El combate de la corrupción en todas sus vertientes, pública y privada, pero principalmente administrativa, parece que podría sentar un interesante precedente en la sociedad y el Estado dominicanos.
El caso Anti-Pulpo, la Operación Coral, entre otras, que desarrolla el Ministerio Público, se dirigen a sentar ese precedente que hace tanta falta en el país y que al propio tiempo fortalece la nación institucionalmente.
Los actos de corrupción son una consecuencia de la falta de institucionalidad que ha permitido el desarrollo de una cultura de impunidad que por el camino que iba el fenómeno se tragaría el país.
Sin embargo, la escogencia de un Ministerio Público independiente, todo como resultado del empoderamiento ciudadano, principalmente gracias a las redes sociales, proyecta una realidad muy diferente para la nación.
No está de más repetir que la República Dominicana ha sido tan golpeada por la corrupción, tanto pública como privada, que en el país se podrían construir varias naciones del mismo tamaño y tal vez mejores que la que tenemos ahora mismo con el dinero que se va por ese camino.
Pero el combate de este flagelo por lo menos renueva las esperanzas de que las cosas se manejen de otro modo y que prevalezca en el país el respeto al ordenamiento jurídico para bien de todos.
En tal virtud, se impone que los órganos que tienen la competencia para hacerlo inicien en lo inmediato una minuciosamente investigación al respecto sobre la denuncia de que todos los diputados del exterior y algunos otros escogidos en el territorio nacional, incluidos senadores, violan los artículos 79 y 82 de la Constitución de la República.
Este asunto, que no persigue quitarle la ciudadanía y los derechos al dominicano que vive en el exterior, principalmente en los Estados Unidos, porque también es constitucional que así sea, es decir, que mantenga la doble nacionalidad, sólo busca que se respete la ley de leyes por parte de todo el que quiera a aspirar a un cargo electivo de diputado o senador de la República.
Si en realidad el nuevo Pleno de la Junta Central Electoral quiere contribuir con que las cosas se hagan bien en este país desde ahora tiene la responsabilidad de solicitarles a las autoridades de los Estados Unidos quién es o quién no es ciudadano de esa nación y que en la actualidad ocupa una curul en el Congreso Nacional.
No interesarse por el tema es hacerle un flaco servicio a la nación y tolerar y en cierto modo promover la violación de la Constitución de la República en un tema tan delicado como el de la ciudadanía que está íntimamente ligado a un problema de seguridad nacional.
La denuncia está planteada sólo falta que sea asumida por el Pleno de la Junta Central Electoral que por lo menos en días recientes sancionó y expulsó a los funcionarios de ese órgano que habían cometido irregularidades precisamente con el tema electoral en las comunidades del exterior.
La denuncia está hecha