Análisis Noticiosos
Abuelas caminaron en tierra quemada para evitar que jóvenes fueran violadas
El conflicto ha provocado una huida masiva a países como Sudán del Sur. Allí, en pueblos fronterizos como Atham, algunas mujeres vuelven a sus hogares a recuperar bienes que abandonaron. Pero el viaje lo hacen las mayores para evitar que las chicas sufran agresiones sexuales
Atham, Sudán del Sur .-Halima Hamed, de 25 años, y Nema Musa, de 22, se tocan primero el pecho, luego las costillas y finalmente la cadera. Primero con las manos, después con los dedos. Pechos, costillas, cadera. Así manosean los paramilitares a las chicas jóvenes que huyen la guerra en Sudán. A ellas no les pasó nada, pero saben que esto ocurre muy a menudo durante el trayecto. “A veces, [los milicianos de las Fuerzas de Apoyo Rápido] paran los autobuses, hacen bajar solo a las más jóvenes y se las llevan”, explica Hamed desde el centro de tránsito de Renk, en Sudán del Sur. “Algunas vuelven, pero a otras no las vemos más”, añade.
La guerra, que esta semana ha cumplido dos años, ha devastado el país y provocado el desplazamiento forzado de más de 12,9 millones de personas, de las cuales 3,8 millones han huido fuera de Sudán, según datos de marzo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Sudán del Sur es uno de los países receptores de personas desplazadas y el pueblo de Atham, situado a cinco kilómetros de la frontera con Sudán, se ha convertido en uno de los principales destinos.
Bout está a cinco horas a pie de Atham, lo suficientemente cerca para volver, aunque sea una vez, a buscar lo que tuvieron que abandonar de manera precipitada. Es por esto que una treintena de mujeres ancianas del pueblo, que ahora están refugiadas en Atham, se organizaron cuando la situación mejoró para volver todas juntas a Sudán y ver qué había quedado de sus recuerdos, propiedades y, sobre todo, del sorgo que habían cultivado. Fueron ellas, las más mayores, las que hicieron el trayecto de vuelta para proteger a sus nietas, bisnietas e hijas. Los milicianos prefieren a las jóvenes. “Yo tengo miedo de volver porque a las más jóvenes nos violan y nos hacen sus esclavas”, dice Al Nur.
El buma o alcalde de Atham, Diing Aguer Chol, explica que el día anterior “unos militares rescataron a una chica que había sido violada por las RSF justo cerca de la frontera”. Cordula Haeffner, trabajadora de Médicos Sin Fronteras en el terreno, afirma que las mujeres sufren violencia sexual “en el lugar de origen, durante el trayecto y en el sitio de llegada”. De acuerdo con ONU Mujeres, en 2024 aumentó en un 288 % la demanda de servicios contra la violencia de género en Sudán, en comparación con los datos de 2023.
A las chicas jóvenes nos violan y a los chicos más jóvenes los rebeldes les dicen que, o se unen a ellos, o los matanNasrin Al Nur, refugiada sudanesa en Sudán del Sur
La violencia sexual es el fantasma que planea entre las mujeres sudanesas. Abdarahaman es consciente del riesgo, aunque, afortunadamente, nunca ha sufrido una agresión. Ella fue una de las mujeres que caminaron hacia Bout para ir a buscar comida y las pocas cosas que le quedaban, porque en Atham no hay alimentos ni ayuda internacional. “Solo volví una vez, vi mi casa quemada y el campo devastado. Me sentí desolada”, recuerda.
Aisha Malek, de 65 años, también formó parte del grupo de mujeres que hizo el camino. La mujer afirma que “no es seguro volver” y que no dejaría a su hija ir sola. Sentada en un camastro, recuerda su travesía. Detrás de ella hay dos colchones, uno rosa y otro azul. También un catre que consiguió recuperar de su antigua casa. Malek explica que pagó 5.000 libras sursudanesas (aproximadamente 1 euro en el mercado negro, el más común y accesible para la población) en un puesto de control de las Fuerzas de Apoyo Rápido para que le dejaran pasar. A la vuelta, trajo las pertenencias que pudo encontrar con la ayuda de un burro.
Violencia sexual como arma de guerra
“El sistema de violencia sexual que se está perpetuando como arma de guerra en Sudán, incluso contra los niños, es terrorífico”, afirmaron miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el pasado marzo. El último informe de Unicef publicado a principios del mes pasado hizo saltar todas las alarmas: desde el inicio de 2024 se habían documentado 221 violaciones contra niños, incluidos cuatro de solo un año de edad y otros 16 menores de cinco. Según el análisis, esta violencia sexual sucede durante la invasión de ciudades, mientras se huye del conflicto, durante detenciones, en el trayecto hacia otro país con una intención de explotación sexual, a cambio de alimentos u otros suministros esenciales y durante las actividades del día a día, como ir a buscar agua.
En febrero de este año, la organización Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa (SIHA) hizo una declaración en Ginebra delante del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) en la que afirmó que habían documentado 300 casos de violencia sexual en Sudán, de los cuales un 23,5% involucraban a niños. También denunciaron que hay 230 casos de desaparición forzada de mujeres que, temen, hayan sido sometidas a esclavitud sexual o matrimonio forzado. SIHA atribuye la mayoría de estos crímenes de guerra “sistemáticos y deliberados” a las RSF pero también al ejército sudanés que, aseguran, buscan “controlar y dominar las comunidades”.
Laetitia Bader, directora de Human Rights Watch (HRW) en África, afirmaba en un informe de 86 páginas en el que se describe la violencia sexual contra las mujeres en el conflicto de Sudán que “los grupos armados han aterrorizado a las mujeres y a las niñas, y que las dos partes han bloqueado la entrada de ayuda humanitaria, lo que está provocando que sientan que no hay un lugar seguro dónde ir”.
Falta de comida en Atham
Chol, el alcalde de Atham, explica que, antes de la guerra, el pueblo tenía 1.000 habitantes y ahora son más de 24.000. “Tenemos un grave problema de falta de comida”, subraya preocupado. La refugiada Nasrin Al Nur confía en la buena voluntad de los vecinos para su manutención. “No sé lo que voy a comer hoy”, admite. Su trabajo consiste en construir hornos de adobe para comerciar con ellos, aunque no siempre los logra vender. Tanto ella como su madre y sus hermanos han decidido quedarse en Sudán del Sur, a pesar de la incertidumbre que planea sobre el país tras la suspensión de las elecciones previstas a finales de 2024, una situación que pone en jaque la estabilidad de los acuerdos de paz firmados en 2018.
Sudán del Sur ha sufrido claramente los efectos colaterales de la guerra en Sudán después de que en enero de 2024 la exportación de crudo del país —que representa el 85% del Producto Interior Bruto—, se paralizara de la noche a la mañana debido a la inestabilidad. La moneda, que se sostiene por la entrada de petrodólares, perdió más de la mitad de su valor y el país se hundió en una crisis económica sin precedentes y una inflación del 600%.
Por ello, en Atham hay gente que hace las maletas. “Mi hija parió en casa porque no la quisieron atender en el hospital”, explica, enfadada, Mazaer Musa, una mujer sudanesa que vive en Atham. Delante de su casa, un camión con catres, ropa, muebles y cortinas la espera a ella y sus hijas para irse, quizá, dice, hasta Etiopía. “Claro que me da miedo, pero aquí no hay comida”, concluye.
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Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.