Análisis Noticiosos
La Unión Tepito, el cártel chilango que se resiste a morir
Tras los últimos golpes, las autoridades plantean que la mafia se ha atomizado y perdido su poder; los investigadores independientes defienden que es un monstruo agazapado con mucho arraigo en los barrios trabajadores al que le queda aún vida
México.- Es un día festivo, de esos de la larga y cálida primavera mexicana que recuerdan mucho al bochorno veraniego. Ciudad de México celebra el aniversario de Benito Juárez. La gente se echa a los bares, los parques, el campo. En un restaurante de quesadillas a los pies del Ajusco, una familia festeja el cumpleaños de un niño. La policía acecha: creen que están ante una reunión secreta de los cabecillas de la Unión Tepito, el cártel chilango que hizo suya la capital a base de sangre y extorsión. Contra su pronóstico, no es una cumbre criminal, solo un pícnic en familia.
Eduardo Ramírez, El Chori, al que los informes de inteligencia sitúan como el nuevo cabecilla de la Unión Tepito, está pasando el día sin su seguridad personal en un área recreativa del Ajusco. La policía espera, paciente: hay demasiada gente, corren el riesgo de que se desate un tiroteo que afecte a víctimas civiles. La familia termina de comer, se monta en el coche, pone rumbo a Ciudad de México. Los agentes intervienen en un punto entre la montaña y el parque de atracciones Six Flags.
Cuando lo detienen, El Chori llora. Él, hombre violento y temido en las calles del barrio bravo de Tepito; acusado de asesinato y pertenencia a una organización criminal; sospechoso de desaparecer a su novia, de la que nadie ha vuelto a saber nada desde 2019; uno de los cabecillas más crueles de la Unión, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, se echa a llorar cuando la policía le echa el guante. Dice que se han equivocado de persona, que él importa zapatillas desde Panamá, que solo es un comerciante apegado a la ley. Los agentes no pestañean. Han agarrado a su presa.
Complicidad desde niños
El Chori, asegura la misma fuente, es un hombre extremadamente violento que se ha hecho un nombre a base de golpes, palizas, torturas, asesinatos, mutilaciones, extorsiones. Un repertorio alejado del de un comerciante de calzado. En el masivo mercado de Tepito, núcleo duro del cártel, le temen. Cuando la mafia lo envia a cobrar una extorsión, están mandando un mensaje: peligro, el asunto es grave, mejor no te atrases en tus pagos o ya te la sabes.
Las autoridades de la capital aseguran que la Unión Tepito es en estos días un cártel atomizado, dividido entre células independientes, sin un liderazgo claro. “Todos quieren subir, todos se sienten líderes”, explica la fuente. Aun así, son muy peligrosos, dice. En seis meses, cualquiera de sus cabecillas puede ascender en el escalafón criminal y hacerse fuerte. La estrategia policial es detenerlos antes de que eso ocurra, cortar las cabezas que sobresalgan en la organización. Pocos días después de la caída de El Chori, el sábado, la policía arrestó a otro lugarteniente de la Unión, José Mauricio Hernández Gasca, El Tomate, un escalón por debajo de El Chori en la jerarquía del grupo.
En sus 14 años como cronista de sucesos de la capital, el periodista Antonio Nieto ha cubierto más de 100 muertos relacionados con la Unión a pie de calle. Después de más de una década de investigación publicó El cártel chilango: Origen, poder y saña de la Unión Tepito (Grijalbo, 2020), la radiografía más completa que existe sobre ellos. El reportero discrepa con la policía. Cree que la versión oficial sobre la atomización de la mafia es un “relato simplista”.
“Es una mala interpretación de los medios y los organismos policiacos. Es cierto que el cártel ha perdido nivel de organización: si agarras las partes fuertes de un mismo cuerpo, claro que pega al sistema. Como una suerte de Al Qaeda o una organización terrorista, [la Unión] se divide en células, pero no están en confrontación. Nunca he documentado un solo caso en el que estas células se hayan querido matar por el poder”, afirma Nieto.
El periodista cree que las autoridades tienden a dar menos importancia a la Unión de la que en realidad tiene. Para él es un cártel en toda regla, con conexiones con otros grupos criminales a nivel nacional e internacional. Su fuerza, desarrolla, reside en una suerte de lealtad primitiva que pesa más que las luchas de poder. Son amigos del barrio que han crecido juntos y se cubren las espaldas: “Tienen complicidad desde niños, es difícil que esos lazos se rompan”.
—¿Y no es ese también un relato simplista?
—Sí, pero aquí la cuestión es que ese historial que tienen hace que conozcan a sus familias, conozcan exactamente de qué pie cojeas, dónde están tus hijos, tu amante, tu abuelo, tu mamá, so pena de que los acribillen. Aunque suena un poco a película de ficción, es algo que ha quedado documentado.
Historia de una unión
Hay un nombre protagonista en los comienzos: Pancho Cayagua. En 2009, Cayagua junta a un grupo de jóvenes del barrio y crea una especie de compañía de seguridad que protege a los comercios y clientes del mercado de Tepito contra la extorsión. Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, escindido del Cártel de los Beltrán Leyva tras la captura del capo Arturo Beltrán Leyva, intenta crear su propia organización y penetrar en el barrio bravo. Los chavales de Cayagua frenan a La Barbie. En ese primer momento, llevan unas camisetas rojas, una suerte de uniforme casero, en las que se lee “Unión Tepito”.
Poco tiempo después, ese grupo creado para proteger al barrio contra la extorsión, obliga a todos los comercios a pagarles por la “seguridad”. Ahí empieza el negocio más rentable de la Unión, el derecho de piso. Ya no son solo chicos de Tepito: Cayagua atrae a policías y federales corruptos que se unen a sus filas, “todo lo que estaba mal en la policía”, resume la fuente. Se hacen grandes, poderosos, sanguinarios, diversifican sus negocios. En 2013, masacran a 13 jóvenes en la discoteca Heavens, en el corazón de la ciudad. Otro nombre empieza a sonar: El Betito.
Policías decomisan armas, mariguana y precursores de drogas sintéticas de la Unión en la alcaldía Cuauhtémoc, en octubre de 2019.
ARMANDO MONROY (CUARTOSCURO)
En 2017, en uno de los primeros grandes golpes contra la Unión, una organización rival acribilla a Cayagua. Unos 15 jóvenes del grupo original se organizan y dan un paso al frente. Se autodenominan “hermanitos”, “la hermandad”, ilustra Nieto. Como en las viejas mafias italianas, son capitanes: una jerarquía “estructurada de manera horizontal” en la que solo un nombre sobresale por encima del resto, el único jefe real: Roberto Moyado Esparza, El Betito.
Pocos años antes, El Betito era franelero y cuidaba coches en el barrio, dice la fuente conocedora de la investigación. Nieto añade que pertenecía a una banda de robo de camionetas blindadas y tenía un abultado historial delictivo. Caguaya contrata a él y a otros chicos para ser el grupo de choque de la Unión. Se hacen conocidos por su brutalidad: asesinatos, secuestros, descuartizaciones.
Tras la muerte de Cayagua, El Betito da el paso al frente. En 2018, la Unión sube los decibelios. Un día de septiembre, cinco sicarios disfrazados de mariachis irrumpen en la plaza Garibaldi, templo de la música popular chilanga, y en seis segundos acribillan a 13 personas. Seis mueren. Iban a por el líder de un grupo rival, Fuerza Antiunión. El Betito llevaba unas semanas detenido, pero pocos dudaron de que su mano estaba detrás de la masacre. Lleva desde entonces en una cárcel federal. Para Nieto, él es el verdadero capo de la Unión, a pesar de estar entre rejas.
Una imagen de Roberto Moyado Esparza, El Betito, en una conferencia de prensa tras su captura, en 2018.GALO CAÑAS RODRÍGUEZ (CUARTOSCURO)
Nieto tampoco cree que El Chori fuera el líder actual, sino Alberto Fuentes Castro, El Elvis: “El capitán de mayor jerarquía es El Elvis, que siempre estuvo más arriba que El Chori en el mundo criminal. Ni siquiera hay una foto suya: la foto que ha distribuido la Fiscalía es falsa, esa persona no es él. Te das cuenta del nivel de mafioso que tiene: han pasado 14 años de la fundacion de la Unión Tepito y ni los medios ni las autoridades tienen una foto suya”.
Con El Betito, el cártel se mete de lleno en el narcotráfico. Consiguen un distribuidor de cocaína en Colombia, que descarga el material en el sureste mexicano, pero cuando detienen al capo, pierden la conexión. Su principal negocio sigue siendo la extorsión —entre 4.000 y 5.000 pesos por semana a cada comercio, de acuerdo con la fuente—, pero El Betito quiere expandirse, abarcar toda la ciudad: va a los bares y antros de la Roma, la Condesa, Polanco, Coyoacán, se “asocia” con los dueños: coloca a uno de sus hombres vendiendo su producto en el baño. Si alguien consume droga de fuera, paliza. La corrupción policial les echa un cable. Todos se lucran.
Perfil bajo, extorsión y arraigo en los barrios
Venden coca, pero también lo que llaman “droga de boutique”: marihuana hidropónica, tutsi (un polvo rosa que lo revienta entre los consumidores adinerados). Otros cárteles de fuera, como Sinaloa o Jalisco Nueva Generación (CJNG), intentan penetrar en la ciudad, pero la Unión se hace fuerte en su feudo. “Una mafia urbana se comporta muy distinto a un grupo no prioritariamente urbano. Cuando grandes grupos como el CJNG o Sinaloa se inmiscuyen en áreas urbanas bajan el perfil. La Unión está imbuida en el monstruo urbano, toma otras formas delictivas que le permiten consolidar su presencia pero no ser necesariamente visibles”, apunta Rodrigo Peña, investigador del Colegio de México experto en las dinámicas criminales de la capital, que cree que la Unión Tepito se mantiene como el grupo “más dominante” en Ciudad de México.
Peña menciona otros factores que han ayudado a la Unión a conservar su poder: “La gentrificación que ha ocurrido en el barrio tiene que ver con una forma distinta de entender el mercado, y ahí participa también el grupo criminal: ya no se roba, ya no se secuestra, pero sí sabemos que la extorsión ha aumentado”. El cobro de piso, para el investigador, es el principal recurso de los de Tepito: “Es fundamental, se convierte en una especie de dispositivo político: les permite marcar presencia, construir una identidad de grupo, consolidar una idea de territorialidad que para los grupos criminales suele ser muy importante, y les da un perfil relativamente bajo”. En la capital, recuerda Peña, hay una “gran bajada de los delitos de alto impacto (en el caso homicidios hay un debate importante), pero uno de los pocos delitos que ha subido es la extorsión por este tipo de prácticas”.
Entonces, ¿es la Unión Tepito un grupo en decadencia y atomizado, como defienden las autoridades, o un monstruo en la sombra que conserva su fuerza? “Ahora está en ese punto suspensivo de quedarse clavado en su zona de comfort, pero lastimosamente para las autoridades y la ciudadanía, una vez que se agazapó, no parece haber un final agarren a quien agarren. Le cortan una cabeza a la hidra y le salen otras. No parece que a corto plazo podamos presumir el fin de la Unión”, considera Nieto.
El periodista añade otro factor: muchos adolescentes que crecen en colonias trabajadoras como la Morelos, la Guerrero o la Santa María la Ribera aspiran a ser de la Unión. “Un pedazo de la cultura barrial de la subcultura en Ciudad de México está pegada a este grupo delictivo. Esto hace que tengan mucha carne de cañón, que tengan muchos soldados. Es muy difícil que la autoridad pueda arrancar eso de cuajo”.
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Análisis Noticiosos
La necesidad de un nuevo objetivo de financiamiento climático para América Latina y el Caribe
Los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por la exportación de combustibles fósiles que por enfrentar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad
Por años el cambio climático ha representado una grave amenaza para América Latina y el Caribe. Sin embargo, los retos para atenderlo se han ido acrecentando con el tiempo. Pese a los intentos de varios países para hacerle frente, persisten desafíos para desacoplar sus economías de actividades contaminantes. Así, mientras algunos países profundizan su dependencia a los combustibles fósiles, otros sufren las consecuencias de los impactos negativos de la crisis climática.
De acuerdo con el Índice de Finanzas Sostenibles 2024 (IFS) del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, existe una gran brecha entre los ingresos generados por actividades intensivas en carbono y aquellos destinados a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. En conjunto, los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por actividades relacionadas con la exportación de combustibles fósiles que por temas asociados a la conservación de la naturaleza. Además, destinan 12 veces más recursos a proyectos para la producción de combustibles fósiles que a iniciativas que a las segundas dos iniciativas.
Este desequilibrio refleja la histórica dependencia de la región en sectores como la minería, el petróleo, el carbón y el gas, aunque también representa una oportunidad para reorientar los flujos financieros. Hay que reconocer que la transición a economías bajas en carbono no solo es una cuestión de mitigación del cambio climático, sino también de adaptación, de protección de la naturaleza y de competitividad económica a largo plazo.
A nivel nacional los países de América Latina y el Caribe deben acelerar su transición hacia finanzas más sostenibles. La dependencia económica de las actividades en carbono no solo ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos climáticos internacionales, sino que también exponen a la región a los devastadores impactos del cambio climático, como los desastres naturales y las migraciones forzadas.
El IFS 2024 subraya la urgencia de un cambio radical en la asignación de recursos. Actualmente, la mayoría de los países de la región destinan menos del 1% de sus presupuestos a proyectos que ayudarán a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. El Salvador es una de las pocas excepciones, destinando más del 3% de su presupuesto a iniciativas climáticas y sostenibles, pero muchos otros países permanecen rezagados, lo que limita su capacidad para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.
La tarea no es sólo de los países de la región. Es muy importante que a nivel internacional se tengan compromisos de financiamiento, como la creación de un nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento climático que ayude a los países a financiar acciones urgentes. Este, se ha repetido, no solo debe estar enfocado en la adaptación, sino darse mediante financiamiento público en forma de donaciones para evitar el aumento de los niveles de deuda de los países. Se trata de un nuevo objetivo que se aprobará en la COP29 que se desarrollará en Bakú y que será crítico para incentivar a los países de la región a avanzar hacia finanzas más sostenibles.
La nueva meta de financiamiento climático debe tomar en cuenta estas necesidades y prioridades de los países de la región, como del resto de los países en desarrollo. No debe ser solo un número, aunque sí debe considerar que las necesidades están valuadas en millones de millones de dólares, y ya no solo en miles de millones de dólares. Pero, además, se deben tomar en cuenta aspectos de carácter cualitativo, como mejorar el acceso a dicho financiamiento.
Si bien no hay ningún país que haya logrado armonizar sus finanzas para hacerlas completamente sostenibles, lo cierto es que hay países que han tenido que incrementar sus inversiones públicas en la atención de las pérdidas y los daños causados por el cambio climático, como ha sucedido en países de Centroamérica. Dos ejemplos son el ya citado caso de El Salvador, y el de Guatemala, que presenta una puntuación de 2,6 de 4 puntos en la clasificación de finanzas sostenibles. Esto se debe a que Guatemala ha asignado 35 veces más recursos a actividades que permitirán combatir el cambio climático que a actividades intensivas en carbono; y a que es un país que no depende de la industria fósil para alimentar su economía. No obstante, también presenta retos de acceso a financiamiento climático internacional.
Otros países como Honduras, Jamaica y Panamá también han logrado progresos en cuanto a su asignación de presupuesto público en materia de cambio climático. Esto no quiere decir que no enfrentan retos de acceso a financiamiento internacional, lo que también limita su capacidad de implementación de sus compromisos climáticos adquiridos a nivel internacional.
Brasil y México, las economías más grandes de la región, se encuentran en una posición crítica dentro del contexto de las finanzas sostenibles. Según el IFS 2024, ambos países han obtenido medias y bajas puntuaciones: Brasil, con 2,1 puntos, y México con 1,3 puntos. Estos resultados reflejan una disparidad entre sus ingresos y egresos por actividades intensivas en carbono y el financiamiento asociado a la atención del cambio climático.
En 2023, Brasil generó 33 veces más ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono que por fuentes de financiamiento climático internacional, y destinó 1,5 veces más presupuesto a actividades contaminantes que a iniciativas sostenibles. México, por su parte, se enfrenta a una situación más compleja: generó 57 veces más ingresos por actividades intensivas en carbono, mientras que destinó 28 veces más recursos a sectores contaminantes que para atender el cambio climático.
A pesar de estos desafíos, tanto Brasil como México tienen la oportunidad de liderar un cambio crucial en la región. Debido a su peso económico y su influencia política, ambos países podrían movilizar capital de manera significativa hacia proyectos sostenibles, creando un efecto multiplicador que inspire a otras naciones de la región a seguir el mismo camino. Para lograrlo, es fundamental que alineen sus políticas fiscales con los compromisos climáticos internacionales. Esto implica incentivar el desarrollo de energías renovables y mejorar la eficiencia energética, al tiempo que desincentivan las actividades que perpetúan la emisión de contaminantes.
Los países de la región tienen una oportunidad única de liderar la transición global hacia la sostenibilidad, lo que implicará transformaciones nacionales y apoyo internacional. Por ello, el nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento es crítico para apoyar el aumento de la ambición de acciones climáticas, tanto de mitigación como de adaptación. Para la región es urgente que se apruebe este nuevo objetivo en la COP 29 y seguir impulsando las transformaciones necesarias a nivel nacional. No hay tiempo que perder. Sin meta no hay planeta.
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Un estudio revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones -2.500 millones de dólares- respaldan al sector de la soja, del azúcar y el ganadero a través de préstamos a bajo interés
Bogotá.-Cuando habla de deforestación en Bolivia, Matthew Hansen, científico y docente especializado en el mapeo del cambio de cobertura terrestre, define al país como “el lejano oeste” y los datos lo corroboran. Desde 2001 hasta 2022, Bolivia perdió 3,73 millones de hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa 51% de su pérdida total de cobertura arbórea. A pesar de que es uno de los países con mayor superficie de bosques primarios, también es el tercero de la región que más rápido la está perdiendo. Desde la pandemia, cada año ha ido rompiendo el lamentable récord del desmantelamiento. Y sólo en 2023, el país había perdido un 27% más de bosque que en 2022. La creciente presencia ganadera, los monocultivos y las políticas del Gobierno parecen subrayar lo que para muchos es ya una realidad: la deforestación vino para quedarse. Con todas estas cifras en mente, Stasiek Czaplicki Cabezas, periodista de datos y economista ambiental, se hizo una pregunta: ¿Quién financia esta devastación ambiental? Tres años de investigación después revelaron una parte de la respuesta: los ahorros de los bolivianos.
“Si América Latina fuera un salón de clase, los peores alumnos serían Bolivia y Brasil, la diferencia es que Brasil sí tiene políticas públicas. En Bolivia, el Gobierno está aprobando medidas que apoyan el sector agropecuario”, explica Czaplicki, el autor del estudio Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación, realizado en colaboración con Alianza por la Solidaridad / Actionaid Bolivia y publicado a finales de agosto. Este informe revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones bolivianos, una suma de 2.569 millones de dólares, están financiando los sectores de la soja, el azúcar y la ganadería, los principales responsables de la deforestación en el país. Este monto equivale a casi el triple de la inversión realizada en 2024 a las universidades públicas del país.
Esta cifra, según cuenta el autor, es el resultado de una compleja red de inversiones directas e indirectas a través de la banca y fondos de inversión cerrados (FICs) que terminan financiando los principales sectores que generan la destrucción ecosistémica. “Estos préstamos que les dan no consideran el destino de esos fondos y sus implicaciones socio-ecológicas”, lamenta por teléfono.
Hace años que a Czaplicki le llamaban la atención las supuestas crisis del sector de la soja, así que decidió hacerle seguimiento a esas cuentas. “Hice lo que se conoce como ‘follow de money’ (seguir el dinero). Empecé a encontrar cosas sospechosas, pagos de impuestos muy bajos, utilidades casi inexistentes… ¿Entonces dónde está el negocio?”, se preguntó. “Me di cuenta de que hay dos mecanismos para hacer dinero en el agronegocio. El primero es la especulación comercial de la tierra en la que desmontas el terreno y lo revendes, pero no es tan común. Y la segunda, la especulación financiera. Tener tierras activas para conseguir préstamos. De ahí sale la principal ganancia del agro en Bolivia”.
En la última década, la participación de estos préstamos en la cartera bancaria nacional ha escalado del 11,7% al 18,2%, en un contexto donde el volumen total de créditos se ha cuadruplicado. Paralelamente, los fondos de pensiones han experimentado un crecimiento similar, con la obligación de invertir mayoritariamente en el sector formal boliviano, que representa apenas el 18% de la economía del país. “En otras palabras, a medida que los créditos bancarios e inversiones de los fondos de pensiones aumentaron, también creció la proporción y el volumen destinado al agronegocio”, dice.
Hay tres cosas que le preocupan seriamente al respecto. “Por un lado, lo ético. Ya que los fondos de pensión, siendo ahorros para el futuro, están siendo usados para destrozar los ecosistemas del futuro. Después, está el ámbito económico porque promueven la inequidad. Y por último, es que los fondos de pensiones sirven para alimentar la banca y el sector. Lo peor es que la gente ni lo imagina”, reconoce. De acuerdo con encuestas de WWF que coordinó el autor del estudio, entre el 45 y 55% de la poblacion entre los 18 y los 45 años de La Paz y Santa Cruz no concibe que la ganadería pueda generar deforestación.
Para Czaplicki, economista ambiental, otro de los puntos clave de la investigación es la concentración del capital. En el sector soyero, por ejemplo, sólo ocho empresas reciben el 63% de los créditos bancarios, mayoritariamente en pesos bolivianos y a tasas de interés anual máximas de 6% y, en general, mucho menores. “Esta concentración genera un endeudamiento cuestionable e incrementa el riesgo del sistema bancario y de nuestras pensiones”, critica.
Pese a estas facilidades de financiación, estos sectores son intervenidos y apoyados a menudo, según el estudio. El ejemplo más reciente fue la creación de un fondo público de unos 300 millones de dólares de apoyo a los productores de soja y palma a un 0,5% de interés anual. “Estas condiciones en comparación con las de los préstamos sociales son muy diferentes. Para la vivienda social, el interés anual está entre el 5,5 y el 6,5%”.
La deforestación no la generan (sólo) los incendios
El experto lamenta que siga existiendo una fuerte estigmatización alrededor de las comunidades indígenas y campesinas vinculada a la deforestación. Estas comunidades suelen usar quemas controladas para sus cosechas. Si bien algunas de ellas se han descontrolado y han causado daños en los ecosistemas, al ser estos muy visibles, la percepción boliviana es que son los principales responsables del desmantelamiento. Sin embargo, el 88% de la conversión de bosques es producto de una deforestación planificada y ejecutada, en gran medida, con maquinaria pesada, sin incendios.
Es por ello que el economista cree que hay que informar más y mejor a la población. “Como sociedad tenemos que exigir una mayor transparencia y empujar la desinversión de actividades de sectores extractivos de las pensiones”, dice. “El problema es que no hay muchos otros sectores donde invertir, tenemos que replantear el presente y el futuro. Estamos hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras”.
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Las autoridades mexicanas reconocen que han ratificado esta herramienta de financiamiento en un entorno de incertidumbre e inestabilidad de los mercados financieros
México .-El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ratificado su línea de crédito flexible a México por 35.000 millones de dólares. El financiamiento, a dos años, fue otorgado al país en 2023 y, ahora, es su evaluación a medio término, el organismo multilateral ha resaltado que el país mantiene los requisitos necesarios para acceder, en caso de que lo requiera a este fondeo. Las autoridades mexicanas han explicado que ante un entorno de riesgos externos y volatilidad han decidido mantener esta herramienta de financiamiento activa. “El entorno externo sigue presentando incertidumbre y riesgos. Entre ellos destacan los derivados de la dinámica de la economía global y de la volatilidad en los mercados financieros. Esta medida refuerza la posición del país frente a escenarios de volatilidad internacional”, indicaron por escrito. La Línea de Crédito Flexible es un instrumento disponible a algunos países del mundo que les permite fortalecer sus reservas y atender choques inesperados.
La Comisión de Cambios, integrada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, han informado este viernes que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder a los recursos disponibles a través de este instrumento, en caso de requerirlo y sin condicionalidad por parte del FMI. “Las autoridades refrendan su compromiso con políticas macroeconómicas prudentes que contribuyan a la estabilidad financiera y al crecimiento económico sostenible e incluyente”, añaden.
El organismo admite que México tiene un historial sostenido en la implementación de políticas macroeconómicas sólidas y sigue contando con fundamentos económicos y marcos de política institucional muy fuertes; un nivel de reservas internacionales adecuado; un historial de acceso a los mercados de capitales en condiciones favorables y finanzas públicas sanas. Además, de un marco de política monetaria y cambiario sólido y un sistema financiero bien capitalizado que se mantiene sólido frente a los riesgos sistémicos del sector financiero.
Entre los riesgos y desafíos, el FMI, advierte de que se espera que el crecimiento económico del país se modere aún más en 2025, debido a la retirada del estímulo fiscal de este año y a la continua restricción monetaria. Se necesita una consolidación fiscal anticipada, respaldada por medidas creíbles y bien identificadas, para reducir la deuda pública a lo largo del tiempo y proporcionar un margen de maniobra en caso de shocks negativos. “Existe una necesidad crítica de fortalecer la gobernanza, combatir la corrupción y el delito, mejorar la infraestructura física y movilizar el ahorro privado para financiar inversiones privadas”, sugiere.
El monto del financiamiento renovado en esta ocasión es igual al de 2023, sin embargo, desde 2018, México ha venido reduciendo la línea de crédito con el FMI. En 2018, México decidió recortar la línea de 88.000 millones de dólares a 74.000 millones de dólares. Esta línea de crédito internacional es un instrumento de carácter precautorio frente a condiciones externas adversas que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa las herramientas de las autoridades mexicanas para preservar la estabilidad económica y financiera.
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