Editorial
La Violación de la Constitución y la Ley Socaba la Institucionalidad.
El combate de la corrupción en todas sus vertientes, pública y privada, pero principalmente administrativa, parece que podría sentar un interesante precedente en la sociedad y el Estado dominicanos.
El caso Anti-Pulpo, la Operación Coral, entre otras, que desarrolla el Ministerio Público, se dirigen a sentar ese precedente que hace tanta falta en el país y que al propio tiempo fortalece la nación institucionalmente.
Los actos de corrupción son una consecuencia de la falta de institucionalidad que ha permitido el desarrollo de una cultura de impunidad que por el camino que iba el fenómeno se tragaría el país.
Sin embargo, la escogencia de un Ministerio Público independiente, todo como resultado del empoderamiento ciudadano, principalmente gracias a las redes sociales, proyecta una realidad muy diferente para la nación.
No está de más repetir que la República Dominicana ha sido tan golpeada por la corrupción, tanto pública como privada, que en el país se podrían construir varias naciones del mismo tamaño y tal vez mejores que la que tenemos ahora mismo con el dinero que se va por ese camino.
Pero el combate de este flagelo por lo menos renueva las esperanzas de que las cosas se manejen de otro modo y que prevalezca en el país el respeto al ordenamiento jurídico para bien de todos.
En tal virtud, se impone que los órganos que tienen la competencia para hacerlo inicien en lo inmediato una minuciosamente investigación al respecto sobre la denuncia de que todos los diputados del exterior y algunos otros escogidos en el territorio nacional, incluidos senadores, violan los artículos 79 y 82 de la Constitución de la República.
Este asunto, que no persigue quitarle la ciudadanía y los derechos al dominicano que vive en el exterior, principalmente en los Estados Unidos, porque también es constitucional que así sea, es decir, que mantenga la doble nacionalidad, sólo busca que se respete la ley de leyes por parte de todo el que quiera a aspirar a un cargo electivo de diputado o senador de la República.
Si en realidad el nuevo Pleno de la Junta Central Electoral quiere contribuir con que las cosas se hagan bien en este país desde ahora tiene la responsabilidad de solicitarles a las autoridades de los Estados Unidos quién es o quién no es ciudadano de esa nación y que en la actualidad ocupa una curul en el Congreso Nacional.
No interesarse por el tema es hacerle un flaco servicio a la nación y tolerar y en cierto modo promover la violación de la Constitución de la República en un tema tan delicado como el de la ciudadanía que está íntimamente ligado a un problema de seguridad nacional.
La denuncia está planteada sólo falta que sea asumida por el Pleno de la Junta Central Electoral que por lo menos en días recientes sancionó y expulsó a los funcionarios de ese órgano que habían cometido irregularidades precisamente con el tema electoral en las comunidades del exterior.
La denuncia está hecha
El presidente Luis Abinader ha hecho un gobierno dependiente casi totalmente del endeudamiento público, cuya falta de planificación estratégica lo convierte en una víctima de esta peligrosa vía.
Su desenfrenada política de endeudamiento es una forma de irse por lo más fácil, siempre a partir de los ejemplos de países de la zona que también se apoyan en una opción que si no hay calidad del gasto sumerge la nación en una situación insostenible.
De acuerdo a economistas nacionales que se manejan al margen del partidarismo político, consideran que ya el país tiene comprometido de sus ingresos alrededor de un 72 o 74 por ciento.
Es decir, es una situación de coger más préstamos para cumplir con los ya asumidos, lo cual crea un circulo vicioso en la economía que conlleva grandes sacrificios para los dominicanos.
Ahora mismo el país se encamina a un endeudamiento público, tanto interno como externo, realmente insostenible, pero el peligro no para porque el Poder Ejecutivo sigue con un reforzamiento irracional de esa vía.
El Congreso Nacional no para de aprobar préstamos, lo cual ya ha preocupado hasta a los propios legisladores oficialistas, cuyo último en pronunciarse fue Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
Evidentemente que no se miden las consecuencias de un endeudamiento público insostenible, máxime sin una reforma fiscal integral y que sea más progresiva que regresiva.
Parece que el Gobierno ha armado su propia trampa, la cual no luce que pueda ser superada, porque la escogencia de la vía más fácil del endeudamiento que procurar aumentar la producción nacional y en consecuencia mejorar los niveles de las exportaciones el país se inclina por lo más peligroso.
El dominicano es bueno que entienda que así como resultada de peligroso un gobierno corrupto, igual ocurre cuando el mismo también es incapaz, porque es un riesgo doble, porque si bien una cosa es mala la otra todavía es peor.
Ojos pelaos.
Que nadie crea que con la pretendida reforma fiscal sólo ha quedado desenmascarado Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, sino toda la clase política nacional.
Porque los que ahora simulan que la rechazan han intentado lo mismo en ocasiones anteriores.
En torno a la propuesta fiscal hay que meter en el mismo saco a todos los actores de la política partidista nacional.
En realidad, no hay diferencias entre unos y otros, porque peledeístas, perremeístas y los que conforman la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández no tienen ningún tipo de remordimiento cuando se trata de castigar al pueblo dominicano.
Que nadie se llame a engaños de que la flexibilización de los abusos contra la clase media y los más pobres va a cesar en el país.
El dispendio continuará a través de las llamadas «botellas», las cuales, para decir verdad, son difíciles de erradicar.
Pero lo que sí ha quedado demostrado es que si la gente reacciona puede detener los abusos en su contra.
Ahora falta ver cuál será el camino que escogerá el gobierno, pero ojalá que no sea la continuación del desbocado endeudamiento externo para cubrir el déficit y continuar con un gasto público de muy poca calidad
La carga impositiva, sobre todo la informal, sigue ahí vigente, principalmente con la intensificación de los apagones, lo que conlleva dotarse de inversores y plantas eléctricas.
El Poder Ejecutivo acaba de someter al Congreso Nacional la tan esperada reforma fiscal, la cual parece tener algunas bondades, pero que no queda claro qué se persigue con la misma, porque no alcanza ni para cubrir el déficit fiscal que tiene el país desde hace varias décadas que lo sumerge en un endeudamiento peligroso.
Es como buscarle una solución a media al problema, porque a pesar de que sólo se busca recaudar 122 mil millones de pesos con la misma, nadie sabe cuál es la respuesta ante un déficit fiscal que representa más del doble de esa suma.
El meta-mensaje de la reforma fiscal es que el Gobierno de Luis Abinader parece estar enamorado del endeudamiento externo, porque esa reforma tributaria no conduce a otro camino que a buscar más dinero prestado.
Pero eso no es todo, porque el Gobierno habla de una mayor inversión social con un déficit fiscal que duplica la suma que se busca recaudar.
Lo otro es que no se han eliminado todas las exenciones que atrofia la economía nacional, cuyos principales beneficiarios son sectores que sólo buscan alimentarse personal y empresarialmente de los recursos públicos.
Son preguntas que el presidente Luis Abinader debe responderles a los amplios sectores de la vida nacional que se niegan a someterse a mayores sacrificios con resultados insatisfactorios.
A las actuales autoridades nacionales y también a las pasadas se les enrostra que adolecen de lo que se podría definir como una cultura nacional, que no es otra cosa que la carencia de planificación estratégica.
Todo es al azar, cuya debilidad ha exhibido el actual Gobierno hasta más no poder y la reforma fiscal, aunque tenga sus bondades o consideraciones hacia el ciudadano, adolece de debilidades que tienen que ser explicadas.
Es importante que esta reforma fiscal se rija por los principios tributarios de legalidad, equidad y transparencia, porque de lo contrario los resultados podrían ser muy dolorosos para la sociedad dominicana.
La suerte está echada y sólo se espera que por lo menos en este caso haya un manejo idóneo y sensato para que no ocurra lo que se produjo en otras ocasiones, que la reforma fiscal ha significado un profundo dolor de cabeza para todos y cada uno de los dominicanos.