias italianas, son capitanes: una jerarquía “estructurada de manera horizontal” en la que solo un nombre sobresale por encima del resto, el único jefe real: Roberto Moyado Esparza, El Betito.
Pocos años antes, El Betito era franelero y cuidaba coches en el barrio, dice la fuente conocedora de la investigación. Nieto añade que pertenecía a una banda de robo de camionetas blindadas y tenía un abultado historial delictivo. Caguaya contrata a él y a otros chicos para ser el grupo de choque de la Unión. Se hacen conocidos por su brutalidad: asesinatos, secuestros, descuartizaciones.
Tras la muerte de Cayagua, El Betito da el paso al frente. En 2018, la Unión sube los decibelios. Un día de septiembre, cinco sicarios disfrazados de mariachis irrumpen en la plaza Garibaldi, templo de la música popular chilanga, y en seis segundos acribillan a 13 personas. Seis mueren. Iban a por el líder de un grupo rival, Fuerza Antiunión. El Betito llevaba unas semanas detenido, pero pocos dudaron de que su mano estaba detrás de la masacre. Lleva desde entonces en una cárcel federal. Para Nieto, él es el verdadero capo de la Unión, a pesar de estar entre rejas.
Una imagen de Roberto Moyado Esparza, El Betito, en una conferencia de prensa tras su captura, en 2018.GALO CAÑAS RODRÍGUEZ (CUARTOSCURO)
Nieto tampoco cree que El Chori fuera el líder actual, sino Alberto Fuentes Castro, El Elvis: “El capitán de mayor jerarquía es El Elvis, que siempre estuvo más arriba que El Chori en el mundo criminal. Ni siquiera hay una foto suya: la foto que ha distribuido la Fiscalía es falsa, esa persona no es él. Te das cuenta del nivel de mafioso que tiene: han pasado 14 años de la fundacion de la Unión Tepito y ni los medios ni las autoridades tienen una foto suya”.
Con El Betito, el cártel se mete de lleno en el narcotráfico. Consiguen un distribuidor de cocaína en Colombia, que descarga el material en el sureste mexicano, pero cuando detienen al capo, pierden la conexión. Su principal negocio sigue siendo la extorsión —entre 4.000 y 5.000 pesos por semana a cada comercio, de acuerdo con la fuente—, pero El Betito quiere expandirse, abarcar toda la ciudad: va a los bares y antros de la Roma, la Condesa, Polanco, Coyoacán, se “asocia” con los dueños: coloca a uno de sus hombres vendiendo su producto en el baño. Si alguien consume droga de fuera, paliza. La corrupción policial les echa un cable. Todos se lucran.
Perfil bajo, extorsión y arraigo en los barrios
Venden coca, pero también lo que llaman “droga de boutique”: marihuana hidropónica, tutsi (un polvo rosa que lo revienta entre los consumidores adinerados). Otros cárteles de fuera, como Sinaloa o Jalisco Nueva Generación (CJNG), intentan penetrar en la ciudad, pero la Unión se hace fuerte en su feudo. “Una mafia urbana se comporta muy distinto a un grupo no prioritariamente urbano. Cuando grandes grupos como el CJNG o Sinaloa se inmiscuyen en áreas urbanas bajan el perfil. La Unión está imbuida en el monstruo urbano, toma otras formas delictivas que le permiten consolidar su presencia pero no ser necesariamente visibles”, apunta Rodrigo Peña, investigador del Colegio de México experto en las dinámicas criminales de la capital, que cree que la Unión Tepito se mantiene como el grupo “más dominante” en Ciudad de México.
Peña menciona otros factores que han ayudado a la Unión a conservar su poder: “La gentrificación que ha ocurrido en el barrio tiene que ver con una forma distinta de entender el mercado, y ahí participa también el grupo criminal: ya no se roba, ya no se secuestra, pero sí sabemos que la extorsión ha aumentado”. El cobro de piso, para el investigador, es el principal recurso de los de Tepito: “Es fundamental, se convierte en una especie de dispositivo político: les permite marcar presencia, construir una identidad de grupo, consolidar una idea de territorialidad que para los grupos criminales suele ser muy importante, y les da un perfil relativamente bajo”. En la capital, recuerda Peña, hay una “gran bajada de los delitos de alto impacto (en el caso homicidios hay un debate importante), pero uno de los pocos delitos que ha subido es la extorsión por este tipo de prácticas”.
Entonces, ¿es la Unión Tepito un grupo en decadencia y atomizado, como defienden las autoridades, o un monstruo en la sombra que conserva su fuerza? “Ahora está en ese punto suspensivo de quedarse clavado en su zona de comfort, pero lastimosamente para las autoridades y la ciudadanía, una vez que se agazapó, no parece haber un final agarren a quien agarren. Le cortan una cabeza a la hidra y le salen otras. No parece que a corto plazo podamos presumir el fin de la Unión”, considera Nieto.
El periodista añade otro factor: muchos adolescentes que crecen en colonias trabajadoras como la Morelos, la Guerrero o la Santa María la Ribera aspiran a ser de la Unión. “Un pedazo de la cultura barrial de la subcultura en Ciudad de México está pegada a este grupo delictivo. Esto hace que tengan mucha carne de cañón, que tengan muchos soldados. Es muy difícil que la autoridad pueda arrancar eso de cuajo”.
elpais.com
Análisis Noticiosos
El Caribe lleva la delantera en legislación contra el plástico en América Latina.
Legislar contra el plástico en América Latina: el Caribe lleva la delantera y Centroamérica se queda atrás
Bogotá.-El plástico es uno de los materiales más ubicuos de nuestra sociedad. Está en los celulares, en la ropa y en los empaques en los que llegan los domicilios. Es tanta su ubicuidad que, en forma de microplásticos, también se ha identificado en el hígado, el intestino y el cerebro humano, y en la fosa de las Marianas, a 6.800 metros de profundidad en el océano Pacífico. La relación con el plástico encaja perfectamente en lo que es una “relación tóxica”: contamina ecosistemas terrestres y marinos, afecta la salud humana y, pese a esto, en 2023, según la Organización de las Naciones Unidas, su producción mundial alcanzó los 436 millones de toneladas métricas.
A pesar de la evidencia, no hemos podido terminar esa relación. En 2025, casi cuatro años después de que los países acordasen crear un tratado global contra la contaminación por plástico, las negociaciones entraron en un paréntesis: se suspendieron en agosto y Luis Vayas-Valdivieso, el ecuatoriano que las presidía, renunció. El 7 de febrero de 2026, tras una votación en Ginebra (Suiza), el cargo volvió a quedar en manos de un latinoamericano: en las del chileno Julio Cordano, director de la División de Medio Ambiente de la Cancillería y de quien, se espera, le pueda dar un nuevo aire a las negociaciones. “Tenemos el reto de lograr consensos que sean realistas, pero ambiciosos, algo crucial para el éxito del acuerdo”, señaló en un comunicado Cornado tras ser elegido.
“La lucha contra los plásticos ha sido una con un sello latinoamericano desde el origen”, comenta Alberto Quesada, experto internacional en contaminación marina y gestión de residuos plásticos, y que ha participado como observador de las negociaciones desde su inicio. “Perú, de la mano de Ruanda, fue la que presentó la resolución para el tratado”. De forma más lenta de lo que requiere la emergencia —una que se empezó a anunciar desde los años 60—, los países de América Latina y el Caribe también han creado leyes para regular el plástico, una necesaria carrera en la que las islas del gran Caribe van liderando.
Caribe a la vanguardia, Centroamérica atrás
La avalancha de plásticos no es ajena a América Latina y el Caribe. En los años 80, el consumo promedio anual por habitante era de 7 kilogramos, pero actualmente alcanzó los 35. Aunque es una cifra por debajo del promedio global (50 kilogramos), las proyecciones indican que, si no cambian las tendencias, en dos décadas será de entre 60 y 80 kilogramos. Los cálculos son de la Alianza Global de Alternativas a la Incineración (GAIA) y Break Free From Plastics (BFFP), organizaciones que también hicieron el ejercicio de rastrear si los países de la región tienen alguna ley o marco que los regule.
De 34 países –y para mediados de 2025–, 23 tenían alguna legislación nacional específica, tres contaban con normas departamentales o estatales, y solo siete (el 20%) estaban en blanco. Pero si se tiene en cuenta el reciente decreto federal de Brasil que, entre otras cosas, exige un contenido mínimo de material reciclado en envases de plástico, empezando porque sea del 22% desde 2026 y aumente gradualmente a 2040, el número de países con legislación actual es de 24. Mientras en el Caribe todos los países han aprobado alguna normal nacional, en Centroamérica y México solo lo han hecho el 38% y, en Sudamérica, un 50%.
Legislación contra los plásticos en América Latina y el Caribe
En el Caribe, por estar conformado de islas, donde el mar es cercano, el exceso de plásticos evidente, y el cambio climático golpea fuerte (el petróleo es la principal materia prima para la fabricación de la mayoría de plásticos), los países han sabido actuar más pronto. Como recuerda Quesada, en 2007 se convirtieron en uno de los primeros lugares en crear un plan regional sobre basura marina. Pocos años después, en 2012, Haití fue pionero en el subcontinente al prohibir ciertos productos plásticos de un solo uso, aunque, como señala el reporte, “la puesta en práctica de la legislación enfrenta desafíos significativos”. Con diversas leyes, además, Antigua y Barbuda dio la parada para hacer las normas más estrictas. Desde 2018 prohibió los recipientes de poliestireno expandido (conocido como icopor, unicel, telgopor y plumavit), así como los plásticos de un solo uso. Algo que no han logrado muchos.
En América Latina y el Caribe, los productos que más se han prohibido son las bolsas plásticas (88%), las pajillas, popotes o pitillos (63%), el poliestireno expandido (51%) y los contenedores de alimentos (43%).
Prohibición específica de productos plásticos en América Latina y el Caribe
Adméas, a través de metodologías que se han realizado para otros artículos científicos, el trabajo de Rodríguez apunta que, en la región, la producción primaria de resinas plásticas se concentra casi en su totalidad en cinco países asociados a la existencia de la industria petrolera: Brasil, México, Argentina, Colombia y Venezuela. Hacerle trazabilidad a la botella de plástico que llega a nuestras manos no es fácil: tiene varias materias primas y no hay transparencia desde los sectores en decir desde dónde vienen los insumos. Esa falta de información pública se suma a la lista de por qué no hemos sido capaces de cortar la relación con los plásticos.
elpais.com
Análisis Noticiosos
La jurisdicción contenciosa administrativa, una caricatura del sistema de justicia.
Por José Cabral.
En una sociedad como la dominicana, donde los antivalores aparecen en todos los escenarios, fruto de una herencia histórico- cultural fundamentada en el caudillismo, el machismo, el patriarcado, el amiguismo, entre otras distorsiones, es lo que explica que el país haya caído en dictaduras férreas como las de Pedro Santana, Ulises Heureaux (Lilí y la de Rafael Leónidas Trujillo Molina.
Esta vocación dictatorial todavía perdura en muchos dominicanos, ya que, aunque se salió de esos gobiernos violadores de derechos humanos fundamentales, pero aún perdura la tendencia en el país, máxime cuando una persona adquiere cierta autooridad a través de la administración pública, la inclinación por las arbitrariedades que provienen del poder.
Entonces, a partir de esa premisa se puede decir que la jurisdicción contenciosa administrativa juega un papel de primer orden en el sistema de justicia nacional, porque tiene la sagrada misión de juzgar a la administración frente a los abusos que se cometen en contra del administrado.
Los avances en esta rama del derecho que se observan en los textos de las leyes 13-07 y 107-13, las cuales son una continuación de lo que consignan los artículos 164 y 167 de la Constitución de la Republica, no parecen que jueguen su papel en el marco del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país desde el año 2010.
La jurisdicción contenciosa administrativa parece que se ha quedado estacionaria en lo que disponía la Ley 1494 de que a través de ella la administración se juzgaba a sí misma, mediante la llamada justicia tenida, ya que sus sentencias son una especie de bochorno y evitan que el ciudadano pueda recurrir en contra de la conducta abusiva del funcionario público.
Las sentencias de los jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa son la principal frustración y negación del proceso de constitucionalización del derecho, cuyas ponderaciones dejan mucho que desear y son decepcionantes para que el administrado logre sobreponerse a los atropellos de la administración que ya no encajan en el contexto del neo-constitucionalismo.
Naturalmente, hay que decir que el fenómeno no es exclusivo de la jurisdicción contenciosa administrativa, sino de todo el sistema de justicia, en el que se observa que se producen graves violaciones a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, así como de principios como el de celeridad procesal, el plazo razonable que devienen en justicia tardía, que no es otra cosa que denegación de justicia.
Todo este cuadro dice claramente que en el país todavía no se ha superado la denominada constitución de fachada, es decir, que la misma es muy bonita en el papel, pero que la práctica es una negación de ella, lo cual deja muy mal parada a la democracia nacional.
Sin embargo, hay que ratificar que lo que se observa en la jurisdicción contenciosa administrativa llena de vergüenza a los que de alguna manera abogan por una mejor administración de justicia, cuyas principales decisiones casi siempre terminan en nulidad mediante los recursos de revisión en esta materia elevados ante el Tribunal Constitucional (TC)
Lo interesante de las debilidades que se observan en todo el sistema de justicia es que en los discursos de los que lo representan, como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el país camina tan bien en esta materia que habría que compararlo con las naciones donde el estado de derecho tiene un real y contundente empoderamiento.
¿Percepción o realidad?
Por José Cabral
En la República Dominicana se estila hablar de que en el país se ha avanzado en lo referente al Estado Social Democrático de Derecho, lo cual sólo existe en la cabeza de los que se la pasan proyectando una percepción que nada tiene que ver con la realidad.
Puede decirse que el proceso de constitucionalización del derecho se produce en el papel, pero no en la realidad, lo que crea una serie de incertidumbres en la sociedad.
La jurisdicción contenciosa administrativa es una que no hay forma de que tenga un desempeño en función de una buena administración de justicia, porque si el funcionario público incurre en graves violaciones de los derechos fundamentales, peor pasa con los jueces de la misma, quienes no hay forma de que demuestren que se manejan en función del impacto de los valores y principios constitucionales en sus decisiones, lo cual es definitivamente una negación de los supuestos avances en esta materia.
Las sentencias de la jurisdicción contenciosa administrativa son una especie de caja de resonancia de los pedidos en sus conclusiones de la Procuraduría General Administrativa, cuyos contrasentidos jurídicos son el pan de cada día en las audiencias de sus diferentes salas, lo que impacta negativamente al ciudadano.
Por el momento quiero reproducir una carta enviada al presidente del Tribunal Superior Administrativa ante una decisión tomada en virtud de la solicitud de una medida cautelar frente a los abusos que comete la empresa Distribuidora del Norte (EDENORTE) en contra de los usuarios.
Sin embargo, la falta de razonabilidad y racionalidad de los jueces del Tribunal Superior Administrativo (TSA), principalmente de su presidente, causa más indignación que los atropellos que comete el órgano del Estado que maneja la referida empresa.
A continuación reproduzco la carta enviada al presidente del TSA a propósito de su sentencia mediante la cual niega una medida cautelar, cuyo razonamiento, aparte de ridículo, revela hasta donde en el país se cuenta con una Constitución de fachada, cuyo respeto a los derechos fundamentales sólo existe en el texto, pero no en la realidad.
Señor
Magistrado Diomedes Y. Villalona G.
Presidente del Tribunal Superior Administrativo
Magistrado Villalona:
La presente es para dejar sentada mi indignación por la reiteración de decisiones que dejan muy mal parada a la jurisdicción contenciosa administrativa en la República Dominicana, cuyo desempeño deja mucho que desear, a pesar de que se enarbola que su base de sustentación es el nuevo constitucionalismo que se rige por valores y principios.
El mejor ejemplo de que la jurisdicción contenciosa administrativa se maneja con un nivel de razonabilidad y de racionalidad que no supera lo que ocurre en los juzgados de paz o tribunales inferiores, donde las decisiones son generalmente muy superficiales y carentes de una aceptable ponderación, es la sentencia emitida y que genera la presente comunicación.
La última joya del presidente del Tribunal Superior Administrativo ante los abusos cometidos por la Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE), la cual ha incurrido en una serie de atropellos que revelan que los derechos de los consumidores y de los administrados están en manos de juzgadores que sólo sirven como caja de resonancia de los funcionarios públicos que actúan al margen de la Ley 13-07 y de la 107-13, así como de la 1494, ya que su misión no parece ser otra que imponer una carga procesal y económica que se agrava cuando finalmente se emite un fallo carente de toda lógica jurídica en detrimento del impetrante y en favor del impetrado..
En este sentido, he querido dejar sentado mi rechazo al comportamiento y el daño que genera esta jurisdicción contenciosa administrativa en detrimento de un buen derecho, de una buena administración de justicia, que deteriora la imagen del sistema de justicia en la República Dominicana, dado que en el fallo se establece qué tan grande es su falta de razonabilidad al negar una medida cautelar en virtud de un corte del servicio de electricidad que lleva varios meses bajo el argumento de que no se aportaron pruebas de que el recurrente no tiene el referido servicio, pese a que la propia ley ofrece la respuesta al respecto.
Cómo se puede entender semejante decisión, ya que es un contrasentido que el recurrente diga que se le cortó arbitrariamente el servicio de energía eléctrica y que mediante la medida cautelar solicite la reconexión del mismo, pero que, en un choque con cualquier razonamiento lógico, máxime cuando la parte recurrida no ha invocado lo contrario de lo alegado por el cliente, el tribunal niegue el pedido sustentándose en que no se aportaron las pruebas al respecto, sobre todo cuando el órgano se niega a entregar documentos que comprometan su irresponsabilidad e ilegalidad.
La realidad es que ese desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa es una vergüenza ante el proclamado empoderamiento del neoconstitucionalismo, que se basa en la aplicación de valores y principios que van de las manos con los derechos humanos fundamentales.
La decisión tomada en torno a la medida cautelar es una especie de anuncio anticipado de que el recurso que tiene que ver con el fondo también será fallado en contra, en razón de que, como digo más arriba, la decisión tomada deja muy claro que las acciones de cualquier administrado es un esfuerzo perdido por los criterios con que se maneja la jurisdicción contenciosa administrativa en el país, convirtiéndose en una vergüenza para el derecho comparado, interamericano e internacional.
El mejor consejo para cualquier administrado abusado por la administración es desistir de buscar justicia en la jurisdicción contenciosa administrativa por representar una vergüenza para el sistema de justicia nacional, ya que como lo dije más arriba sus decisiones están determinadas por los contrasentidos jurídicos que invoca generalmente la Procuraduría General Administrativa, cuyos procesos para lo único que sirven es para aumentar la carga procesal y costos económicos en desfavor del ciudadano a través de notificaciones arbitrarias y abusivas.
Este desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa, la cual todavía está estacionaria en la llamada justicia retenida, mediante la cual la administración se juzga a sí misma y cuyos jueces eran designados por el Poder Ejecutivo, igual que el que preside la Procuraduría General Administrativa, llena de vergüenza a cualquier buen dominicano, dado que se supone que el Tribunal Superior Administrativa está bajo el control y la tutela de la Suprema Corte de Justicia en virtud del mandato de la Ley 13-07.
Evidentemente que la decisión de negar la medida cautelar tiene el propósito de condenar al fracaso la demanda principal en razón de que impone que el recurrente tenga que negociar con EDENORTE para restablecer el servicio y de ese modo disponer la inadmisibilidad de la misma por existir un acuerdo que deja sin sentido el pedido principal de la parte recurrente que, entre otras cosas, busca una indemnización por los daños morales y materiales causados.
No está de más recordar que el artículo 22 de la Ley 107-13 sobre Derechos de las Personas ante la Administración y el derecho a la defensa establece que la administración debe probar sus alegatos. El procedimiento sancionador obliga a la administración a sustentar la validez de sus actos y pruebas, además que existe la carga de la prueba que en los procedimientos sancionadores la administración pública tiene la obligación de probar los hechos que fundamentan sus decisiones contra un ciudadano en función del principio de legalidad, ya que el funcionario público está limitado por las normas de procedimiento y la Constitución, no pudiendo actuar sin sustento probatorio, ya que la presunción de validez no es absoluta. Otro principio violado por la jurisdicción contenciosa administrativa es el de celeridad, consignado en el artículo 19 de la Ley 107-13, en cuya virtud las actuaciones administrativas se realizarán optimizando el uso del tiempo, resolviendo los procedimientos en plazo razonable que, en todo caso, no podrá superar los dos meses a contar desde la presentación de la solicitud en el órgano correspondiente, salvo que la legislación sectorial indique un plazo mayor. En especial, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los efectos de que los procedimientos se tramiten con diligencia y sin dilaciones injustificadas, de manera escrita o a través de técnicas y medios electrónicos. La medida cautelar solicitada por el impetrante fue fallada en contra de lo que dispone al articulo 7 de la Ley 13-07, Orgánica del Tribunal Superior Administrativo, la cual se conoció el 16 de diciembre y fue fallada el 22 de enero, pese a que se habla de cinco días después de la celebrada la audiencia en la que las partes plantean sus conclusiones, principalmente cuando hay una afectación mayor, porque el recurrente no tiene servicio de energía eléctrica y que en consecuencia todas las labores comerciales y empresariales están paralizadas y la reactivación está determinada por el fallo de la misma.
Este es un ejemplo de que en el país existe una Constitución de fachada que niega los supuestos avances y fortalecimiento del Estado Social Democrático de Derecho, lo cual es una explicación de que República Dominicana es una sociedad que vive más de la percepción que de la realidad.
Sin otro particular,
José Antonio Cabral Salcedo.