Editorial
La Violación de la Constitución y la Ley Socaba la Institucionalidad.
El combate de la corrupción en todas sus vertientes, pública y privada, pero principalmente administrativa, parece que podría sentar un interesante precedente en la sociedad y el Estado dominicanos.
El caso Anti-Pulpo, la Operación Coral, entre otras, que desarrolla el Ministerio Público, se dirigen a sentar ese precedente que hace tanta falta en el país y que al propio tiempo fortalece la nación institucionalmente.
Los actos de corrupción son una consecuencia de la falta de institucionalidad que ha permitido el desarrollo de una cultura de impunidad que por el camino que iba el fenómeno se tragaría el país.
Sin embargo, la escogencia de un Ministerio Público independiente, todo como resultado del empoderamiento ciudadano, principalmente gracias a las redes sociales, proyecta una realidad muy diferente para la nación.
No está de más repetir que la República Dominicana ha sido tan golpeada por la corrupción, tanto pública como privada, que en el país se podrían construir varias naciones del mismo tamaño y tal vez mejores que la que tenemos ahora mismo con el dinero que se va por ese camino.
Pero el combate de este flagelo por lo menos renueva las esperanzas de que las cosas se manejen de otro modo y que prevalezca en el país el respeto al ordenamiento jurídico para bien de todos.
En tal virtud, se impone que los órganos que tienen la competencia para hacerlo inicien en lo inmediato una minuciosamente investigación al respecto sobre la denuncia de que todos los diputados del exterior y algunos otros escogidos en el territorio nacional, incluidos senadores, violan los artículos 79 y 82 de la Constitución de la República.
Este asunto, que no persigue quitarle la ciudadanía y los derechos al dominicano que vive en el exterior, principalmente en los Estados Unidos, porque también es constitucional que así sea, es decir, que mantenga la doble nacionalidad, sólo busca que se respete la ley de leyes por parte de todo el que quiera a aspirar a un cargo electivo de diputado o senador de la República.
Si en realidad el nuevo Pleno de la Junta Central Electoral quiere contribuir con que las cosas se hagan bien en este país desde ahora tiene la responsabilidad de solicitarles a las autoridades de los Estados Unidos quién es o quién no es ciudadano de esa nación y que en la actualidad ocupa una curul en el Congreso Nacional.
No interesarse por el tema es hacerle un flaco servicio a la nación y tolerar y en cierto modo promover la violación de la Constitución de la República en un tema tan delicado como el de la ciudadanía que está íntimamente ligado a un problema de seguridad nacional.
La denuncia está planteada sólo falta que sea asumida por el Pleno de la Junta Central Electoral que por lo menos en días recientes sancionó y expulsó a los funcionarios de ese órgano que habían cometido irregularidades precisamente con el tema electoral en las comunidades del exterior.
La denuncia está hecha
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana